El pasado 9 de enero inspectores del Ministerio de Trabajo (Mitrab) y del Instituto Salvadoreño de Seguro Social (ISSS) iniciaron una inspección a la planta de Calvo Conservas ubicada en el puerto de La Unión que se extendería durante otros dos días finalizando el viernes 11.
La inspección había sido solicitada por el Sindicato General de Trabajadores de la Industria Pesquera y Actividades Conexas (SGTIPAC) luego del episodio de intoxicación masiva ocurrido el 21 de diciembre de 2007 en dichas instalaciones, y que provocaron que gran parte del personal afectado debiera ser atendido en las emergencias sanitarias locales.
Antes de iniciar la inspección, los funcionarios explicaron que el sindicato patronal también había solicitado su intervención al MITRAB, pero lo había hecho en la oficina de La Unión de esa Secretaría de gobierno, mientras que la demanda del SGTIPAC había ingresado en la capital, San Salvador. El SGTIPAC sabe por experiencia propia que el personal del MITRAB en La Unión suele ser muy sensible a las presiones patronales. Finalmente se acordó que la inspección la haría el personal local con supervisión directa e in situ de los inspectores capitalinos.
No hay mejor defensa…
Desde el inicio mismo de la visita oficial, y delante de los funcionarios públicos, el gerente de Seguridad Industrial de Calvo Conservas, Fredy Benavides, comenzó a agredir e insultar a Julio Funes, trabajador de la planta y dirigente del SGTIPAC cuyo testimonio es la base de un vídeo ampliamente difundido en Internet (ver video) en el cual se denuncian la intoxicación masiva de diciembre pasado y la inoperancia e irreponsabilidad de la empresa Calvo. A Benavides se le sumó Eduardo Meléndez, gerente de Recursos Humanos, quien también comenzó a increpar e insultar a Funes.
Este comportamiento responde a una metodología habitual utilizada por estos y otros funcionarios de confianza de Calvo Conservas, pero además se compadece con el evidente nerviosismo que ha cundido entre varios jerarcas cuya responsabilidad en el referido incidente estaría claramente demostrada.
Benavides, por ejemplo, como encargado de la Seguridad Industrial de la empresa, es responsable de no haber capacitado adecuadamente al personal sobre cómo actuar en caso de emergencia, y de haber perdido el control de la circulación de las sustancias químicas peligrosas dentro de la planta. Eso permitió que el jefe del sector limpieza, conocido como Israel, las dispusiera incorrectamente y llegara a las manos de un trabajador de limpieza un botellón sin etiqueta que éste tomó por hipoclorito, pero que en realidad contenía otra cosa aún no determinada cuya combinación con el agua provocó la reacción química contaminante.
El director y el jefe de Planta, respectivamente Antonio Huezo y Edwin López, son acusados por los trabajadores de haberse retirado antes del fin de las labores diarias en una clara violación a sus deberes funcionales, y los que es peor, de haberse presentado en estado etílico en medio de la emergencia, ya que se encontraban participando en una celebración privada en un club contiguo al local de Calvo Conservas. Su falta de lucidez para afrontar la circunstancia entorpeció la adecuada reacción para atender a las víctimas.
Cortar por lo más delgado
Por supuesto, el instinto represivo de las gerencias de Calvo Conservas -y su necesidad de hallar un chivo expiatorio que las exculpe-, determinó que fuese despedido en el acto Alexander Flores, cuya única responsabilidad fue realizar su trabajo como lo había venido haciendo hasta esa noche. El bidón a medio vaciar y sin etiquetar conteniendo la sustancia química que provocó la intoxicación masiva, nunca debió estar dentro de la planta ni cerca de los instrumentos de limpieza habitualmente utilizados. Alexander Flores no debe ser despedido, sino compensado por haber sido expuesto -junto a todos los trabajadores y trabajadoras- a un grave peligro sanitario provocado por la desidia, la indolencia y la irresponsabilidad de varios mandos medios de Calvo Conservas.
Lejos de cumplir con su deber, la empresa elige minimizar los hechos, confundir la investigación y recurrir a la intimidación: Alexander Flores quiso dar su versión de los hechos y cobrar sus adeudos, pero el gerente de Recursos Humanos Meléndez lo amenazó con “mandarlo a la cárcel” si se acercaba a la planta, seguramente con la intención de silenciarlo. Flores, sin embargo, declaró ante la Inspección del Trabajo a pesar de las intimidaciones empresariales.
Otras amenazas aún más graves fueron lanzadas públicamente por Fredy Benavides contra el dirigente del SGTIPAC Julio Funes, a quien, luego de insultarlo soezmente delante de sus compañeros de labor y de los inspectores de Trabajo, le anunció gritándole en su cara que “allá afuera te voy a dar todos los ‘diplomas’”. Funes le exigió que aclarara el sentido de sus palabras, y si esos “diplomas” serían acaso balazos.
Ante esta gravísima amenaza efectuada en presencia de las autoridades laborales salvadoreñas, el SGTIPAC hace responsable a Fredy Benavides y a Calvo Conservas sobre cualquier agresión o atentado a la seguridad personal que pudiera sufrir Julio Funes.
En esos mismos días una ONG de Guatemala realizó una “auditoria social” a Calvo Conservas por encargo de la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (COFIDES), cuyos aportes financieros al Grupo Calvo, como a todas las empresas que ella asiste, están condicionados al respeto a los derechos humanos y al cumplimiento de prácticas de “responsabilidad social”. La auditoria fue implementada a partir de que se conociera el episodio de intoxicación masiva de diciembre pasado.
La inspección había sido solicitada por el Sindicato General de Trabajadores de la Industria Pesquera y Actividades Conexas (SGTIPAC) luego del episodio de intoxicación masiva ocurrido el 21 de diciembre de 2007 en dichas instalaciones, y que provocaron que gran parte del personal afectado debiera ser atendido en las emergencias sanitarias locales.
Antes de iniciar la inspección, los funcionarios explicaron que el sindicato patronal también había solicitado su intervención al MITRAB, pero lo había hecho en la oficina de La Unión de esa Secretaría de gobierno, mientras que la demanda del SGTIPAC había ingresado en la capital, San Salvador. El SGTIPAC sabe por experiencia propia que el personal del MITRAB en La Unión suele ser muy sensible a las presiones patronales. Finalmente se acordó que la inspección la haría el personal local con supervisión directa e in situ de los inspectores capitalinos.
No hay mejor defensa…
Desde el inicio mismo de la visita oficial, y delante de los funcionarios públicos, el gerente de Seguridad Industrial de Calvo Conservas, Fredy Benavides, comenzó a agredir e insultar a Julio Funes, trabajador de la planta y dirigente del SGTIPAC cuyo testimonio es la base de un vídeo ampliamente difundido en Internet (ver video) en el cual se denuncian la intoxicación masiva de diciembre pasado y la inoperancia e irreponsabilidad de la empresa Calvo. A Benavides se le sumó Eduardo Meléndez, gerente de Recursos Humanos, quien también comenzó a increpar e insultar a Funes.
Este comportamiento responde a una metodología habitual utilizada por estos y otros funcionarios de confianza de Calvo Conservas, pero además se compadece con el evidente nerviosismo que ha cundido entre varios jerarcas cuya responsabilidad en el referido incidente estaría claramente demostrada.
Benavides, por ejemplo, como encargado de la Seguridad Industrial de la empresa, es responsable de no haber capacitado adecuadamente al personal sobre cómo actuar en caso de emergencia, y de haber perdido el control de la circulación de las sustancias químicas peligrosas dentro de la planta. Eso permitió que el jefe del sector limpieza, conocido como Israel, las dispusiera incorrectamente y llegara a las manos de un trabajador de limpieza un botellón sin etiqueta que éste tomó por hipoclorito, pero que en realidad contenía otra cosa aún no determinada cuya combinación con el agua provocó la reacción química contaminante.
El director y el jefe de Planta, respectivamente Antonio Huezo y Edwin López, son acusados por los trabajadores de haberse retirado antes del fin de las labores diarias en una clara violación a sus deberes funcionales, y los que es peor, de haberse presentado en estado etílico en medio de la emergencia, ya que se encontraban participando en una celebración privada en un club contiguo al local de Calvo Conservas. Su falta de lucidez para afrontar la circunstancia entorpeció la adecuada reacción para atender a las víctimas.
Cortar por lo más delgado
Por supuesto, el instinto represivo de las gerencias de Calvo Conservas -y su necesidad de hallar un chivo expiatorio que las exculpe-, determinó que fuese despedido en el acto Alexander Flores, cuya única responsabilidad fue realizar su trabajo como lo había venido haciendo hasta esa noche. El bidón a medio vaciar y sin etiquetar conteniendo la sustancia química que provocó la intoxicación masiva, nunca debió estar dentro de la planta ni cerca de los instrumentos de limpieza habitualmente utilizados. Alexander Flores no debe ser despedido, sino compensado por haber sido expuesto -junto a todos los trabajadores y trabajadoras- a un grave peligro sanitario provocado por la desidia, la indolencia y la irresponsabilidad de varios mandos medios de Calvo Conservas.
Lejos de cumplir con su deber, la empresa elige minimizar los hechos, confundir la investigación y recurrir a la intimidación: Alexander Flores quiso dar su versión de los hechos y cobrar sus adeudos, pero el gerente de Recursos Humanos Meléndez lo amenazó con “mandarlo a la cárcel” si se acercaba a la planta, seguramente con la intención de silenciarlo. Flores, sin embargo, declaró ante la Inspección del Trabajo a pesar de las intimidaciones empresariales.
Otras amenazas aún más graves fueron lanzadas públicamente por Fredy Benavides contra el dirigente del SGTIPAC Julio Funes, a quien, luego de insultarlo soezmente delante de sus compañeros de labor y de los inspectores de Trabajo, le anunció gritándole en su cara que “allá afuera te voy a dar todos los ‘diplomas’”. Funes le exigió que aclarara el sentido de sus palabras, y si esos “diplomas” serían acaso balazos.
Ante esta gravísima amenaza efectuada en presencia de las autoridades laborales salvadoreñas, el SGTIPAC hace responsable a Fredy Benavides y a Calvo Conservas sobre cualquier agresión o atentado a la seguridad personal que pudiera sufrir Julio Funes.
En esos mismos días una ONG de Guatemala realizó una “auditoria social” a Calvo Conservas por encargo de la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (COFIDES), cuyos aportes financieros al Grupo Calvo, como a todas las empresas que ella asiste, están condicionados al respeto a los derechos humanos y al cumplimiento de prácticas de “responsabilidad social”. La auditoria fue implementada a partir de que se conociera el episodio de intoxicación masiva de diciembre pasado.
Carlos Amorín Rel-UITA
21 de enero de 2008
Artículo original
