-CASO DE ACAJUTLA, EL SALVADOR C.A.-
En enero de 2002, el gobierno salvadoreño intervino militarmente el Puerto de Acajutla bajo el argumento de aumentar la seguridad debido a los atentados sucedidos en EE.UU. Durante dicha operación, -al igual que unos meses atrás en el Aeropuerto El Salvador - las autoridades usaron la coyuntura para despedir a trabajadores sindicalizados que ahí laboraban, aquí fueron cerca de 2 mil. El hecho presentado como una acción para modernizar el puerto, fue en realidad una operación para entregar las operaciones a Empresas Privadas conocidas como “operadoras”. Varias de ellas; creadas por ex gerentes y mandos medios de CEPA.
Video: Una comunidad destruida por la privatización
Esta acción se venía preparando desde hacia buen rato. Ya habían sido aprobados decretos legislativos mediante las cuales la Autónoma CEPA se desharía de la relación laboral con los trabajadores, y en su lugar “las operadoras” asumirían las contrataciones.
Antes de la intervención militar en 2002, los trabajadores del muelle poseían estabilidad laboral así como respetables salarios y prestaciones. La contratación colectiva que les otorgaba estos beneficios existía desde la década de los 50´s. Ahora, en la nueva modalidad desreguladando, se ganan salarios ínfimos –cuando se tiene suerte- y los perjudicados son las comunidades, el comercio, en fin; las familias obreras y toda la localidad.
Ante tal situación, en diciembre de 2004, los trabajadores formaron nuevamente una organización sindical: el STIPES. Sus fundadores y miembros han enfrentado desde entonces la discriminación en el empleo por parte de “las operadoras”. Debido a eso muchos de sus miembros mantienen su afiliación en el anonimato.
Dos de los fundadores del STIPES, Gregorio Elías Vanegas y Joel García, no han sido tomados en cuenta por ninguna operadora desde aquellas épocas. A pesar que el gobierno salvadoreño a mediados de 2005 manifestó durante la coyuntura de aprobación del TLC con EE.UU. que este caso había sido resuelto favorablemente; los fundadores Vanegas y García siguen desempleados. El resto de fundadores, obtienen a regañadientes algunas plazas temporales para descargar barcos. Por su parte el Ministerio de Trabajo, lejos de actuar contra la discriminación mantiene un expediente en donde justifica la misma en contra los fundadores del sindicato, argumentando que ellos han abandonado sus labores para dedicarse a la actividad sindical. La pregunta es; ¿como pueden abandonar las labores los fundadores del STIPES si bajo la modalidad de contratos a destajo; las operadores eligen en cada descarga, quienes son contratados y quienes no?.
En una reciente reunión entre CEPA y el Sindicato STIPES; en donde participaron por la Autónoma el Arq. Roberto Bará y el Lic. Lemús Herrera, estos funcionarios trataron de desmarcarse de la responsabilidad en los temas laborales. El acta levantada de la reunión dice literalmente “CEPA por su parte les deja claro que esta reunión ha tenido como propósito escuchar el sentir del sindicato, pero deja también claro que no son responsables laboralmente de cualquier problema existente, ya que no la une ningún vínculo laboral en la referida problemática”. Esta afirmación es abiertamente contradictoria con el Art. 5 del Código de Trabajo que literalmente afirma: “El contratista y el sub-contratista responden solidariamente por las obligaciones resultantes de la prestación de los servicios de los trabajadores de éste, empleados en los trabajos requeridos por el contratista”. Esto nos lleva a afirmar categóricamente que si las empresas operadoras no cumplen con las condiciones laborales, es la CEPA la responsable de hacerlo.
Cada vez que hay que descargar un barco, los estibadores se arremolinan a las oficinas de las operadoras privadas para implorar que les contraten a destajo, sin prestaciones, y expuestos a accidentes industriales. Cada nuevo barco a descargar es una nueva oportunidad para escoger el personal que va laborar con ellas. Cada nuevo barco, es una oportunidad de discriminar a los sindicalistas.
Esta situación es resentida por toda la comunidad de Acajutla, especialmente por los comerciantes y vendedoras. No son pocas las vendedoras que se quejan añorando los tiempos en que vendían de manera razonable sus productos, dado que la estabilidad laboral y las prestaciones de la negociación colectiva, generaba un círculo virtuoso que apuntalaba el mercado interno del municipio.
Pero no solamente esta el problema de la falta de estabilidad laboral y de deterioro de la economía del municipio, también esta el problema de la falta de seguridad industrial.
En el muelle existía antes la bodega para mercadería en transito, bajo la cual los estibadores se protegían de la inclemencia del sol y de la lluvia. Esa bodega ya no existe, y cuando llueve de manera intercalada con el abrazante sol; prácticamente a los estibadores solo les queda esperar que la lluvia pase. “Ahí nos quedamos acurrucados como que fuéramos gallinas” manifestó uno de ellos al ser entrevistado.
Este ambiente laboral también permite la inseguridad en las labores. Los accidentes de trabajo están a la orden del día. Miguel Antonio Siciliano Pinto, un joven estibador que fue contraminado por dos containers en el muelle en Septiembre de 2007, fue evacuado escondido bajo un toldo en un Pick Up particular por los encargados de la operadora para la cual laboraba. Durante la evacuación adquirió una bacteria en sus heridas, llegando su vida a peligrar. Ahora se ha convertido en una de las principales voces de denuncia del régimen laboral existente en Acajutla; el cual atenta contra la vida misma de los estibadores.
MÁS CONCESIONES EN EL HORIZONTE:
Las concesiones ahora vuelven a tomar relevancia. En los últimos meses, el gobierno salvadoreño nuevamente ha anunciado su interés en concesionar los puertos, no solo Acajutla, sino también el de Cutuco en La Unión, una vez termine su construcción con fondos donados por Japón.
Albino Román presidente de CEPA -en declaraciones a un matutino- manifestó que la intención del gobierno es concesionar Cutuco una vez sea terminado en noviembre de este año, pero aclaró "va a estar vacío, porque se entregará sin las grúas y los equipos que transportan contenedores en patio", dijo. "El compromiso del concesionario es equiparlo" remató. El presidente de CEPA junto a la Vicepresidenta Vilma de Escobar visitaron Holanda a mediados de junio, para buscar en un congreso de logística internacional, potenciales interesados en tomar la concesión.
Es de conocimiento público que estas concesiones deben ser aprobadas por el órgano legislativo, al cual es urgente demandar, que los derechos laborales sean claramente especificados en todas las concesiones estatales. El caso de Acajutla en que los trabajadores y las comunidades perdieron todas las prestaciones laborales que habían tenido durante cincuenta años no puede repetirse.
Las concesiones -cuando son necesarias-, deben especificar claramente la obligación de las empresas a respetar todas las leyes, especialmente los derechos laborales y los estandares existentes. Si se hubiese aplicado la sustitución patronal en Acajutla acorde al Art. 6 del Código de Trabajo, los trabajadores no estarían en la lamentable situación actual. Esta situación debe enmendarse, y ante todo hay que revisar que tan conveniente es entregar las operaciones de los puertos al mejor postor. ¿Es esto lo que conviene al país?
