JUST GARMENTS;

LA FÁBRICA ENCADENADA.

Centro de Estudios y Apoyo Laboral, CEAL. Abril 2007.

El pasado lunes 2 de abril, las trabajadoras de Just Garments se presentaron a laborar normalmente en la planta ubicada en el municipio de Soyapango, al oriente de la capital. Se trataba de una jornada semanal corta, dado que a partir del jueves 5 de abril se celebra la semana santa en El Salvador, una festividad religiosa a nivel nacional.
	Portón principal de acceso a Just Garments, encadenado desde el 2 de abril de 2007 por Carlos Simán Safie.

Ese día, nadie pudo entrar a sus labores debido a que se encontraron con que el propietario del edificio, Carlos Siman Safie había colocado cadenas y candados a las puertas del edificio que arrienda desde Julio de 2003 a Just Garments, argumentando el retraso de 4 meses de renta.

Just Garments es una empresa que se formó en el año 2003 como parte de un acuerdo entre la compañía taiwanesa Tainan, y el Sindicato de Trabajadores de Industrias Textiles STIT, para reabrir un centro de trabajo que diera empleo a las personas afectadas por el cierre de Tainan El Salvador. Este cierre se dio en abril 2002, luego que STIT solicitará negociación de un Contrato Colectivo luego de cumplir el requisito legal de representar a más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras de una de las naves de Tainan. Esta corporación taiwanesa poseía en aquel momento 9 naves en 6 países, produciendo para marcas como GAP Inc., Ann Taylor, Kohls, Target, y otras con destino principal al mercado de los EE.UU.

Este acuerdo establecía originalmente que tanto Tainan como STIT iban a designar una persona cada uno para dirigir los destinos de la empresa. Luego de la formación de la empresa, el representante de Tainan en la junta directiva de la empresa se retiró dejando todos los problemas y responsabilidades en manos de las personas que había designado el sindicato. En 2005 luego de otra crisis el Gerente General (elegido por STIT y Tainan) también se retiró de la empresa, dejando el destino de la misma en manos de quienes trabajan directamente en ella. El sindicato y sus representantes intentaron a partir de entonces hacer funcionar este centro de trabajo obteniendo relativos éxitos al consolidar una capacidad de producción de 3.5 mil uniformes semanales.

Sin embargo a lo largo de casi 4 años, lo que enfrentaron fue un verdadero Bloqueo Económico ejecutado por el gobierno salvadoreño y los empresarios maquiladores. Desde conseguir un local, sacar mercadería de aduana, comprar materias primas y encontrar ordenes de producción, todo fue sumamente difícil para esta empresa, que es vista con incomodidad por los empresarios maquiladores de El Salvador y el mismo gobierno.

Una de las manifestaciones más claras de este bloqueo, se dio en diciembre de 2006. Luego de cerca de dos meses del ir y venir de varios recursos legales entre la empresa y la Aduana Salvadoreña (dependencia del Ministerio de Hacienda). La Aduana impuso un cargo del 44% a un contenedor de tela destinado a Just Garments, argumentando no haber sacado dicho contenedor de la Aduana en un plazo de 20 días. Just Garments, argumentó que ninguna disposición establece que luego de vencido el plazo, la empresa deja de tener en vigencia su estatus de exención de impuestos.

El contenedor de telas en disputa, representaba la inversión de una pequeña compañía estadounidense, de reciente formación y enfocada en el comercio justo. Su intención era confeccionar con dicha tela, camisetas en Just Garments y exportarlas a los EE.UU. en mercados donde los consumidores prefieren comprar ropa de las fábricas que tienen sindicatos y que no están dominadas por los abusos clásicos de la maquila. El contenedor poseía suficiente materia prima para confeccionar 60 mil camisetas, la producción de Just Garments para 3 meses.

La aduana salvadoreña no solo no brindó la información precisa y oportuna al socio estadounidense de Just Garments, sino que el representante de Atención al Cliente de la Aduana Salvadoreña afirmó el 6 de octubre de 2006 mediante comunicación escrita que “no deben preocuparse” refiriéndose al plazo de 20 días. Solo unos días después, el 11 de octubre, Aduana le comunicaba que el plazo para sacar la mercadería había vencido el día 4 de octubre de 2006, es decir, antes de su mensaje de “no deben preocuparse”.

Ante esta situación la compañía estadounidense se avocó a pedir ayuda al Ministerio de Economía, y a PROESA (oficina de la vicepresidencia para atraer inversiones) argumentando que parte de su interés en El Salvador provenía de su participación en una exposición sobre de las ventajas de invertir en El Salvador, disertada por la vicepresidenta Vilma de Escobar, en Carolina del Norte. Parece que su socio salvadoreño, -Just Garments- poseía suficiente aversión de parte del gobierno y los maquiladores locales, de los cuales la misma Vicepresidenta ha sido una personalidad cercana en su vida empresarial y personal. La ayuda prometida por el gobierno salvadoreño a la pequeña compañía estadounidense nunca llegó y esta retiró todos sus esfuerzos en enero de 2007, mientras que Just Garments se hundía cada vez más en una severa crisis económica.

Paradójicamente, y a pesar de la vigencia del CAFTA, cerca de 20 empresas de ensamblaje textil han cerrado sus operaciones en El Salvador durante los últimos 2 años, y los empleos disponibles en la maquila se han reducido en cerca de 15 mil. Una de las pocas inversiones nuevas en este sector fue suficientemente incomoda para el status quo, debido a su enfoque principal en la sindicalización, en los derechos laborales y en los mercados de comercio justo.

HACIENDO LEÑA DEL ARBOL CAÍDO.

Una consecuencia lógica de la imposibilidad de contar con ordenes de producción luego de la decisión de la aduana, fue la imposibilidad de Just Garments de costear sus gastos mínimos de operación. De hecho la empresa se quedó por falta de recursos, sin suministro eléctrico entre el 28 de diciembre de 2006 y el 25 de enero de 2007. Y cuando pudo reiniciar sus operaciones, había acumulando ya deudas en salarios con las trabajadoras, pagos de alquiler de seguridad social, y con sus diferentes acreedores, situación que agravaba la crisis ya existente que venía arrastrando por varios meses.

De hecho, en medio de la crisis, un grupo de trabajadoras se avocaron a hacer denuncias y reclamos por el atraso en sus salarios en instancias gubernamentales y no gubernamentales. Al mismo tiempo, la mayoría de las trabajadoras representadas por su sindicato se mantuvieron hasta el día del encadenamiento de las puertas, realizando esfuerzos extraordinarios para intentar reactivar la producción de la empresa, y así salvar su empleo y su centro de trabajo. Este hecho ha mantenido la esperanza de que los centros de trabajo bajo control de las trabajadoras y trabajadores, a pesar de los desafíos y bloqueos que enfrentan por parte del sistema económico, son una alternativa a las condiciones existentes en las industrias de ensamblaje alrededor del mundo.

Mientras tanto, medios de comunicación escritos afines a la derecha conservadora gobernante de El Salvador, no han perdido la oportunidad para señalar el hecho que Just Garments no puede pagar sus cuentas, especialmente, los salarios de las trabajadoras. En una muestra de triunfalismo, trasladan de hecho la alegría de la derecha corporativa y especialmente de los sectores maquiladores. Sin embargo, esos mismos medios escritos, nada mencionan como el sistema económico y el mismo gobierno directamente han generado las condiciones de asfixia económica de la fábrica bajo control obrero. Los mismos medios escritos son generalmente testigos mudos de las luchas sindicales y obreras en la maquila y en otras industrias.

NADANDO CONTRA CORRIENTE, OTRA VEZ.

Como desde que se formó el centro de trabajo conocido como Just Garments, las cosas no han sido fáciles para el colectivo de trabajadoras y trabajadores que han empujado ese esfuerzo. Ahora nuevamente enfrentan un desafío, no solo una crisis que amenaza la viabilidad de su centro de trabajo, sino también una medida ilegal, por parte del propietario del edificio que arriendan con grandes esfuerzos. De hecho, el propietario Carlos Siman Safie, pertenece a una de las familias económicamente influyentes en el país, conocidas como grupos económicos hegemónicos.

A pesar de eso, Just Garments ha iniciado una nueva lucha contra corriente, el día 3 de abril, se interpusieron demandas en contra de Siman Safie, ante el Ministerio de Trabajo por violación al derecho al trabajo de las trabajadoras de Just Garmentes, por violación al artículo 13 del Código de Trabajo que establece que “nadie puede impedir el trabajo a los demás sino mediante resolución de autoridad competente”. Asimismo, se presentó otra denuncia a la Fiscalía General de la República para que investigue y tome cartas en el asunto dado que Carlos Siman Safie al encadenar los portones de Just Garments evita el acceso a la maquinaria y equipo propiedad de la empresa, sin contar con un proceso legal y menos una orden judicial como establece la ley salvadoreña. La Fiscalía General de la República esta presidida por el Fiscal General, Félix Garrid Safie.

Todo parece indicar que hay una verdadera conjunción de esfuerzos orquestándose frente a este esfuerzo llamado “Just Garments” que ha pretendido ser un proveedor de “Prendas con Justicia”.

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