En el 2004 y dada la coyuntura de negociación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con CA y RD, conocido como CAFTA-RD, la Alianza Social Continental, la Alianza por el Comercio Responsable y el Bloque Popular Centroamericano publicaron su análisis crítico del documento oficial del TLC. Este documento se titulo “Por qué decimos NO” .
En el apartado No 3 de dicho posicionamiento, se abordó el tema del Capítulo 10, relativo a las Inversiones en el marco de CAFTA. Dicho capítulo, es una reproducción mejorada del Capitulo 11 de NAFTA y del fallido AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones) que hace una década fue sacado a la luz pública por periodistas cuando se fraguaba en silencio su aprobación en el marco de la OMC.
En pocas palabras, el posicionamiento de las redes sociales frente al Capítulo de Inversiones del TLC fue de rechazo al mismo, debido a que le daba al concepto de inversiones una definición demasiado amplia; incluía un tratamiento igualitario de las grandes transnacionales con las pequeñas y medianas empresas locales, lo que dejaba a las segundas en obvia desventaja; quitaba a los gobiernos toda posibilidad de regular las inversiones dando a las multinacionales la posibilidad de actuar contra aquellos gobiernos que intentaran hacerlo. También creaba la figura de la Expropiación Indirecta, la cual permitiría a las grandes multinacionales obtener compensaciones millonarias de los gobiernos y en los panales donde se dilucidarían las controversias, las multinacionales tenían de hecho el control de los mismos.
Como ejemplo, las redes sociales presentaron casos donde ya multinacionales habían obtenido millonarias compensaciones, entre ellos el caso de METALCLAD en México; en donde el gobierno de Guadalcázar, San Luis Potosí le negó a esta corporación el permiso de construcción de un basurero tóxico debido a la presión social y popular. Posteriormente la multinacional demandó bajo el Capítulo de Inversiones de NAFTA al Estado por expropiación indirecta, obteniendo una compensación por 16 millones de dólares.
Cuatro años después y ya en vigencia el CAFTA a pesar de la enorme resistencia popular; aquellos visionarios argumentos de resistencia tendrían como prueba histórica de su veracidad, un caso similar en El Salvador.
BATERIAS RECORD, EL METALCLAD SALVADOREÑO.
Durante muchos años, la empresa gozó de una cobertura favorable en los medios de comunicación conservadores: “El TLC de El Salvador con Estados Unidos, les permitirá trabajar con tranquilidad en los próximos años” y “Los estrictos controles de calidad a los que son sometidos los productos, han permito que los mercados internacionales les abran las puertas” Rezaba un reportaje en El Diario de Hoy el 26 de septiembre de 2005 donde se anunciaba el aumento vertiginoso y millonario de las ventas y las ganancias de Baterías RECORD.
Dos años después, la fábrica de Baterías Record fue cerrada el 24 de Septiembre de 2007 por la Unidad de Salud de Sitio del Niño, la localidad en donde funciona desde el año de 1994. Antes de esa fecha, la fábrica funcionaba en el populoso municipio de Soyapango, en donde la comunidad vecina aceleró su salida con protestas de todo tipo. El cierre en 2007 también respondió a una fuerte presión social de la comunidad que expuso públicamente los efectos de la masiva intoxicación por plomo especialmente en niños.
Pero varias fallas garrafales cometidas por el Ministerio de Salud en el procedimiento de cierre, así como la vigencia del CAFTA y del capítulo de inversiones, han abonado el camino para que Baterías Record (Baterías de El Salvador S.A. de C.V.) demande al Estado Salvadoreño por Expropiación Indirecta. La empresa anunció el pasado 29 de enero de 2008 a través de sendos reportajes, que pretenderán obtener la cifra de 50 millones de dólares.
El Ministro de Economía durante la administración de Francisco Flores, se trataba precisamente de Miguel Lacayo, Ex Presidente de Baterías Record, quien ostento el cargo hasta dos días antes de asumir su cargo en 1999 como Ministro. Sin embargo sus familiares continuaron siendo importantes socios de esta empresa, a pesar de la inclusión de accionistas extranjeros en 2006. En diciembre de 2000 una serie de reportajes en La Prensa Gráfica, lanzaron luz sobre la práctica de esta empresa de beneficiarse de la exención de impuestas otorgadas a componentes de baterías bajo la figura de salvaguardias, un recurso que se debe utilizar para importar sin impuestos productos en caso que lo amerite una emergencia nacional. Este funcionario fue también la principal figura del gobierno para imponer el CAFTA y por supuesto el Capítulo de Inversiones al cual ahora se amparará Baterías Record.
También es necesario mencionar que los Trabajadores de Baterías RECORD, formaron en enero de 2006 un sindicato motivados entre otras cosas por las fallas en la seguridad e higiene en el trabajo que provocaban el envenenamiento por plomo de los obreros. Este caso ha sido conocido bajo el código No 2514 en el Comité de Libertad Sindical de la OIT, ya que la empresa despidió a los fundadores del sindicato bajo presiones, amenazas y sobornos y posteriormente subcontrató a todos los obreros bajo 10 diferentes empresas de servicios, para que no existiera relación laboral directa con el personal, aunque laboraban dentro de las instalaciones de Baterías Record. Paradójicamente la empresa ahora argumenta que se causo daño a las personas que perdieron sus empleos con el cierre. Sin embargo, el Director del ISSS informó que las 10 sociedades subcontratistas no registraban a sus empleados en el Seguro Social por lo que ahora no pueden recibir bajo el ISSS el tratamiento de desintoxicación.
El caso es complejo e intrincado por las relaciones de poder, la protesta social, y por la tragedia de miles de personas que aunque reciban tratamiento, tendrán que vivir con los estragos causados por el plomo, los cuales son irreversibles. Sin embargo, bajo el CAFTA lo que se hará valer es el interés de Baterías Record como inversionista por haber sido afectado por el Estado. Paradójicamente también, en caso que Baterías RECORD gane el litigio bajo CAFTA (que es lo más seguro); quién tendría que pagar por el Estado Salvadoreño, será el nuevo gobierno que asumirá luego de las elecciones de marzo de 2009. Un gobierno que probablemente sea de izquierda, a diferencia del gobierno ultra conservador que negoció el Tratado de Libre Comercio. Debido a lo anterior conviene preguntarse si esto no explica las fallas en el procedimiento de cierre por parte del actual Ministerio de Salud. De todas maneras, quien de una u otra forma terminaría pagando será todo el pueblo salvadoreño, con sus impuestos y con su salud.
Finalmente y con la mirada en el futuro de nuevas negociaciones comerciales, especialmente de cara al Acuerdo de Asociación Comercial con la Unión Europea con Centroamérica, muchos sectores se decantan por afirmar que este tipo de acuerdos son de un carácter diferente a los TLC. Tristemente, la experiencia nos indica lo contrario. Al menos en el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones (APRI) que se firmo entre México y la Unión Europea en 1999, este otorga protecciones equivalente a las que provee el Capítulo 11 de NAFTA y al Capítulo 10 de CAFTA. Éste último, cubre por ahora con su manto de impunidad a Baterías RECORD.
Anexamos a este mensaje un reportaje completo del Caso de Baterías RECORD, publicado por la Revista Envío www.envio.org.ni de Managua, Nicaragua, en su edición de Noviembre 2007.
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El Salvador
Batiendo récords con la irresponsabilidad empresarial y gubernamental
El caso de la empresa Baterías de El Salvador, S.A. de C.V., que durante años ha envenenado con plomo a miles de personas, pone en entredicho la hoy tan publicitada estrategia de “responsabilidad empresarial”. Seguramente existen empresarios con la buena voluntad de preocuparse por “sus” trabajadores y por el planeta. Lo que no debemos permitir es que los trabajadores, las comunidades y el planeta dependan de la buena voluntad de los empresarios. Corresponde al Estado, a los gobiernos, la responsabilidad de garantizar el bienestar de la población.
Elaine Freedman
Según las evaluaciones de impacto del CAFTA-DR, las empresas salvadoreñas que gozan de los beneficios de este tratado de libre comercio son poquísimas. Baterías Record, legalmente constituida como Baterías de El Salvador, S.A. de C.V., la única empresa salvadoreña que fabrica baterías de autos, es una de ellas. Exporta un 85% de su producción al exterior y gozaba de la eliminación de aranceles aún antes de la firma del TLC con Estados Unidos. Esto le ha permitido a sus dueños, la familia Lacayo, y a sus asociados en esta empresa, ingresos por más de 60 millones de dólares al año.
PLOMO EN LA SANGRE
El 9 de marzo de 2005, miembros del Comité Ambiental de Sitio del Niño, en el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, denunciaron a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) que unas 7,250 personas que habitaban en seis comunidades de la zona estaban siendo afectadas por la contaminación que generaba la fábrica de Baterías de El Salvador, S.A. de C.V, conocida como Baterías Record.
Los materiales que utiliza esta empresa para la elaboración de las baterías, entre ellos plomo y ácido, son altamente tóxicos y muy nocivos para la salud humana. El hallazgo de grados de saturación de un 300% de plomo en las aguas residuales de la empresa, confirmado en el informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue una de las principales quejas que las comunidades aledañas a la fábrica -Nuevo Sitio, Joya de Cerén, Nueva Candelaria, Santa Fe, Prado II, Vía París y Vía Mónaco- presentaron a la institución gubernamental.
El plomo es un veneno que afecta gravemente la calidad de vida de las personas, su salud física y mental y el medio ambiente. Según la “Guía de Atención Clínica a Pacientes con Intoxicación por Plomo” del Ministerio de Salud de El Salvador, las fundiciones de plomo, la fabricación y desarmado de baterías para carros y la industria de la cerámica constituyen la principal fuente de intoxicación laboral en el país. El plomo en el aire puede depositarse en el suelo y el agua, desde donde llega al ser humano por vía de la cadena alimenticia y del agua bebida. La Organización Mundial de la Salud señala que una exposición continua al plomo, incluso a niveles relativamente bajos, puede tener efectos graves: anemia, posible desarrollo de leucemia, malestares y lesiones del sistema nervioso. Los niños son especialmente vulnerables a los efectos neurotoxológicos del plomo. Como consecuencia de una exposición a niveles relativamente bajos, pueden tener puntajes inferiores en pruebas de cociente intelectual, presentar discapacidades en el aprendizaje y manifestar comportamientos agresivos. “En determinadas circunstancias se observan casos de envenenamiento agudo en niños expuestos crónicamente, cuyos niveles de plomo en sangre son tan altos que menoscaban las funciones normales. Esos niños sufren jaquecas fuertes, náuseas y vómitos, dolores abdominales, letargo o hasta entran en coma. Los casos graves pueden desarrollar una encefalitis amenazadora que puede ser mortal o tener secuelas neurológicas irreversibles. Pero son más frecuentes los niveles bajos de exposición al plomo, cuyos efectos pueden ser signos y síntomas inespecíficos que no se someten a un diagnóstico”, dice la OMS.
HUMANOS, PLANTAS Y ANIMALES ENVENENADOS
La norma mundialmente aceptada para menores de edad es de 10 microgramos por decilitro de sangre. “Aceptada” significa que con esa cantidad se puede vivir, pero con los estragos que este metal puede causar en el cuerpo humano. Según la OMS, la cantidad de plomo en la sangre debería ser cero en el caso de niños y niñas. Ángela Ester Gómez Carrillo, actualmente de 11 años, fue diagnosticada con 11.76mg/dl en 2005. Dos años después, una prueba de su sangre registró la presencia de 52.46 mg/dl. Antes de ser tratada con quelantes -el medicamento indicado para contrarrestar los efectos del plomo- Ángela registró 72mg/dl. René Gómez, su papá, cuenta que no se enteró del último diagnóstico hasta que llevó a su hija al Hospital de San Rafael referida por la Unidad de Salud de su localidad. “El doctor nos dijo que si habíamos llegado preparados porque iban a hospitalizar a mi hija y al otro niño. A todo esto no sabíamos qué pasaba”, relató el papá, sin tener aún idea de lo que esa medida significaba.
Los agricultores y ganaderos de la zona comenzaron a preocuparse cuando sus vacas comenzaron a sufrir abortos repetidamente -sin índices de enfermedad; y sus cultivos aparecían, inexplicablemente, con síntomas de envenenamiento por plagas.
En 2007, un estudio realizado por el Ministerio de Salud en 358 pobladores del cantón Sitio del Niño, arrojó que 92 personas tenían plomo en la sangre. Según muchos, estos datos son muy conservadores. El Movimiento sin Plomo y organizaciones humanitarias consideran que 500 niños han resultado envenenados con plomo y que, por eso, demandarán por “negligencia” al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si no logran resolver la situación con las instancias nacionales.
EL RÉCORD DE LA EMPRESA
No es la primera vez que la empresa Baterías de El Salvador S.A. de C.V. aparece en alto relieve en los periódicos nacionales. En diciembre de 2000, “La Prensa Gráfica” publicó un reportaje dominical donde dieron a conocer el caso de corrupción o “conflicto de intereses” del entonces Ministro de Economía, y presidente de la junta directiva de Baterías Record, Miguel Lacayo. El Ministro, quien sería firmante del CAFTA-DR unos años después, utilizó una figura “de urgencia”, “la salvaguarda”, para beneficiar a su empresa mientras formaba parte del gabinete del Presidente Francisco Flores. Según el Tratado General de Integración Económica, el COMIECO (Consejo de Ministros de la Integración Económica) toma las decisiones que rigen los aranceles comunes sobre productos que provienen de fuera de la región centroamericana. Sin embargo, la Cláusula de Salvaguarda del Convenio del Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, establece que frente a una situación de emergencia nacional, el Ministro de Economía y el Ministro de Hacienda de cualquier país pueden reducir o eliminar los aranceles a un producto extrarregional.
En cinco ocasiones distintas, Baterías Record fue beneficiaria de esta cláusula. Una bajo el mandato del Ministro Eduardo Zablah, una semana antes de entregar el cargo a Lacayo, que ya laboraba en el Ministerio de Economía. Y cuatro veces bajo el mandato del presidente de la junta directiva y ex-director ejecutivo de la empresa. Según una investigación de la revista “Enfoques” de “La Prensa Gráfica”, en ese momento la salvaguarda fue aplicada a la importación de cuatro clases de materias primas destinadas a la fabricación de baterías de automóviles -bobinas, láminas de metal y otras-. Los distintos decretos ministeriales ahorraron a Baterías Record 145 mil colones en el pago de aduanas y más de 300 mil en el pago del impuesto IVA, cantidades que la empresa debía haber abonado al Presupuesto Nacional.
¿EMERGENCIA NACIONAL?
Según reza en la Cláusula de Salvaguarda, un Estado queda facultado para “aplicar unilateralmente la modificación de los derechos arancelarios a la importación cuando alguno de los Estados Contratantes se viera enfrentado a graves problemas de desequilibrio de la balanza de pagos; o a deficiencias repentinas y generalizadas en el abastecimiento de materias primas y bienes finales básicos o a desorganización de mercado, o a prácticas de comercio desleal; o a cualquier otra circunstancia que amenace derivar en situaciones de emergencia nacional”.
A mediados de 1999, el Diario Oficial daba a conocer que el desabastecimiento de insumos para baterías de automóviles constituía una “emergencia nacional”. Aunque nunca se conocieron los argumentos que sustentaban esta declaratoria, no hubo ninguna voz en el gobierno de Francisco Flores que la cuestionara. En un año en el que hubo una crisis nacional relacionada con la importación de gas propano y petróleo -productos que afectan directa e indirectamente la cotidianidad de la mayoría de hogares- era difícil creer que la producción de baterías de automóviles podría poner en jaque al pueblo salvadoreño causando una “emergencia”.
Las declaraciones posteriores de Alvaro Corpiño, el gerente de mercadeo de ventas de Baterías de El Salvador, S.A. de C.V., dieron a entender todo lo contrario. “En ningún momento hemos estado desabastecidos, ni siquiera en los tiempos de guerra, porque siempre hubo una política bastante sana de inventarios… La empresa jamás ha caído en una crisis de producción o de abastecimientos, debido a insumos o materias primas, gracias a Dios”, dijo Corpiño.
En una entrevista con el entonces Ministro Lacayo, éste justificó así que no hubo ningún conflicto de intereses: “Mire, la política arancelaria en Centroamérica y en nuestro país va orientada al desarrollo económico y existen aproximadamente seis mil códigos arancelarios. Algunos impactan a una, dos, tres, cinco empresas. Nuestra economía no es muy grande... En una economía pequeña es normal que códigos arancelarios impacten a una o tres empresas... Usted tiene que hacer un análisis completo de la economía y decir cuántos casos ha habido que impacten a una, dos o tres empresas y va a encontrar cientos de casos. Porque nuestra economía es pequeña”. De esta forma, Lacayo, Máster en Administración de Empresas, graduado en las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, explicó las razones por las que él hubiera fallado a favor de su propia empresa, la única fabricante de baterías de automóviles presente en los listados de la Asociación de la Industria Salvadoreña (ASI).
EL RÉCORD DEL DUEÑO
En mayo de 2005, con el país bajo el mandato de Elías Antonio Saca y el Ministerio de Economía bajo Yolanda de Gaviria, José Eduardo Cáceres, jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema, solicitó al Banco Agrícola y al Banco Salvadoreño una lista de informes sobre las cuentas de varios ex-funcionarios, cuyas declaraciones patrimoniales le ameritaron “comentarios”. En esa lista, Miguel Lacayo acompañaba a otras figuras de renombre: el ex-Presidente Francisco Flores, su esposa Lourdes de Flores, el ex-secretario técnico de la presidencia, Juan José Daboub y María Eugenia Brizuela de Ávila, ex-canciller y en ese momento, recién electa presidenta del Banco Salvadoreño.
En lugar de enviar los informes que les pedían, los dos bancos, respaldados por el Banco Cuscatlán, enviaron una carta al presidente del Órgano Judicial, Agustín García Calderón, objetando la facultad de la Sección de Probidad para pedirles informes. Calderón y nueve magistrados más dieron sus votos para aprobar la solicitud de las instituciones financieras y desautorizar a la Sección de Probidad por pedir informes a esas personas.
A pesar de la falta de cooperación del capital financiero, se supo que en el caso del ex-ministro Lacayo, la Sección de Probidad registró un incremento patrimonial de 3 millones, 766 mil 398 dólares durante sus cinco años como titular del Ministerio de Economía. Lacayo se justificó argumentando la venta de acciones que le fueron donadas por su padre. En este caso, el jefe de la Sección de Probidad acota: “La Sección no está en posibilidades de investigar, ya que todas las transacciones se hicieron en el exterior”.
Vale mencionar que en 2005, Miguel Lacayo entregó su cargo como Presidente de Baterías de El Salvador, S.A. de C.V. y vendió sus acciones. Parece que varios familiares suyos fueron los nuevos compradores y ostentan cinco de los diez cargos en la junta directiva actual. En ese año, el ex-Ministro fundó Farmacias Económicas, donde actualmente funge como presidente. Carlos Mejía, representante del Movimiento Sin Plomo afirma: “Envenenó a la gente con la Record y ahora seguramente Farmacias Económicas va a traer los quelantes para venderlos al Ministerio de Salud”.
LUCHA Y ORGANIZACIÓN
A partir de 2002, las comunidades de la zona -a veces de forma mancomunada y a veces independientemente- denunciaron la contaminación ambiental y las afectaciones a la salud de adultos y niños a un sin fin de instancias. En el período de 2002-2005 los pobladores de la zona acudieron a distintas instancias de la Policía Nacional Civil, la Fiscalía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Alcaldía Municipal de San Juan Opico, el Ministerio de Trabajo, el Instituto de Seguro Social Salvadoreño y la Corte de Cuentas. Eran más los silencios que las respuestas, pero en 2005, como fruto de tan distintas presiones, incluyendo una denuncia hecha ese año por el Comité Ambiental del Sitio del Niño a la Procuraduría de los Derechos Humanos, el gobierno conformó un equipo multidisciplinario e invitó al CDC (Centro de Control de Enfermedades) de Atlanta a realizar pruebas en la zona. El CDC-Atlanta hizo pruebas de sangre en el 100% de los 370 trabajadores de la planta y tomó muestras en la población infantil de las comunidades cercanas. Apareció que un 10% de los trabajadores tenía el nivel máximo de envenenamiento de plomo (nivel IV), 14% de ellos tenía el nivel III (un poco menor), 42% tenía el nivel II (presencia de envenenamiento) y solo 35% tenía el nivel I, que representa el nivel “aceptable” de presencia de plomo en la sangre.
ALGUNOS LOGROS
Estas pruebas hubieran sido suficientes para presentar una demanda al Ministerio de Trabajo si los trabajadores de la fábrica o la población de la zona hubieran tenido conocimiento oportuno de ellas, pero fue hasta hace poco que tuvieron acceso al informe realizado por el CDC-Atlanta. Es innegable que, a pesar de ese secretismo, la realización de las primeras pruebas de sangre fue un logro de este período. Se dio a conocer también la existencia de tres niños contaminados en la comunidad y esto venía a confirmar una alarma que ya había sido advertida por algunas comunidades que enfrentaban padecimientos inexplicables en niños y jóvenes.
Otro logro fue el hecho que, después de diez años de funcionamiento en la zona, la empresa finalmente puso un rótulo que decía “Baterías Record” para que constara públicamente su presencia en esa localidad. Cuando Baterías Record se trasladó a Sitio del Niño, venía prácticamente huyendo de la comunidad 22 de Abril en Soyapango, donde estuvo ubicada. Los pobladores de esa comunidad, con una trayectoria organizativa sólida, realizaron una campaña de protestas contra la contaminación, que resultó efectiva. Por eso, la empresa intentó reubicarse en otro sitio, pero de la manera más silenciosa, para no alertar a los nuevos vecinos.
NACE EL MOVIMIENTO SIN PLOMO
A pesar de la falta de acceso a los resultados del CDC-Atlanta, los trabajadores sintieron en carne propia los daños a su estado de salud. En 2006, se formó dentro de la fábrica el Sindicato de Trabajadores de Empresa Baterías de El Salvador (SITRAEBES), en respuesta a una serie de demandas relacionadas a “derechos laborales y a un problema de salud debido a fallas en los programas de seguridad industrial.” Casi en paralelo a la afiliación de los trabajadores al sindicato, la empresa inició una campaña de intimidación y ofrecimientos económicos a sus dirigentes. A pesar de las protestas, gestiones y denuncias internacionales de violaciones a la libertad sindical, más pudo el poderío de los propietarios y el sindicato se desintegró en menos de un año.
Aproximadamente seis meses después, once comunidades de la zona se organizaron en el Movimiento Sin Plomo. De esta forma lograron fortalecer todas las anteriores iniciativas. Realizaron movilizaciones de calle, un cierre de seis horas de la fábrica, denuncias a través de medios de comunicación y gestiones con distintas instancias nacionales e internacionales. “Para nosotros, sólo conseguir acceso a la información, a documentos sobre los alcances de la contaminación, como el informe del CDC-Atlanta, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y del Instituto de Seguro Social Salvadoreño, fue una lucha. Saben que la información es poder y tuvimos que presionar mucho para conseguir la información, que estaba en las manos del gobierno”, explica el representante del Movimiento Sin Plomo.
CIERRE SORPRESIVO
De forma sorpresiva, el lunes 24 de septiembre de 2007 llegaron autoridades del Ministerio de Salud, acompañadas por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y agentes de la Policía Nacional Civil, a cerrar la fábrica. La justificación del cierre total fue la carencia de los permisos de funcionamiento desde 2005. El Viceministro de Salud argumentó que el cierre se estaba haciendo efectivo hasta dos años después “porque estaba en proceso”. Durante el período en que se desarrolló ese “proceso” el nivel de plomo en los niños se cuadruplicó en muchos casos.
El cierre fue sorpresivo y mostró un cambio, aparentemente radical, de la posición de los funcionarios de gobierno. El Ministerio de Medio Ambiente había dado un plazo bastante considerable para que la empresa cumpliera con 18 recomendaciones técnicas. Hasta ese momento, tanto el Ministro de Salud como la de Educación y el de Medio Ambiente habían expresado que si los pobladores se sentían vulnerables en sus hogares y escuelas, debían cambiar a sus hijos de centro escolar y trasladarse a otra parte para vivir.
Los tratos preferenciales del gobierno para la fábrica fueron cotidianos hasta ese momento. Según el representante del Movimiento Sin Plomo, el proceder histórico de las distintas instancias de gobierno es avisar a los encargados de la fábrica cuestionada antes de realizar visitas de inspección. Este caso no fue la excepción. De hecho, todas las pruebas que aparecen en el informe del Ministerio de Medio Ambiente fueron realizadas y entregadas al gobierno por la administración de la fábrica, lo que permite considerar que los resultados son sospechosos y los análisis de la contaminación, conservadores.
Cuando el Ministerio de Salud realizó 85 pruebas de sangre de la población infantil en el primer trimestre de 2007, se sacaron dos muestras de sangre por cada niño. Una quedó en el Ministerio de Salud y otra fue entregada a la empresa, sin pedir permiso ni informar a sus padres. Esto permitía a Baterías Record la posibilidad de manipular las pruebas y tergiversar los resultados.
¿CAMBIO DE ACTITUD?
Días después del cierre, con el caso en las portadas de todos los periódicos nacionales, el Fiscal General, Félix Safie, declaró que no podía actuar aún porque no tenía pruebas sobre el envenenamiento de la población. Esto, a pesar de que el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, lo instó a iniciar acciones penales contra la empresa. Por eso, los miembros del Movimiento Sin Plomo hablan de una relación de “compadre hablado” entre los propietarios de Baterías de El Salvador S.A. de C.V. y el gobierno.
Según Carlos Mejía, el cierre, aunque sorpresivo, se entiende dentro de la lógica gubernamental. La presión ejercida por las comunidades fue efectiva. La imagen de la empresa, y la de las instancias gubernamentales que colaboraban con ella, quedaron bastante desprestigiadas por la mala prensa que recibieron.
Además, el cierre hay que contextualizarlo dentro de otras acciones gubernamentales. El día posterior al cierre, el Presidente Saca daba su discurso sobre cambio climático y medio ambiente en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. No era posible expresar su gran preocupación por la ecología en la ONU sin tomar en su país alguna acción simbólica. Finalmente, al parecer de los abogados que llevan el proceso jurídico, el cierre no fue hecho adecuadamente. Lleva la firma del Viceministro de Salud y no la del Ministro, por lo cual temen que puede ser revertido.
LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN QUE HOY EXIGEN
Con esta historia, las comunidades todavía no pueden abandonar su pelea. Aunque celebran el cierre de la fábrica, reconocen que no es la solución al problema. El daño ya está hecho.
Actualmente, el Movimiento Sin Plomo prepara 25 querellas por contaminación de la salud y daños individuales a la integridad física. Se darán por satisfechos y recompensados cuando, finalmente, se alcance la justicia. Por justicia, los pobladores entienden el cierre permanente de la empresa, el encarcelamiento de sus propietarios por delitos ambientales y el encarcelamiento de los funcionarios del gobierno que cometieron omisiones dolosas y/o culposas en el caso.
La reparación a las familias afectadas incluiría la realización de pruebas de sangre a toda la población que vive en el radio de contaminación y a los ex-trabajadores de la fábrica, la desintoxicación de todas las personas que aparezcan con índices de contaminación y el traslado de las familias a un lugar de vivienda digna.Otros daños nunca serán compensados. Pedro, un niño de ocho años y 20 microgramos de plomo en la sangre, cursa primer grado por segunda vez y no logra aprender a leer ni a escribir. Pregunta Carlos Mejía: “¿Qué cantidad de dinero puede compensar los daños irreversibles en la inteligencia de las niñas y de los niños? Ninguna. ¿Qué pasa si mis nietos nacen ciegos o con tres ojos? Dicen los doctores que el plomo puede modificar los espermatozoides. No sabremos las verdaderas consecuencias de esta tragedia hasta que pasen muchas generaciones”.
¿RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL?
El caso de Baterías Record viene a cuestionar la proclamada y publicitada estrategia de RSE (Responsabilidad Social de la Empresa). Esa estrategia, ya inaugurada en el Norte, se puso de moda en América Latina en los años 80 y 90 con la implementación del modelo neoliberal.
El neoliberalismo pregonaba “menos Estado y más mercado” y la estrategia de RSE justificaba el traslado de la responsabilidad pública al mercado en las restricciones administrativas y en la corrupción de las empresas públicas, ya en vías de desaparecer.
Desde el principio, la RSE tuvo oponentes en el seno del neoliberalismo. El propio Milton Friedman, premio Nóbel de Economía, comentó que “la responsabilidad social de las empresas es incrementar sus ganancias”. Sin embargo, los proponentes de la estrategia argumentaron que es posible conciliar los intereses de la empresa con valores y demandas sociales, basadas en la voluntad política de los empresarios, sin que sean necesarios ningún control ni regulación del Estado. Contradiciendo a Friedman, argumentaron que cuidar a la comunidad y cuidar a sus trabajadores es una buena inversión empresarial.
De hecho, aunque sea para lavar su imagen, las empresas que se han organizado para hacer “business” con la RSE han sido remuneradas generosamente por las instituciones financieras internacionales. “Empresa”, una alianza americana de ONG empresariales es un ejemplo por excelencia. Según “El Mercurio” de Chile -un periódico de renombre conservador-, “Empresa” fue formada en 2001 en Miami y ha recibido un millón de dólares del BID y unos adicionales 400 mil dólares de otros donantes para desarrollar un proyecto piloto cuyo objetivo es difundir la estrategia de RSE. Participan en este proyecto cuatro de sus miembros: Acción Empresarial de Chile, Perú 2001, Instituto Ethos de Brasil y FUNDEMAS de El Salvador.
En la Feria de Conocimientos que FUNDEMAS (Fundación Salvadoreña para la Acción Social) impulsó en 2006, coordinada con otras instancias nacionales e internacionales, el empresario y ex -Vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla Schmidt, intervino para defender la estrategia de RSE frente a otros empresarios salvadoreños.
Resulta interesante saber que, según el Censo Nacional de Registro, Quintanilla Schmidt fungió como apoderado legal de Baterías de El Salvador, S.A. de C.V. mientras esta empresa envenenaba el suelo, el aire, el manto acuífero y a miles de niñas, niños y adultos. Si esto es un ejemplo de la “responsabilidad social de la empresa”, tendríamos que preguntarnos cuáles serían los parámetros de la irresponsabilidad empresarial...
El gerente de mercadeo de Baterías Record, convertido en vocero de la empresa desde que comenzó “la problemática”, expresa que el hecho de que Baterías de El Salvador S.A. de C. V. no cuente con los permisos de funcionamiento correspondientes no merece un cierre: “La contaminación no ha sido comprobada y la falta de permisos conlleva una sanción leve”. La empresa ya ha apelado el cierre al Ministerio de Salud. Sin expresar un apoyo contundente a la cuestionada empresa, Federico Colorado, Presidente del principal gremio empresarial salvadoreño, ANEP, comentó que con el cierre, “la señal que envía el gobierno al sector privado es de confusión”.
UNA ESPERANZA VACÍA
El caso de Baterías Record abona el argumento de que la famosa Responsabilidad Social de la Empresa es una esperanza vacía. Con lamentables precedentes, como la impunidad a favor de la empresa Monsanto y el famoso caso del hallazgo de una bodega de toxafeno en San Miguel, faltan aún agudos conflictos sociales en casos similares al de Baterías Record. Los de Nejapa Power, el proyecto de relleno sanitario en el Cantón Cutumay Camones y la instalación de proyectos transnacionales de industrias extractivas.
Seguramente existen empresarios con la buena voluntad de preocuparse por “sus” trabajadores, por la comunidad y por el planeta. Lo que no es justo es que las trabajadoras y los trabajadores, las comunidades y el planeta dependan de la buena voluntad de la empresa privada.
La responsabilidad de garantizar el bienestar de la población es del Estado. Es el Estado, con la legislación adecuada y una voluntad política básica, y no la empresa privada, quien tiene el deber, y quien debe tener el poder, de garantizar el bienestar de la población frente a las iniciativas económicas de un sector muy limitado de la burguesía nacional e internacional.
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