TEAMSTERS OTORGARÁN PREMIO DE DERECHOS HUMANOS “GILBERTO SOTO” A PROCURADORA DE DERECHOS HUMANOS DE EL SALVADOR.

Beatrice Alamanni de Carrillo visitará los Estados Unidos a finales de abril para recibir la primera concesión del Premio de Derechos Humanos “Gilberto Soto” otorgado por el sindicato “International Brotherhood of Teamsters”. La concesión reconoce su heroico papel en exponer la cobertura del Gobierno Salvadoreño en el asesinato del líder de los Teamster Gilberto Soto por un escuadrón de la muerte hace dos años, cuando él se preparaba para reunirse con lideres sindicales salvadoreños, hondureños y nicaragüenses; para investigar las condiciones de los conductores de camiones y trabajadores portuarios. La Doctora de Carrillo y su familia recibieron amenazas de muerta, como represalia por conducir una tenaz investigación.

La Comisión de derechos humanos de los Teamsters realizará una recepción en honor de la Dra. Beatrice Alamanni de Carrillo Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos el próximo Jueves 26 de abril de 2007, a las 5:00 pm EST en la sede de los Teamsters en Washington, DC. La International Brotherhood of Teamsters, fundada en 1903, representa a más de 1.400,000 trabajadores y trabajadores en los Estados Unidos y Canadá.

Para más información de prensa, esta disponible el teléfono 202-624-7472 y una cobertura del caso Soto en http://www.teamster.org/divisions/Port/soto.asp

Fotografías: El Faro y Teamsters.

Fotos: CEAL

GRUPO CALVO, EL SALVADOR:
FUEROS SINDICALES AFUERA.
"Mientras que los trabajadores siguen presentando denuncias en busca de que las autoridades salvadoreñas cumplan con las normas laborales, el Grupo Calvo continúa aprovechando los beneficios arancelarios de la UE."
Por Raúl Gutiérrez
www.ipsnoticias.net


SAN SALVADOR, abr (IPS) - Graves denuncias de prácticas
antisindicales afronta en El Salvador la firma atunera española
Calvo, que, paradójicamente, supeditó su inversión en el país a
la aprobación de las normas laborales exigidas por la Unión
Europea para otorgar preferencias arancelarias.

Berta Menjívar, despedida en febrero, y José Joaquín
Reyes, quien sufrió igual medida el 15 de marzo, denunciaron
que Grupo Calvo tomó esa decisión contra ellos porque fundaron
en su planta atunera local una seccional del Sindicato General
de Trabajadores de la Industria Pesquera y Actividades Conexas.

"Sí, me despidieron por ser fundadora del sindicato",
aseguró a IPS Menjívar, de 22 años. "Hasta este día estará
trabajando con nosotros", le dijeron cuando se presentó en su
lugar de tareas el 9 de febrero, cinco días después de haberse
constituido el sindicato.

El Grupo Calvo, especializado en captura, producción y
venta de conservas de pescado, tiene plantas procesadoras en su
país de origen y también en Italia y Venezuela, además de la
ubicada en El Salvador, que es considerada la mayor de todas.

Antonio Huezo Avelar, director de la división Calvo
Conservas, ubicada en la oriental provincia de La Unión,
admitió ante IPS el despido de Menjívar, pero indicó que fue por
"infringir normas del reglamento interno de manera repetitiva".

También aseguró que las "faltas de la trabajadora" estaban
explicadas en dos cartas de amonestación previas y que, al
momento de anunciarle el despido, desconocía que ella era una
de las fundadoras de la seccional del sindicato.

Según el artículo 214 del Código Laboral, todo miembro
constituyente de un sindicato está protegido por un fuero
especial por 60 días y, por lo tanto, no puede ser desplazado de
su cargo laboral.

En tanto, Menjívar sostuvo que las cartas que menciona
Avelar le fueron entregadas en un mismo día y que en una de
ellas su firma había sido falsificada.

"Mi única falta fue retrasarme tres minutos luego de un
almuerzo", aduce la sindicalista, quien además dice haber
trabajado para Calvo durante dos años, cobrando 7,17 dólares
diarios, incluyendo jornadas nocturnas de hasta 12 horas sin
recibir el pago adicional que establece la ley en estos casos.

Por su parte, Reyes, secretario de Relaciones de la
seccional, también aseguró que lo despidieron, después de
cuatro años de trabajar en los buques de pesca, por estar
afiliado al sindicato, aunque la empresa le manifestó que la
decisión se debía a que ya era "improductivo".

Este trabajador, según una copia de su contrato que pudo
leer IPS, cobraba 10 centavos de dólar por tonelada descargada
de buques bajo un contrato a término de cuatro o cinco días como
máximo. También estos empleados eran obligados para poder
trabajar a firmar un convenio por el cual la firma no se
responsabilizaba de posibles accidentes laborales.

El año pasado, el Grupo Calvo cabildeó fuertemente para
que El Salvador ratificara los convenios 87, 98, 135 y 151 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referidos a la
libertad sindical y a la negociación colectiva, requisito de la
Unión Europea (UE) para que este país siguiera dentro del
Sistema General de Preferencias Plus (SGP-Plus).

Ese sistema, al que accedió El Salvador en julio de 2005,
permite el ingreso de sus productos sin pagar arancel a la UE.
Ese tributo para las naciones que no gozan del beneficio es de
20,5 por ciento.

La empresa transnacional española, en el marco de esas
presiones, despidió a 600 empleados y amenazó con cerrar todas
sus plantas, aduciendo que perdía competitividad si el país
centroamericano no ratificaba los convenios y mantenía así las
preferencias arancelarias.

Esas presiones fueron férreamente resistidas por sectores
conservadores y empresarios, muchos de ellos ligados al propio
gobierno de Antonio Saca y a su derechista Alianza Republicana
Nacionalista (Arena), quienes rechazaban los acuerdos de la OIT
por considerarlos un "chantaje de la UE".

Finalmente, las presiones de la UE y de la firma Calvo
lograron que el presidente Saca enviara los convenios al
parlamento, que aprobó por unanimidad en la madrugada del 24 de
agosto un paquete de reformas para despejar el camino a su
ratificación.

La ratificación de estos convenios de la OIT también saldó
una deuda del país de casi medio siglo con sus trabajadores.

Las modificaciones aprobadas por el parlamento a la ley de
Servicio Civil, por ejemplo, abrieron paso a que los
trabajadores vinculados a las fuerzas de seguridad, la carrera
judicial y otras "áreas sensibles" tuvieran derecho a la
negociación colectiva y a la libertad sindical (convenios 87 y
98).

Además, con la ratificación de los convenios 135 y 151 se
garantizó la protección para los dirigentes sindicales y se
fijaron parámetros en las relaciones de trabajo en la
administración pública. Los acuerdos entraron en vigor este año.

Para Gilberto García, vicepresidente del Centro de
Estudios y Apoyo Laboral (CEAL), la campaña del Grupo Calvo a
favor de las leyes de trabajo "tenía motivaciones comerciales
más que laborales". Las acciones de la empresa española son
incongruentes con su discurso, dijo a IPS.

"Es escandaloso que ahora Calvo no pueda cumplir esos
preceptos después de haber presionado en favor de la
ratificación de los convenios de la OIT", aseveró García, y
advirtió que el gobierno tampoco hace cumplir las leyes
laborales.

"Los despidos sucedieron después de que los trabajadores
ya estaban protegidos por el fuero sindical, y la empresa sabe
eso. Actúan conociendo que están violando la ley", sostuvo el
asesor sindical.

El Grupo Calvo, que está presente en este país
centroamericano desde 2003 y tiene una inversión de más de 100
millones de dólares, tiene al menos 1.400 mujeres empleadas en
el área de empaque, quienes reciben un salario promedio de siete
dólares por día..

Por su parte, Avelar insistió en que desconoce quiénes
forman el sindicato. "Nosotros no hemos recibido hasta la fecha
comunicación oficial de nadie" sobre la creación de la
seccional. Sin embargo, durante la entrevista con IPS afirmó
saber de por lo menos cinco trabajadores que conformaban la
asociación laboral.

El representante patronal también indicó que el Grupo
Calvo respeta los derechos de sus trabajadores, ya que está
establecido en la Constitución, aunque opinó que pertenecer a un
sindicato no confiere potestades para "infringir los
reglamentos de la compañía".

En una copia del acta de inspección del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social (Mintrab), fechado el 24 de febrero,
consta que Esmeralda Uceda, supervisora inmediata de Menjívar,
reconoció que ésta era una de las mejores trabajadoras de la
planta, aunque luego agrega que "por un tiempo se tornó rebelde".

La inspección del Mintrab también establece que, luego de
entrevistar individualmente a varias trabajadoras, "no se
realiza ningún tipo de comentarios intimidatorios ni
antisindicales", y que la empresa brinda un buen trato hacia
todos los empleados.

Sin embargo, el acta señala que Calvo ha infringido el
artículo 47 de la Constitución y 142 del Código de Trabajo "por
haber despedido de hecho a Berta Menjívar", y le manda
reintegrarla y pagarle los salarios perdidos hasta la fecha,
pues está amparada por el fuero sindical.

Javier Rivas, de la Dirección General de Inspección de
Trabajo del Mintrab, reconoce que, si bien Calvo ha infringido
la ley y que las resoluciones del ministerio deberían ser
obligatorias, los vacíos en la normativa permiten que las
empresas no cumplan con lo que dictan los inspectores laborales,
vulnerando los derechos de los trabajadores.

"Como sindicato no estamos en contra de las fuentes de
trabajo", puntualizó el despedido sindicalista Reyes, pero
entiende que la empresa Calvo ha emprendido una campaña de
intimidación contra el sindicalismo, que incluye despidos
injustificados, así como denigración e insultos contra los
trabajadores.

El Sindicato General de Trabajadores de la Industria
Pesquera y Actividades Conexas está a la espera de la
resolución del ministerio sobre el caso Reyes, la cual estará
basada en la inspección realizada el 30 de marzo.

Mientras que los trabajadores siguen presentando denuncias
en busca de que las autoridades salvadoreñas cumplan con las
normas laborales, el Grupo Calvo continúa aprovechando los
beneficios arancelarios de la UE. (FIN/2007)



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JUST GARMENTS;

LA FÁBRICA ENCADENADA.

Centro de Estudios y Apoyo Laboral, CEAL. Abril 2007.

El pasado lunes 2 de abril, las trabajadoras de Just Garments se presentaron a laborar normalmente en la planta ubicada en el municipio de Soyapango, al oriente de la capital. Se trataba de una jornada semanal corta, dado que a partir del jueves 5 de abril se celebra la semana santa en El Salvador, una festividad religiosa a nivel nacional.
	Portón principal de acceso a Just Garments, encadenado desde el 2 de abril de 2007 por Carlos Simán Safie.

Ese día, nadie pudo entrar a sus labores debido a que se encontraron con que el propietario del edificio, Carlos Siman Safie había colocado cadenas y candados a las puertas del edificio que arrienda desde Julio de 2003 a Just Garments, argumentando el retraso de 4 meses de renta.

Just Garments es una empresa que se formó en el año 2003 como parte de un acuerdo entre la compañía taiwanesa Tainan, y el Sindicato de Trabajadores de Industrias Textiles STIT, para reabrir un centro de trabajo que diera empleo a las personas afectadas por el cierre de Tainan El Salvador. Este cierre se dio en abril 2002, luego que STIT solicitará negociación de un Contrato Colectivo luego de cumplir el requisito legal de representar a más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras de una de las naves de Tainan. Esta corporación taiwanesa poseía en aquel momento 9 naves en 6 países, produciendo para marcas como GAP Inc., Ann Taylor, Kohls, Target, y otras con destino principal al mercado de los EE.UU.

Este acuerdo establecía originalmente que tanto Tainan como STIT iban a designar una persona cada uno para dirigir los destinos de la empresa. Luego de la formación de la empresa, el representante de Tainan en la junta directiva de la empresa se retiró dejando todos los problemas y responsabilidades en manos de las personas que había designado el sindicato. En 2005 luego de otra crisis el Gerente General (elegido por STIT y Tainan) también se retiró de la empresa, dejando el destino de la misma en manos de quienes trabajan directamente en ella. El sindicato y sus representantes intentaron a partir de entonces hacer funcionar este centro de trabajo obteniendo relativos éxitos al consolidar una capacidad de producción de 3.5 mil uniformes semanales.

Sin embargo a lo largo de casi 4 años, lo que enfrentaron fue un verdadero Bloqueo Económico ejecutado por el gobierno salvadoreño y los empresarios maquiladores. Desde conseguir un local, sacar mercadería de aduana, comprar materias primas y encontrar ordenes de producción, todo fue sumamente difícil para esta empresa, que es vista con incomodidad por los empresarios maquiladores de El Salvador y el mismo gobierno.

Una de las manifestaciones más claras de este bloqueo, se dio en diciembre de 2006. Luego de cerca de dos meses del ir y venir de varios recursos legales entre la empresa y la Aduana Salvadoreña (dependencia del Ministerio de Hacienda). La Aduana impuso un cargo del 44% a un contenedor de tela destinado a Just Garments, argumentando no haber sacado dicho contenedor de la Aduana en un plazo de 20 días. Just Garments, argumentó que ninguna disposición establece que luego de vencido el plazo, la empresa deja de tener en vigencia su estatus de exención de impuestos.

El contenedor de telas en disputa, representaba la inversión de una pequeña compañía estadounidense, de reciente formación y enfocada en el comercio justo. Su intención era confeccionar con dicha tela, camisetas en Just Garments y exportarlas a los EE.UU. en mercados donde los consumidores prefieren comprar ropa de las fábricas que tienen sindicatos y que no están dominadas por los abusos clásicos de la maquila. El contenedor poseía suficiente materia prima para confeccionar 60 mil camisetas, la producción de Just Garments para 3 meses.

La aduana salvadoreña no solo no brindó la información precisa y oportuna al socio estadounidense de Just Garments, sino que el representante de Atención al Cliente de la Aduana Salvadoreña afirmó el 6 de octubre de 2006 mediante comunicación escrita que “no deben preocuparse” refiriéndose al plazo de 20 días. Solo unos días después, el 11 de octubre, Aduana le comunicaba que el plazo para sacar la mercadería había vencido el día 4 de octubre de 2006, es decir, antes de su mensaje de “no deben preocuparse”.

Ante esta situación la compañía estadounidense se avocó a pedir ayuda al Ministerio de Economía, y a PROESA (oficina de la vicepresidencia para atraer inversiones) argumentando que parte de su interés en El Salvador provenía de su participación en una exposición sobre de las ventajas de invertir en El Salvador, disertada por la vicepresidenta Vilma de Escobar, en Carolina del Norte. Parece que su socio salvadoreño, -Just Garments- poseía suficiente aversión de parte del gobierno y los maquiladores locales, de los cuales la misma Vicepresidenta ha sido una personalidad cercana en su vida empresarial y personal. La ayuda prometida por el gobierno salvadoreño a la pequeña compañía estadounidense nunca llegó y esta retiró todos sus esfuerzos en enero de 2007, mientras que Just Garments se hundía cada vez más en una severa crisis económica.

Paradójicamente, y a pesar de la vigencia del CAFTA, cerca de 20 empresas de ensamblaje textil han cerrado sus operaciones en El Salvador durante los últimos 2 años, y los empleos disponibles en la maquila se han reducido en cerca de 15 mil. Una de las pocas inversiones nuevas en este sector fue suficientemente incomoda para el status quo, debido a su enfoque principal en la sindicalización, en los derechos laborales y en los mercados de comercio justo.

HACIENDO LEÑA DEL ARBOL CAÍDO.

Una consecuencia lógica de la imposibilidad de contar con ordenes de producción luego de la decisión de la aduana, fue la imposibilidad de Just Garments de costear sus gastos mínimos de operación. De hecho la empresa se quedó por falta de recursos, sin suministro eléctrico entre el 28 de diciembre de 2006 y el 25 de enero de 2007. Y cuando pudo reiniciar sus operaciones, había acumulando ya deudas en salarios con las trabajadoras, pagos de alquiler de seguridad social, y con sus diferentes acreedores, situación que agravaba la crisis ya existente que venía arrastrando por varios meses.

De hecho, en medio de la crisis, un grupo de trabajadoras se avocaron a hacer denuncias y reclamos por el atraso en sus salarios en instancias gubernamentales y no gubernamentales. Al mismo tiempo, la mayoría de las trabajadoras representadas por su sindicato se mantuvieron hasta el día del encadenamiento de las puertas, realizando esfuerzos extraordinarios para intentar reactivar la producción de la empresa, y así salvar su empleo y su centro de trabajo. Este hecho ha mantenido la esperanza de que los centros de trabajo bajo control de las trabajadoras y trabajadores, a pesar de los desafíos y bloqueos que enfrentan por parte del sistema económico, son una alternativa a las condiciones existentes en las industrias de ensamblaje alrededor del mundo.

Mientras tanto, medios de comunicación escritos afines a la derecha conservadora gobernante de El Salvador, no han perdido la oportunidad para señalar el hecho que Just Garments no puede pagar sus cuentas, especialmente, los salarios de las trabajadoras. En una muestra de triunfalismo, trasladan de hecho la alegría de la derecha corporativa y especialmente de los sectores maquiladores. Sin embargo, esos mismos medios escritos, nada mencionan como el sistema económico y el mismo gobierno directamente han generado las condiciones de asfixia económica de la fábrica bajo control obrero. Los mismos medios escritos son generalmente testigos mudos de las luchas sindicales y obreras en la maquila y en otras industrias.

NADANDO CONTRA CORRIENTE, OTRA VEZ.

Como desde que se formó el centro de trabajo conocido como Just Garments, las cosas no han sido fáciles para el colectivo de trabajadoras y trabajadores que han empujado ese esfuerzo. Ahora nuevamente enfrentan un desafío, no solo una crisis que amenaza la viabilidad de su centro de trabajo, sino también una medida ilegal, por parte del propietario del edificio que arriendan con grandes esfuerzos. De hecho, el propietario Carlos Siman Safie, pertenece a una de las familias económicamente influyentes en el país, conocidas como grupos económicos hegemónicos.

A pesar de eso, Just Garments ha iniciado una nueva lucha contra corriente, el día 3 de abril, se interpusieron demandas en contra de Siman Safie, ante el Ministerio de Trabajo por violación al derecho al trabajo de las trabajadoras de Just Garmentes, por violación al artículo 13 del Código de Trabajo que establece que “nadie puede impedir el trabajo a los demás sino mediante resolución de autoridad competente”. Asimismo, se presentó otra denuncia a la Fiscalía General de la República para que investigue y tome cartas en el asunto dado que Carlos Siman Safie al encadenar los portones de Just Garments evita el acceso a la maquinaria y equipo propiedad de la empresa, sin contar con un proceso legal y menos una orden judicial como establece la ley salvadoreña. La Fiscalía General de la República esta presidida por el Fiscal General, Félix Garrid Safie.

Todo parece indicar que hay una verdadera conjunción de esfuerzos orquestándose frente a este esfuerzo llamado “Just Garments” que ha pretendido ser un proveedor de “Prendas con Justicia”.

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