MUJERES TRABAJADORAS ACUSAN A AVX-KYOCERA DE INTENTAR DESTRUIR SU SINDICATO USANDO TRAFICO DE INFLUENCIAS.

Representantes del sindicato SITRAVX , denunciaron en conferencia de prensa el pasado 4 de marzo de 2010, que la multinacional AVX-KYOCERA ha contratado una oficina de reconocidos abogados empresariales para disolver por vía legal el sindicato en mención. Las trabajadoras denunciaron que la medida es promovida en el juzgado 1º de lo Laboral, en donde uno de los abogados al servicio de la empresa mantiene influencias personales y familiares, por lo que las sindicalistas consideran que la empresa desea valerse de dichas influencias para promover la disolución del sindicato.

La planta de AVX-KYOCERA tiene cerca de dos mil trabajadoras/es en San Bartolo, El Salvador, y producen componentes para las principales y más reconocidas marcas electrónicas del mundo. La empresa lleva funcionando más de 30 años. Y un grupo de trabajadoras fundaron en 2007 el sindicato SITRAVX argumentando malos tratos, bajos salarios, falta de condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y falta de equipo para manipular químicos peligrosos. La mayoría de las trabajadoras de la empresa, así como las afiliadas y lideres de SITRAVX, son mujeres, quienes mantienen sus hogares y familias con la remuneración de su trabajo en AVX-KYOCERA.

Las sindicalistas mostraron información y documentación donde se puede corroborar que el Ministerio de Trabajo inscribió el pasado 24 de agosto de 2009 al sindicato SITRAVX. Posteriormente la empresa representada por el señor Pedro Miranda mediante la abogada Roxana María Sánchez Eguizábal, promovieron acciones legales para intentar disolver el sindicato en el juzgado 1º de lo laboral. Estas pretensiones fueron rechazadas por el juez por estar fuera de lugar y por errores procesales. Pero la Cámara 1º de lo laboral, falló de manera que pudiera continuar el proceso a solicitud de la empresa. Las trabajadoras aseguraron que la abogada Sánchez Eguizábal trabaja para la oficina jurídica de Mario Sánchez Chinchilla un reconocido abogado empresarial que estaría utilizando influencias personales y familiares en la Cámara 1ª de lo laboral.

VEA LAS DENUNCIAS DE LAS LIDERES DEL SINDICATO SITRAVX

El Ministerio de Trabajo salvadoreño desde el 1º de junio de 2009 bajo la administración de la Dra. Marina de Áviles, ha otorgado personalidad jurídica a varios sindicatos que llevaban años esperando este registro, y que incluso el Comité de Libertad Sindical de la OIT había sugerido registrar. Entre ellos se encuentra el sindicato de la empresa AVX-KYOCERA que fue fundado en agosto de 2007 cuando varias de sus fundadoras fueron despedidas de la empresa en el marco del esfuerzo de organización.

En marzo de 2009, el sindicato tuvo la oportunidad de reunirse con el señor Evan Slavitt, Vice Presidente de Negocios y Asuntos Legales de la Corporación AVX, filial del grupo Kyocera, una multinacional con presencia en varios países del mundo y que se dedica a la fabricación de componentes electrónicos. Durante la reunión el señor Slavitt se comprometió a respetar la ley y a considerar la posibilidad del reinstalo de las trabajadoras despedidas. Sin embargo, los representantes de la corporación en El Salvador, una vez registrado el sindicato, se han dedicado a tratar de eliminarlo por cuestionables vías legales, como las que denunciaron las sindicalistas en esta oportunidad.

Los esfuerzos para alcanzar el pleno ejercicio de la libertad sindical en AVX-KYOCERA, necesitarán de todo el apoyo posible de las organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en promoción de la defensa de los derechos laborales, por lo que solicitamos mantener la mayor atención en este caso.

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ORGANIZACIONES SINDICALES SALVADOREÑAS EXIGEN CESE DE LA REPRESIÓN EN HONDURAS.

Diferentes organizaciones sindicales y populares incluyendo el Frente Sindical Salvadoreño FSS, FESTSSABHRA (Federación del Alimento afiliada de la UITA), y la coordinadora popular por un país sin hambre y seguro (COMPAHAS), dirigieron una carta al Canciller Salvadoreño y a la delegación de la Unión Europea en El Salvador, para solicitar el cese de la represión en Honduras. Desde que se inició el mandato de Porfirio Lobo, surgido de unas elecciones dominadas por los golpistas, se han incrementado los niveles de represión. Las organizaciones se concentraron este lunes 22 de febrero en el monumento al Salvador del Mundo, de donde partieron en caravana hacia la delegación de la Unión Europea, y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Al mismo tiempo que en Bruselas, se encuentran reunidos los gobiernos de Centroamérica y la Unión Europea.

Miembros de FSS, FESTSSABHRA y COMPAHAS esperan frente a Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, les sea admitida su petición al Canciller Salvadoreño, Hugo Martínez.

El documento entregado al canciller detalla varios casos de esos hechos. El día 2 de febrero, dos periodistas fueron desaparecidos temporalmente y fueron objeto de serias amenazas, los periodistas trabajaron en casa presidencial durante el mandato del Presidente Zelaya hasta antes del golpe y luego fueron activos colaboradores de la resistencia. Ese mismo día, Vanessa Yaneth Zepeda una conocida activista contra el golpe de Estado, enfermera, madre de 3 hijas y activista del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguro Social, SITRAIHSS, fue desaparecida y posteriormente lanzado su cuerpo sin vida por un vehículo en marcha al sur de tegucigalpa. El 10 de febrero, Edgar Martínez, otro activista contra el golpe de Estado fue secuestrado temporalmente siendo objeto de interrogatorios y torturas durante su cautiverio. El día 11 de febrero, se da un allanamiento ilegal en la casa de Porfirio Ponce miembro del sindicato de la bebida STIBYS, una de las organizaciones que participa activamente de la resistencia. Durante este allanamiento se sustrae documentación y una computadora con información de las actividades del sindicato y de la resistencia contra el golpe. El día 12 de febrero sufre un atentado el artista Hermes Reyes, Coordinador de Educación, Arte y Cultura del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que integra el Frente Nacional de Resistencia Popular cuando se retiraba de una reunión. Posteriormente el día 15 de febrero es asesinado Julio Funes Benitez otro conocido lider de la resistencia y del sindicato Sindicato de Trabajadores del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SANAA.

Todos estos hechos, dice la carta, se dan al mismo tiempo que “el nuevo gobierno hondureño, esta realizando esfuerzos por regresar a los diferentes foros internacionales y regionales como el SICA y la OEA, y por participar en las negociaciones del acuerdo de asociación entre CA y la Unión Europea”. La ronda de negociaciones se lleva a cabo del 22 al 24 de febrero. Los participantes también dirigieron una nota a la delegación de la Unión Europea en El Salvador manifestando su oposición al Acuerdo de Asociación conocido como ADA, ya que reproduce regulaciones conocidas como los Capítulos de Inversiones, los cuales operan en favor de las empresas multinacionales. Estos han permitido, por ejemplo a la empresa minera PACIFIC RIM demandar al Estado Salvadoreño por más de 70 millones de dólares, luego que las comunidades aledañas se han opuesto a la instalación de una mina de oro y que se han suscitado asesinatos de ambientalistas comunitarios vinculados a dicha resistencia.

En Delegación de la Unión Europea en Santa Elena, esperando la recepción de la misiva.

Las organizaciones salvadoreñas pidieron a su canciller que ante cualquier solicitud del gobierno de Lobo, el gobierno salvadoreño "se mantenga firme en exigir previamente al gobierno Hondureño, un retorno a la democracia, el cual debe empezar por el respeto irrestricto a los derechos humanos, el cese inmediato de la persecución, los asesinatos y las desapariciones forzosas y el juicio y castigo a los responsables de todos los crimenes que se vienen cometiendo contra los activistas sindicales y sociales que se han constituido como defensores de la democracia en Honduras”. Asimismo le manifestaron que la actitud firme del gobierno salvadoreño “puede contribuir a salvar vidas de los luchadores y luchadoras por la democracia en el hermano país”.

Las organizaciones sociales y sindicales se concentraron en el monumento al Salvador del Mundo para llevar sus preocupaciones a la UE y al Canciller Salvadoreño.

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Eliminación de tarifa básica de telefonía pone a prueba “opción preferencial por los pobres” del Presidente Funes.

“… América Móvil, del magnate Carlos Slim, reportaría un salto en sus ganancias del tercer trimestre de más de 53%, debido a una recuperación de la actividad tras la crisis financiera.” (El Economista 23 de Octubre de 2009)

“El grupo de telecomunicaciones español Telefónica dijo que su utilidad neta subió un 9.8% en el primer trimestre, a 1,690 millones de euros, un incremento mayor a la previsión promedio de los analistas debido a su expansión en América Latina” (El Economista 13 de Mayo de 2009)

Las grandes multinacionales de telecomunicaciones, son parte de un selecto grupo de corporaciones, que lejos de verse afectadas por la crisis económica global han visto aumentadas sus ganancias en estos difíciles tiempos. Una de las principales razones es que compañías, gobiernos, y en general, la tendencia en las diferentes actividades económicas frente a la crisis, es desarrollar al máximo la habilidad de ejecutar actividades a distancia, disminuyendo el desplazamiento de empleados, reduciendo puestos de trabajo que duplican labores en diferentes latitudes, y comprimiendo al máximo la masa laboral. Todo para lo cual, se necesita de más y mejores sistemas de comunicaciones.

Estas multinacionales, vienen anunciando no solo rendimientos superiores para 2009, sino anuncian fusiones y nuevos proyectos de expansión para la región. Este es precisamente el contexto, en que se anuncia que la Asamblea Legislativa de El Salvador, a iniciativa del partido FMLN, eliminó el pasado 20 de enero, la tarifa fija básica de telefonía fija. Los diputados argumentaron que esta tarifa, que formalmente se instauró para recuperar la inversión inicial producto de la compra de las empresas al Estado durante la privatización, ya no tenía razón de ser, pues dicha inversión se recupero solo en el primer año de operación. La empresa Estatal fue vendida en 97 millones de dólares y solo CTE recolecta al año cerca de 120 millones de dólares solo en concepto de cargos fijos (10 dólares por un millón de líneas fijas).

Estos cargos básicos que inicialmente eran de 7 dólares para cada línea, actualmente llegan a 10 dólares (más 13% de Iva) y recientemente CTE la filial salvadoreña de América Móvil propiedad de Carlos Slim, solicitó un reajuste tarifario que elevaría esta cuota básica hasta 14 dólares más Iva, solicitud que le fue aprobada por la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, pero que la empresa argumentó que debido a la crisis económica no aplicaría. Todavía. América Móvil controla el 95% de las líneas fijas en El Salvador y en importancia a nivel Centroamericano le sigue Telefónica de España. America Móvil también controla las antiguas empresas estatales privatizadas en Nicaragua y Guatemala.

Por otra parte, las empresas como América Móvil y Telefónica, no se han caracterizado precisamente por ser empleadores responsables en El Salvador y Centroamérica. Los sindicatos de telecomunicaciones de la región han reportado durante años, acciones antisindicales, promoción de sindicatos blancos y bajo control patronal, así como reducción de remuneraciones a los trabajadores y eliminación de prestaciones y puestos de trabajo mediante la subcontratación y el “outsourcing”. Las empresas han desarrollado un sistema de subcontratación que no solo precariza los salarios y las condiciones de trabajo, sino que también permite despedir y deshacerse de los trabajadores y trabajadoras que intentan organizarse para mejorar sus condiciones laborales.

El decreto legislativo promovido por el FMLN y aprobado por unanimidad por todos los partidos políticos, implica para los consumidores salvadoreños, dejaran de pagar 140 millones de dólares al año, si tomamos en cuenta la nueva tarifa autorizada. Esto significa que esta importante cantidad de dinero dinamizaría el mercado interno y estaría directamente a disposición de las familias salvadoreñas que tanto lo necesitan. Una medida que frente al interés contrapuesto de Carlos Slim y el interés de las familias salvadoreñas, implicaría seguramente una “opción preferencial por los pobres”. Una opción que el Presidente Funes, aseguró sería la guía de su gobierno.

El fantasma del veto presidencial.

Sorprendentemente, el Presidente Mauricio Funes lejos de apoyar la medida que beneficiaría la economía de los salvadoreños, ha reaccionado contra el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa. En sus primeras declaraciones calificó la medida de “inconsulta” y “populista”. Tampoco se ha ahorrado argumentos en defensa de la inversión extranjera, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, señalando el peligro de que las empresas retiraran su inversión del país o que se vieran afectados los 12 mil empleados que generan las multinacionales de Telecomunicaciones.

Evidentemente tanto América Móvil como Telefónica encabezan ahora un grupo de presión hacia el presidente salvadoreño, del cual también están participando las empresas Millicom y Digicel que tienen participaciones más modestas en el mercado salvadoreño. En una conferencia de prensa desarrollada el pasado 25 de enero, los representantes de las telefónicas dieron a conocer su oposición rotunda a la medida. Aunque ninguna ha hablado de retirarse del país.

Sin embargo, de las declaraciones del presidente, se pueden interpretar como un posibilidad real que éste está considerando hacer uso del veto presidencial contra el decreto legislativo. Pero en tanto este fue aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos, el veto podría ser superado por una nueva votación que sobrepasara las dos terceras partes de los votos, porcentaje que ya fue superado por la medida inicial.

El Presidente Mauricio Funes en diciembre de 2008 siendo aún candidato a la presidencia por el FMLN, visitó acompañado por su principal asesor económico, Alex Segovia, a Carlos Slim y a Ricardos Salinas Pliego. Dos magnates mexicanos a quienes, según la página oficial del FMLN, les habría garantizado "certidumbre, confianza y garantías” (…) "que, de ganar la elección presidencial, su gobierno respetará la empresa privada, dará seguridad jurídica y creará las condiciones óptimas para las inversiones de capital nacional y extranjero, para crear miles de empleos y combatir la pobreza en este país".

Por su parte, el diputado Roberto Lorenzana miembro de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, ex gerente de campaña de Mauricio Funes y uno de los principales impulsores de la medida, argumentó mediante un artículo publicado en internet y en un periódico vespertino, que la cuota fija carece de justificación en cuanto a recuperar la inversion y menos para amortizar la depreciación de los equipos. Aparte menciona que con dicho decreto se pretenden eliminar lo que llama “una especie de duplicidad en el pago de un servicio” (pues) “la conexión de la que se habla ya fue pagada en el momento de la instalación del teléfono”.

En resumen, los intereses de un magnate y de los usuarios y consumidores salvadoreños, pocas veces están contrapuestos con tanta claridad frente a una medida gubernamental, pero sobre todo frente a la posibilidad que el Presidente Funes avale o intente revertir una medida legislativa. En términos prácticos, probablemente el Presidente Funes no tendrá otra oportunidad más clara de demostrar hacía quienes tendrá una “opción preferencial”.

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¿Qué pueden esperar los trabajadores tras la fusión de Telmex México y Telmex Internacional en AMERICA MÓVIL?

El miércoles 13 de enero, mediante un comunicado de prensa, se anunciaba la fusión de Telmex y Telmex Internacional en América Móvil, a través de una adquisición pública de acciones, en la cual, América Móvil controlaría el 59,4% de Telmex México y 60,7% de Telmex Internacional. Esta acción obedece a la tendencia del mercado de las telecomunicaciones a nivel internacional, donde la tónica marca la concentración de operadores de telefonía móvil y fija en una sola organización. Empresas como France Telecom, Deutsche Telecom, Telecom Italia e incluso la misma Telefónica han llevado a cabo en el pasado fusiones similares.

Para la multinacional, unir sus operaciones es una estrategia de negocios con la que busca tener una empresa más competitiva, a través de una relativa flexibilidad de la estructura administrativa, ya que en adelante sólo se contará con un solo consejo administrativo.

Según datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU) esta operación permite a América Móvil posicionarse en el puesto número cuatro del ranking mundial de operadoras de telecomunicaciones, justo una posición debajo de su acérrima rival la española Telefónica, quien está precedida por Vodafone y China Mobile que tienen 303 y 518 millones de usuarios cada una.

En términos globales Telefónica se mantiene como un operador más grande debido a que además de su presencia en nuestro continente, también opera en otros 3 de los 5 continentes: Europa (España, Reino Unido, Polonia, Bélgica, Alemania, Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca, Austria, Suiza, Francia, Italia) Asia (Japón, Corea, Malasia, Singapur) y África (Sudáfrica y Marruecos). Sin embargo, esta situación no es la misma para la región donde la empresa propiedad de Carlos Slim es la más grande, al contar con 194 millones de accesos en 18 países del continente americano, contra los 126 millones de accesos con los que cuenta la empresa española.

Pese a que los analistas del sector le han dado el visto bueno a esta fusión, hace falta esperar el dictamen de las reguladoras de telecomunicaciones, pues en materia de monopolios a América Móvil no le ha ido muy bien, especialmente en México donde la Comisión Federal de Competencia se ha mostrado en desacuerdo con las condiciones de ventaja que le da el echo de ser operador dominante (en este país el 80% del mercado lo cubren las empresas de Slim). Mientras que en Colombia, su subsidiaria “Comcel”, a principios de año enfrentó un proceso similar con las autoridades.

Las previsiones de los analistas, marcan que en términos de consolidación económica, tras la unificación de Telmex México, Telmex Internacional y América Móvil habrá aumentos significativos en las ganancias, producto de importantes ahorros principalmente en dos factores: materia fiscal y plantilla laboral.

Veamos un mapa más claro de lo que nadie está hablando: la situación de los trabajadores.

Tan sólo en Latinoamérica Telefónica cuenta con una planta laboral de 173 mil trabajadores, mientras que América Móvil tiene tan sólo 36 mil trabajadores.

Pero ¿cómo hace la empresa de Slim, para ofrecer servicio a 194mil usuarios, con tan sólo una tercera parte del personal que tiene su competidora española? la realidad es que América Móvil opera con muchísimo más personal que el que reporta de manera oficial, y es que, la práctica más común dentro de sus políticas de relaciones laborales es la subcontratación, la tercerización y deslocalización de sus empleados, a través de filiales satélites.

En el caso de nuestra región, además de El Salvador, América Móvil opera en Guatemala, Puerto Rico y Nicaragua, al menos desde que las principales empresas de telecomunicaciones fueron privatizadas. Aquí en la región la línea oficial de América Móvil es subcontratar servicios que poco a poco la misma empresa ha ido dejando en manos de empresas filiales satélites. Esto lo ha hecho con el supuesto de que reducirá los costos y hará más eficiente la prestación de los servicios, aunque se sacrifica la estabilidad laboral de los trabajadores que anteriormente realizaban las tareas ahora subcontratadas.

Lo que desde el quehacer cotidiano, las organizaciones sindicales están viendo es todo lo contrario. Muchas de estas empresas operan en actividades en donde las necesidades han sido artificialmente creadas. Personal gerencial que antes laboraba para América Móvil negocia la separación y/o liquidación de las plantillas de trabajadores, para luego fundar sus propias empresas desde donde prestan los mismos servicios que antes realizaban como parte de la compañía matriz. Estos trabajadores cuentan generalmente con menos capacitación, salarios, prestaciones y protección social.

En El Salvador existen por lo menos 9 empresas subcontratistas que laboran para la filial salvadoreña de America Móvil (CTE - Claro), desarrollando labores de instalación y mantenimiento de fibra óptica, servicio correctivo, instalación de líneas, cableado para triple play, instalación de postes, venta de celulares, atención de cajeros de servicio al cliente, así como instalación y mantenimiento de energía y fuerza para las mismas plantas de CTE. Los trabajadores de estas subcontratistas, no solo se han visto imposibilitados de construir una representación sindical efectiva, sino que han sido objeto de represalias antisindicales cuando lo han intentado. Por otra parte la calidad y el servicio al cliente se ve afectado, lo cual se evidencia en el alto índice de reclamos.

En el caso de Guatemala, son 10 empresas subcontratistas las que dan servicios a TELGUA-Claro, la filial Guatemalteca de America Móvil. Las labores que realizan van desde el mantenimiento al área de energía, construcción y obra civil de planta exterior, instalación de equipos informáticos y carga software´s, supervisión y mantenimiento del servicio de datos en la ciudad capital, atención al cliente en las agencias de venta, ampliación y mantenimiento correctivo de fibra óptica, instalación y mantenimiento de generadores en las plantas Telgua y mantenimiento de los vehículos de la misma. Igualmente existe una gran cantidad de quejas y afectaciones cotidianas al eficiente funcionamiento de la empresa producto que las subcontratistas en función de ahorrar recursos económicos, sacrifican la calidad en el servicio y los equipos que instalan o dan mantenimiento. Igualmente los trabajadores de todas estas subcontratistas les está vetado en la práctica, poder ser representados por un sindicato legítimo y la falta de una tutela efectiva de los derechos laborales por parte del Ministerio de Trabajo Guatemalteco, ha favorecido aún más las políticas antisindicales de America Móvil.

Ahora bien, la fusión de Telmex México y Telmex Internacional en América Móvil suponen que habrá una duplicidad en ciertas funciones, que es de esperar, la empresa resolverá eliminando posiciones de trabajo. Implica también que habrá una mayor subcontratación de personal. En resumen: habrá un menor número de trabajadores que goce de los beneficios de la contratación colectiva (en los casos en los que la haya). Esta estrategia de la empresa, resultará una medida con claros tintes antisindicales, pues al dividir y deslocalizar a la fuerza de trabajo podrá evitar de manera más eficiente que los trabajadores de los servicios subcontratados puedan organizarse bajo el modelo sindical.

El caso de Nicaragua es ejemplificante de esta conducta de America Móvil. Su filial nicargüense, ENITEL tiene un modesto contrato colectivo, pero subcontrataba la mayoría de estos servicios a una empresa satélite llamada Correlasa. Igual que en los otros países las empresas madres mantienen la coordinación de las labores cotidianas de los subcontratados aunque tratan de desvincularse legalmente de la relación laboral. En mayo de 2008 un grupo de 32 trabajadores organizó un sindicato y solicitó negociar un contrato colectivo con Correlasa. Entre el 5 y el 8 de junio todos esos trabajadores fueron despedidos, y posteriormente, la gerencia de recursos humanos informó a todos los trabajadores de Correlasa que pasarían a prestar sus servicios para una nueva empresa llamada “Servicios Diversos de Recursos Humanos” dejando así la empresa subcontratista anterior, con solo los trabajadores en conflicto que presentaron sus demandas a las autoridades correspondientes, algunos de los cuales aún llevan dilatados casos legales.

Adicionalmente America Móvil tanto en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, se ha caracterizado por promover sindicatos bajo control patronal o mejor conocidos como “blancos” para hacer contrapeso a los sindicatos legítimos quienes enfrentan obstáculos inimaginables para cumplir su función de representar a los trabajadores. Estos sindicatos blancos reciben de parte de la gerencia de America Móvil, recursos, equipo, apoyo económico y logístico para realizar sus actividades, así como el respaldo público de la empresa frente a los trabajadores. Esto sin embargo, no ha logrado hacer desaparecer o eliminar la influencia de los sindicatos legítimos en los tres países quienes a pesar de las dificultades siguen desarrollando importantes esfuerzos por mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores contratados directa o indirectamente, por America Móvil.

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STIPES y CEPA firman acuerdo que pone fin a protestas en Puerto de Acajutla.

- ULTIMA HORA -

Con la mediación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la noche del 6 de enero, CEPA y STIPES firmaron un acuerdo para poner fin a las acciones de protesta que desde el 24 de diciembre de 2009, mantenían las labores del Puerto de Acajutla a un mínimo nivel de operación. El acuerdo establece que CEPA garantizará que 410 trabajadores del sector agua (estiba y desestiba) sean contratados por 3 operadoras privadas durante 6 meses. Mismo período durante el cual se analizará la modalidad en que la empresa autónoma gubernamental asumirá la contratación directa de este personal. La empresa CEPA garantizará que las empresas contratistas incorporen a la junta directiva del sindicato y que estas, como parte de los contratos, respeten los derechos laborales de los trabajadores, tales como pago de horas extras, nocturnidad, peligrosidad, días festivos, y demás prestaciones que aunque son de ley, no han estado cumpliendo a cabalidad.

Asimismo acordaron establecer una mesa permanente con participación de ambas partes y del Ministerio de Trabajo, la Procuraduría de Derechos Humanos, y de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República. En dicha mesa aparte de analizar el proceso de contratación de los trabajadores por parte de las operadoras privadas, se vigilará que estas cumplan con los derechos laborales como parte de las bases de contratación con la empresa autónoma y se analizaran los detalles de la contratación directa por CEPA dentro de 6 meses. El acuerdo establece que no habrán represalias a los trabajadores que participaron o no en las acciones de protesta.

Lectura de Acuerdo por parte de Procurador de Derechos Humanos, Oscar Luna.

Secretario General de STIPES durante firma de acuerdo.

Firma de acuerdo por parte de Secretario de Asuntos Estratégicos, Ing. Hato Hasbun

Las partes se mostraron satisfechas del acuerdo, el STIPES a pesar de las desconfianzas anteriores, mostró optimismo frente a la mesa permanente que iniciará sus labores el próximo lunes 11 de enero de 2010. También las partes ratificaron su compromiso de elevar los niveles de eficiencia y sostenibilidad del Puerto de Acajutla.

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GOBIERNO DE FUNES ENFRENTA PRIMEROS RETOS EN EL ÁMBITO LABORAL.

Trabajadores se niegan a trabajar en Puerto de Acajutla, aducen incumplimiento de acuerdos.

Desde el día 24 de diciembre, los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria Portuaria STIPES, se han mantenido en una medida de protesta que ha incluido la negativa a presentarse a trabajar en el puerto de Acajutla, así como una concentración que entre el 24 y el 31 de diciembre se desarrollo frente a los portones 4 y 5 del Puerto. En horas de la madrugada del 31 de diciembre, un pelotón de la policía antidisturbios desalojo la protesta. Los sindicalistas se mantienen concentrados en las inmediaciones y reafirman su decisión de no descargar los barcos que llegan a la terminal portuaria. Este 3 de enero, un barco se retiro ante la falta de fuerza de trabajo dispuesta a laborar. A todas luces, parece una huelga de hecho.

La población de Acajutla se ha volcado en apoyo a los trabajadores huelguistas. Alimentos y apoyo, llega espontánea y permanentemente. La solidaridad de la población es el reflejo, que las condiciones de trabajo por las que lucha el sindicato, son de interés de toda la comunidad.

El principal puerto del país, Acajutla, fue prácticamente privatizado en 2002, luego de que el gobierno conservador de ese entonces despidiera de la empresa CEPA[1] a miles de trabajadores, interviniera militarmente el Puerto, cancelara el Contrato Colectivo de Trabajo y entregara las operaciones a varias empresas privadas conocidas como “Operadoras Portuarias”. Los trabajadores que habían laborado por décadas bajo condiciones reguladas, pasaron a ser sub contratados, con salarios bajos y ocasionales, sujetos a los caprichos y discresionalidad de las “Operadoras”, y sin ninguna prestación más que su salario a destajo. La crisis en el mercado interno de la comunidad de Acajutla no se hizo esperar el comercio fue lo más afectado. Y poco a poco los accidentes de trabajo se fueron sucediendo cada vez con mayor gravedad y frecuencia sin que las “Operadoras” asumieran apropiadamente sus responsabilidades laborales. Con el paso de los años, las “Operadoras” se fueron convirtiendo en un referente desdeñable para la comunidad de Acajutla.

En diciembre de 2004, el STIPES, se fundo como un nuevo sindicato de trabajadores, la mayoría, subcontratados por las “Operadoras”. Este esfuerzo enfrentó rápidamente despidos, represión e indiferencia de parte de las operadoras, la CEPA y el gobierno. Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno de Mauricio Funes, en junio 2009, se abrió un halo de esperanza.

En una entrevista realizada a Gregorio Elías Vanegas, secretario general de STIPES, en septiembre de 2009, este evaluaba como positivas las gestiones del nuevo gobierno y señalaba que habían empezado el diálogo con la empresa CEPA para formar una comisión de trabajo de alto nivel, en la cual estaba participando el Sindicato en representación de los trabajadores, el secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia, Franzi (Hato) Hasbún y el presidente de CEPA, Guillermo López Suárez.

La labor de esta comisión fue revisar si las “operadoras” están cumpliendo con todas las obligaciones de la ley, así como elaborar una propuesta conjunta para el funcionamiento del puerto que contemple la seguridad, la estabilidad laboral, el diálogo y negociación permanentes y, por supuesto, solventar el caso de varios trabajadores accidentados y fallecidos en varios accidentes de trabajo ocurridos en los últimos años.

Esta comisión entre septiembre y diciembre realizó más de 20 reuniones en las cuales, el STIPES afirma se acordó que a partir del 1o de enero de 2010, la labor de las operadoras sería retomada por CEPA, que al menos 450 trabajadores serían contratados directamente por la empresa estatal (incluyendo la junta directiva del sindicato) y que el sindicato funcionaría como la “bolsa de trabajo”, una modalidad bastante frecuente en puertos de todo el mundo.

Sin embargo entre el 11 y el 23 de diciembre se dio un lapso en el proceso de dialogo que hasta ese momento había avanzado bastante bien. Luego de ese período, la empresa CEPA dio marcha atrás con los acuerdos y notifico que tres de las operadoras privadas -Inporsa, Opsal y Servigran- seguirían funcionando pero se les agregaría una cláusula al contrato con CEPA en que se comprometerían a respetar los derechos laborales. Sin embargo, estas empresas operadoras, son precisamente de las más repudiadas por la comunidad de Acajutla por sus abusos laborales. Y ahora los trabajadores reclaman cumplimiento a lo acordado hasta antes del 11 de Diciembre dado que adjudican este cambio de posición de la presidencia de CEPA , a presiones de los grupos económicos, propietarios de las empresas “Operadoras”.

Diputados del FMLN y un representante de la empresa mixta Alba Petróleos, se dirigen a los huelguistas solicitando su apoyo para descargar un buque de combustible venezolano.

Así las cosas, desde el 24 de diciembre, los trabajadores han hecho uso de su mejor recurso de presión, la negativa a ir al trabajo bajo condiciones que les son desfavorables. El apoyo de la población a la acción de protesta ha sido solidaria y decidida. El día 31 de diciembre, en la víspera del año nuevo, a eso de las 4 de la madrugada un pelotón policial de la Unidad de Mantenimiento del Orden les desalojo de los portones del puerto. Los trabajadores evitaron cualquier provocación que desembocara en enfrentamientos y se retiraron a unos doscientos de metros a continuar con la protesta.

Aunque las autoridades de CEPA han manifestado que las actividades del puerto continúan con normalidad, una breve visita al terreno indica lo contrario. De hecho, diputados del FMLN y miembros de Alba Petróleos (empresa de capital mixto que distribuye combustible venezolano) han realizado varias gestiones para tratar de persuadir a los sindicalistas de su acción de protesta y para pedir su apoyo a descargar los buques tanqueros. Los trabajadores han respondido con la solicitud de reciprocidad para interponer sus buenos oficios ante el presidente de CEPA y ante el mismo Presidente Mauricio Funes.

Buques esperando ser descargados en Acajutla.

De hecho, los sindicalistas están distribuyendo copias de un video en el que recogen declaraciones durante la campaña electoral, el actual presidente Mauricio Funes. En ellas se comprometió a hacer de Acajutla uno de los mejores puertos de Centroamerica, pero dando beneficios a los trabajadores y luchando contra la corrupción, la cual, según los sindicalistas, proviene básicamente de los negocios irresponsables y codiciosos que realizan actualmente las “Operadoras” privadas. Según ellos, CEPA ha dado marcha atrás a lo acordado luego de presiones del sector privado.

Por su parte, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, ha estado presionando al gobierno a tomar acciones más fuertes contra los sindicalistas. Su Director Ejecutivo Raúl Melara en declaraciones a un matutino manifestó: “El hecho que un grupo de personas se esté tomando las instalaciones de Acajutla definitivamente que debe obligar al gobierno a tomar acciones a la brevedad posible”.

En términos generales, el desafío para el gobierno de Mauricio Funes es muy importante y simbólico. La manera como resuelva esta conflicto indicará si esta dispuesto a distanciarse de la corrupción del anterior gobierno, que subcontrataba innecesariamente a grupos privados afines, actividades que antes realizaba el mismo gobierno, o si mantendrá una política de confrontación con el movimiento sindical que hasta el momento le ha definido como un gobierno “amigo”.

Mientras tanto, el ánimo de lucha de la comunidad de Acajutla y de los sindicalistas de STIPES parece ir en aumento, a pesar de las amenazas de represión, pero con la esperanza de poder mejorar en el corto plazo, las condiciones de vida y trabajo que al menos desde 2002, empeoraron con la llegada de las “Operadoras” Privadas.

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[1] Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA es una Empresa Estatal Autónoma que administra los puertos y aeropuertos.

El Salvador: Los sindicatos en los primeros 100 días de gobierno.

El impulso y su freno

Mauricio Funes y su coalición de Unidad Nacional, encabezada por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), iniciaron el pasado 1 de junio el primer gobierno de izquierda en la historia de El Salvador. Las organizaciones sindicales fueron las primeras en proponer su candidatura y se convirtieron en una pieza clave de la campaña electoral y de toda la compleja estructura que permitió la histórica victoria. El pasado martes 8 se cumplieron los primeros 100 días del nuevo gobierno, y las expectativas de las organizaciones sindicales tienen diferentes puntos de aproximación.

(Artículo Original: www.rel-uita.org)

La población en general ha evaluado bastante favorablemente la administración Funes, las diversas encuestas de medios de comunicación y universidades han resaltado durante la última semana esa percepción favorable. Pero “amor no quita conocimiento”, dice el sabio refrán popular, y diversos líderes sindicales señalan los notables avances en este corto período, pero también las dificultades y puntos pendientes.

Ministerio de Trabajo: avances, pero estructura intacta

La Ministra de Trabajo y Previsión Social del gabinete de Funes es la doctora Victoria Marina de Avilés, una ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia y ex procuradora de los Derechos Humanos. Desde ambos cargos, la doctora “Vicky” de Avilés, como se le conoce, ha logrado el aprecio y el respeto de las organizaciones sociales, sindicales, comunidades y en general del movimiento social.

Jaime Rivera, dirigente del Sindicato del Sector Eléctrico (STSEL), y secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores de los Servicios Públicos de El Salvador (FESTRASPES), manifestó que uno de los principales avances que han visto como Federación en el Ministerio de Trabajo es, precisamente, la agilización de casos emblemáticos, como el del otorgamiento de personalidad jurídica a SITRAVX, el sindicato de la empresa AVX-Kyocera, ubicada en la zona franca San Bartolo, que llevaba dos años esperando el reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo, tiempo que la empresa aprovechó para despedir e intimidar a sus fundadores.

Jaime Rivera, FESTRASPES.

Asimismo, manifestó que los próximos días esperan un hecho similar con el Sindicato de las Comunicaciones (SITCOM), que lleva seis años esperando su registro.

También resaltó como positivo la fundación de la Escuela de Formación Sindical en el ámbito del Ministerio de Trabajo, y manifestó que espera “se le dé seguimiento y que no se quede como un maquillaje, y que el tema de los derechos laborales y las libertades sindicales sean incluidos en los planes de estudios de Secundaria y Bachillerato”.

Finalmente, lamentó que muchos directores del Ministerio de Trabajo no hayan sido removidos de sus puestos, y que, al parecer, esto dificulta alcanzar aún mayores avances.

Por su parte, Atilio Jaimes Pérez, secretario general del Sindicato de Empresa LIDO SA (SELSA), integrante de la Federación de Alimentos (FESTSSAHBRA), manifestó que la alternancia en el gobierno es un avance significativo para el país, y que se han notado cambios positivos en la manera de funcionar del Ministerio de Trabajo, ya que es notorio que se están realizando esfuerzos, sobre todo en las inspecciones en materia de violaciones a los derechos laborales.

Sin embargo, el SELSA ha sostenido en las últimas semanas intensas negociaciones con la patronal de LIDO en el marco de la revisión de la cláusula salarial del Contrato Colectivo vigente que, como estaba acordado, debe actualizarse este año.

La empresa se ha negado a negociar en buena fe y ha demandado judicialmente a los directivos sindicales para intentar despedirles por el simple hecho de hacer uso de sus permisos sindicales sin goce de sueldo.

Asimismo, la empresa ha recurrido a tecnicismos legales para evitar negociar un incremento salarial, proponiendo un vergonzoso aumento de 6 dólares mensuales, lo que queda muy por debajo del aumento de hace un año de 14 dólares mensuales.

La fase de conciliación terminó el 18 de agosto pasado, y el Sindicato aún espera la notificación formal del Ministerio de Trabajo para proponer un proceso de arbitraje.

Ante esto, Atilio Jaimes manifiesta que la labor de mediación del Ministerio de Trabajo sigue teniendo las mismas deficiencias, ya que “existe un marcado desconocimiento de los delegados para buscar una conciliación verdadera, actúan solo como oyentes, y no tienen mayor capacitación o habilidades para realizar una mediación efectiva”.

También coincidió en que la permanencia en puestos clave de directores y jefes que provienen de la administración arenera-conservadora son los principales obstáculos para agilizar un cambio de actitud, eficiencia y efectividad en la labor del Ministerio de Trabajo.

Finalmente, reconoció los esfuerzos del gobierno en la parte social, ya que hay un plan anticrisis que va en beneficio de la gente. Tal es el caso del anuncio de brindar uniformes y zapatos a los estudiantes de bajos recursos para el próximo año escolar, aumentar la cobertura de salud en el Seguro Social de dos a seis meses en caso de perder el empleo, la eliminación de cobros indebidos en los centros de Salud Pública, (práctica conocida durante el gobierno de Arena como “cuotas voluntarias”), la repartición de insumos agrícolas, pensiones a los ancianos y la escrituración de 3 mil títulos de propiedad a igual número de familias campesinas.

Atilio Jaimes Pérez, SELSA-FESTSSABHRA.

Acajutla: la privatización del puerto bajo análisis

El principal puerto del país, Acajutla, fue prácticamente privatizado en 2002, luego de que el gobierno de ese entonces despidiera de la empresa pública autónoma CEPA a miles de trabajadores, cancelara el Contrato Colectivo de Trabajo y entregara las operaciones a varias empresas privadas conocidas como “Operadoras Portuarias”.

En 2004, el STIPES, un nuevo sindicato de trabajadores subcontratados por las operadoras, intentó formarse pero enfrentó rápidamente despidos, represión e indiferencia de parte de las operadoras, de CEPA y del gobierno.

Gregorio Elías Vanegas, secretario general de STIPES, evalúa como positivas las gestiones del nuevo gobierno y señala que ya empezaron el diálogo con la empresa para formar una comisión de trabajo de alto nivel, en la cual estará el Sindicato en representación de los trabajadores, el secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia, Franzi (Hato) Hasbún y el presidente de CEPA, Guillermo López Suárez.

La labor de esta comisión será revisar si las “operadoras” están cumpliendo con todas las obligaciones de la ley, así como elaborar una propuesta conjunta para el funcionamiento del puerto que contemple la seguridad, la estabilidad laboral, el diálogo y negociación permanentes y, por supuesto, solventar el caso de varios trabajadores accidentados y fallecidos en varios accidentes de trabajo ocurridos en los últimos años.

Gregorio Elías Vanegas manifestó que desde que se ha visto la nueva actitud del gobierno, al sindicato le ha sido más fácil conscientizar y afiliar a los trabajadores, aún a los subcontratados, por lo que su membresía ha crecido de 250 afiliados a cerca de 600 en los últimos meses.

Gregorio Elías Vanegas, STIPES.

El Consejo Económico y Social

El Consejo Económico y Social (CES), fue presentado públicamente por el presidente Funes el pasado 3 de septiembre como un organismo consultivo, y que estaría conformado por 24 representantes del movimiento social, 24 de la empresa privada, diez representantes de Universidades y académicos y cuatro del gobierno, encabezados por Alex Segovia, el secretario técnico de la Presidencia.

Sobre este punto, Jaime Rivera manifestó que el problema de la representación del movimiento sindical es que el llamado “movimiento social” ha llegado dividido al CES, ya que no se obtuvo la cuota ideal que el movimiento sindical gestionaba que era de diez de los 24 representantes asignados a las organizaciones sociales.

El último intento de llegar a un acuerdo dejó a los sindicatos con solo ocho representantes, por cual éstos no han decidido aún integrarse al trabajo del Consejo, en búsqueda de lograr una mejor representación.

Pese a que el Consejo sólo es consultivo, Rivera mencionó la importancia de rescatar el espíritu del Foro para la Concertación Económica y Social (FCES), uno de los convenios de paz del acuerdo de Chapultepec de 1992, cuyas resoluciones eran vinculantes y no sólo consultivas.

La derecha en la estructura del Estado

Con una lúcida crítica, Estela Marina Ramírez, líder de las trabajadoras de la costura y la maquila e integrante del Frente Sindical Salvadoreño, no esconde tampoco las limitantes del nuevo momento. “La gente no alcanza a dimensionar que las instituciones del Estado aún no están depuradas”, y señala que ese problema es una cuestión de fondo que puede traer serias consecuencias.

Estela señala particularmente que el poder de la derecha en la Asamblea Legislativa no permite cambiar o derogar “aquellas leyes que nos afectan como trabajadores, y una de ellas –enfatiza- es la que permitió la privatización de las pensiones y que, hoy por hoy, tiene condenados a la miseria a miles de trabajadores que no nos vamos a pensionar”.

Estela ve como una debilidad del nuevo gobierno que “no hay una decisión clara por las opciones socialistas”, y que algunas empresas estatales autónomas siguen siendo manoseadas por la derecha.

Estela Marina Ramírez, Gpo. Hermosa - Frente Sindical Salvadoreño.

La seguridad pública y la herencia del gobierno arenero

Ciertamente, una de las críticas más reiteradas al nuevo gobierno ha sido el de la seguridad ciudadana. Pese a que los crímenes, asesinatos y secuestros han bajado en términos numéricos, la derecha y los grandes medios de comunicación mantienen una fuerte campaña para sembrar zozobra y temor en la población, siendo que el Fiscal General en funciones es una pieza clave dejada por las administraciones conservadoras y el anterior gobierno.

A pesar de que hay un nuevo gobierno, el Fiscal General electo, que es la figura estatal encargada de perseguir los delitos, terminó su periodo el pasado 19 de abril. Pero ARENA y el FMLN no tienen los votos necesarios en el Congreso para elegir por sí mismos al nuevo Fiscal.

Ambos partidos tampoco se han puesto de acuerdo en un candidato de consenso, y se necesitan dos tercios del Congreso para elegir a un Fiscal cifra que no se puede alcanzar sin el FMLN o sin ARENA.

Por lo tanto, está en funciones hasta el día de hoy como Fiscal General Adjunto Astor Escalante, un abogado proveniente de la empresa privada, partidario de métodos e ideas fascistas, quien ha conducido la Fiscalía durante el último año por un nefasto sendero lleno de encubrimientos, fabricación de casos, negligencias y contaminación político-partidaria de los casos.

Basta recordar el caso del asesinato en 2004 del sindicalista salvadoreño-estadounidense Gilberto Soto, que fue manipulado por la Fiscalía para acusar a la suegra del fallecido de planear su crimen mediante una descabellada y trasnochada teoría que los juzgados rápidamente desecharon.

Por su parte, la Fiscalía siguió apelando en diversas instancias en dicho caso, y ahora pretende revertir la acusación contra la suegra de Gilberto Soto y así evitar cualquier posibilidad de que las verdaderas motivaciones del asesinato del sindicalista, miembro de los “Teamsters”, sean investigadas a fondo.

En los últimos años, la Fiscalía General de la República ha tenido este mismo patrón de conducta en todos los crímenes que se sospeche puedan tener motivaciones políticas y/o sindicales: acusar a los familiares y amigos de los asesinados.

La misma constante se verifica en el macabro caso del asesinato de los esposos Manzanares, padres de la locutora de Radio Venceremos -la radio insurgente en los años 80-, ocurrido en julio de 2005, o del activista contra la explotación minera, el ambientalista Marcelo Rivera, desaparecido y asesinado en junio de 2009.

Por eso, el primer paso para que el caso del asesinato de Gilberto Soto y de otros crímenes políticos no queden en la impunidad, es lograr que ARENA y el FMLN elijan un nuevo Fiscal General. Este debe tener capacidad y compromiso con la justicia, para imprimir un nuevo rumbo, distinto al nefasto camino recorrido hasta ahora.

Mientras el gobierno de Funes y el FMLN no logren romper el boicot de la derecha para designar a un Fiscal capaz y honesto que pueda encaminar la institución por nuevos caminos apegados a la ley, será muy difícil combatir la impunidad, promover el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana.