Fiscalía no se presenta ante falta de Pruebas.
El Pasado 13 de febrero, arribó a San Salvador, una peregrinación que desde Suchitoto partió el día 11 de febrero y culminó en las inmediaciones del Hotel Radisson en la Colonia Escalón. El objetivo; una demostración de solidaridad de miles de personas que por 3 días marcharon para exigir a la Jueza de Instrucción del Tribunal Especializado contra Actos de Terrorismo, que pasara el caso de las 13 personas capturadas el 2 de Julio de 2007, al Juzgado de Paz de Suchitoto. La Fiscalía de Cojutepeque había solicitado el 8 de febrero el cambio de la acusación del delito de “Actos de Terrorismo”, a “Desordenes Públicos”.
Llegada de Peregrinación a San Salvador, 13 de Febrero 2008.
A finales de enero, una delegación de congresistas estadounidenses hizo del conocimiento del gobierno salvadoreño, las graves consecuencias para el Estado Salvadoreño, de darse a conocer a nivel internacional por procesar a activistas sociales como terroristas. Las protestas, las acciones de solidaridad y de indignación a nivel nacional e internacional, no han cesado luego que en al menos 3 casos sucedidos durante 2007 activistas sociales fueron procesados por el gobierno salvadoreño, bajo cargos criminales y/o de terrorismo (capturadas/os en Suchitoto, en Tacuba y sindicalistas de SIGEESAL).
Participantes de la Peregrinación en Colonia Escalón, 13 de febrero 2007.
Este 19 de febrero, la Fiscalía se presentó al Juzgado de Paz de Suchitoto cerca de las 11 de la mañana y luego de terminada la audiencia en la cual Juez había liberado de cargos a los acusados (Sobreseimiento Definitivo) ante la falta de acusación fiscal . La Fiscalía argumentó un retraso por fallas mecánicas en el vehículo. La Audiencia programada para las 9 de la mañana, inició pasadas las 10:00 a.m. Una de las liberadas de cargos, Hayde Chicas, periodista y quien fue capturada por la Policía en la carretera a Suchitoto el 2 de Julio frente a cámaras y en medio de la intercepción de su vehículo, piensa que sencillamente la Fiscalía no tenía pruebas para sustentar la acusación por desordenes públicos. Las 13 personas fueron capturadas en el marco de un ataque policial a la población civil que protestaba contra la privatización del agua. Diversos lideres comunitarios y de las organizaciones sociales compartieron la percepción que el gobierno salvadoreño necesitaba una salida honrosa al bochornoso hecho de la represión policial. La Fiscalía advirtió que evaluará si apelan la decisión judicial.
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