España-El Salvador

Mientras en España la transnacional gallega respeta el derecho de los trabajadores y trabajadoras a organizarse en sindicatos, en El Salvador continúa practicando una política antisindical que ya, en América Latina, ha alcanzado la categoría de emblemática.

Y eso es mucho decir en la región que más viola las libertades sindicales a nivel mundial.

Al mismo tiempo que Calvo lanza el primer “atún claro cero por ciento en materia grasa” en el Salón de la Alimentación que se celebra desde el pasado martes 11 y hasta el próximo viernes 14 en Barcelona, España, colocándose al lado de las exigencias del consumidor preocupado por mantener una vida saludable, en El Salvador, ese mismo martes 11, pobladores de 16 cantones y caseríos del departamento de La Unión -donde la transnacional tiene su planta de producción- marcharon por las calles exigiendo el cierre del relleno sanitario ASIGOLFO (Asociación Intercomunal del Golfo de Fonseca).

Según el periódico Co Latino, la marcha salió de El Salvador del Mundo y llegó hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Aurelio Ventura, líder de la comunal del departamento de La Unión, dijo que en el relleno sanitario se depositan de 290 a 300 toneladas de basura diariamente, ocasionando malos olores y contaminación en los mantos acuíferos.

Ventura también se quejó del depósito de desechos de la empresa Calvo. “Esa empresa nos está tirando sus desechos de pescado, y está contaminando más, por el tipo de químicos que ellos utilizan para evitar los olores”, explicó el dirigente.

Para Calvo, parece ser que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría. Unos, a los que, por su poder de consumo, hay que considerar y respetar, y otros, los pobres, que son materia desechable. En el tema ambiental Calvo también discrimina: mientras en Europa hace buena letra, a El Salvador lo usa como su basurero.

Gerardo Iglesias
Rel-UITA

TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES EXIGEN RESOLUCIÓN A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRAS CASI 5 AÑOS.

El próximo 23 de marzo, los trabajadores que en esa fecha de 2003, fundaron el sindicato SITCOM, cumplirán 5 años de espera por ejercer el derecho a formar una organización sindical que les representé.

Según el espíritu de la libertad sindical internacionalmente reconocido por la OIT, formar un sindicato es un acto ejercido por los trabajadores, que el Estado únicamente necesita ratificar. En el caso de El Salvador, este trámite es un verdadero obstáculo, que deja a los fundadores de sindicatos en un limbo de indefensión frente a sus empleadores, lo cual frecuentemente es aprovechado para despedirles y de paso chantajearles para que firmen hojas de renuncia “voluntaria” que luego pueden usar para desmantelar jurídicamente el nacimiento de las organizaciones sindicales. Por otra parte, el Ministerio de Trabajo salvadoreño, utiliza discrecionalmente su autoridad para registrar sindicatos que muchas veces ni siquiera tienen afiliados reales pero que son bajo control patronal o afines al gobierno conservador. Así “aparecen organizaciones que no tienen ni afiliados y de repente ya salen con sindicatos, federaciones, y centrales” comentó Jaime Rivera, dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores de los Servicios Públicos, FESTRASPES.

Dirigentes de SITCOM y SUTTEL en la Corte Suprema de Justicia.
San Salvador, 6 de febrero 2008

Debido a toda esta problemática, los trabajadores de SITCOM acompañados por su sindicato hermano de las telecomunicaciones SUTTEL, así como por representantes de FESTRASPES, CSTS y del Frente Sindical Salvadoreño (FSS) se hicieron presentes este 6 de febrero de 2008 a la Corte Suprema de Justicia a presentar un escrito a la presidencia de la Sala de lo Contenciosos Administrativo. En este solicitan se pronuncie definitivamente y en forma firme, directa, clara y apegada a derecho “para no dejar espacio a dudas o a maniobras de parte del demandado” que en este caso se trata del Ministerio de Trabajo.

Durante 5 años, SITCOM ha demostrado contundentemente en varias instancias; que el Ministerio de Trabajo no actúa apegado a derecho al negarles su personalidad jurídica. La corte ha fallado en dos ocasiones afirmando el derecho que tienen los trabajadores a la libertad sindical pero sin ordenar claramente que el Ministerio otorgue la personalidad jurídica. En el año 2000, el sindicato SUTTEL obtuvo personalidad jurídica luego de 18 meses de espera en un proceso similar, para que la Corte ordenara al Ministerio de Trabajo darles dicho registro. SUTTEL fue el quinto intento de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones CTE-TELECOM por formar una organización sindical, luego que fueran descabezadas las organizaciones sindicales anteriores en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal de telecomunicaciones ANTEL llevado a cabo en 1997. Cuatro intentos previos realizados entre enero y mayo de 1998, fueron saldados con despidos masivos y negativas del Ministerio de Trabajo.

El caso tiene pues, antecedentes por más de 10 años. Y el pasado 4 de septiembre de 2007, SITCOM incluso denunció al Ministro de Trabajo y Previsión Social ante la Fiscalía General de la República por los delitos de Atentados Relativos al Derecho de Asociación y Reunión estipulados en el Art. 294 del Código Penal, así como por el delito de Desobediencia aestipulados en el Art. 322 del Código Penal. Semanas atrás el mismo Presidente de la República, Elías Antonio Saca, evadió ordenar al Ministro de Trabajo, respetar el derecho de asociación a los fundadores de SITCOM. La denuncia en la Fiscalía duerme el sueño de los justos.

SITCOM y SUTTEL presentan escrito a Presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ.San Salvador, 6 de febrero de 2008

Los miembros de SITCOM argumentan que dado que éste es un sindicato de industria; podría representar según la Clasificación Internacional de Ocupaciones de la OIT; a los trabajadores no solo de las telecomunicaciones, sino de la radio, de la televisión y de los medios de comunicación. Según los sindicalistas, esto es percibido como una amenaza por parte de funcionarios gubernamentales (incluyendo el Presidente de la República) y así como por miembros del partido en el poder; quienes tienen abundantes inversiones en los medios de comunicación radiales, televisivos y escritos.

Finalmente afirmaron, que han agotado todas las instancias nacionales para encontrar justicia en algo tan básico como obtener el registro de un sindicato y que están realizando preparativos para acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH para denunciar formalmente al Estado Salvadoreño por este caso emblemático.

A continuación, se presenta un resumen cronológico del caso:

CRONOLOGIA CASO SITCOM

§ El 23 de marzo de 2003 un grupo de 38 trabajadores de 4 empresas de diferentes ramas de la industria de comunicaciones, realizan asamblea general en que conforman el Sindicato de Industria de Trabajadores de las Comunicaciones (SITCOM).

§ El 2 de abril de 2003, presentan en regla los documentos que exige la ley en el art. 219 del CT al Ministerio de Trabajo con el objetivo de obtener personería jurídica.

• El MT previene al sindicato el 8 de abril de 2003 que proporcione las direcciones de las empresas en las cuales laboran los trabajadores fundadores.
• El 11 de abril el sindicato evacua esa prevención. o El MT previene al sindicato el 22 de abril, de hacer modificaciones de forma al lenguaje de los estatutos. El día 24 de abril se evacua la prevención.

§ El 22 de Mayo de 2003, el Ministerio de Trabajo resuelve sin lugar la solicitud de otorgamiento de personería jurídica argumentando que:

• Los trabajadores de las radios no pueden ser parte de un sindicato de la industria de las comunicaciones Un trabajador fundador era empleado por una radio.
• Que los empleadores señalaron en un caso que uno de los trabajadores no laboraban en sus empresas;
• Que cuatro de los constituyentes son supuestos empleados de confianza.
• Que en suma, solo fueron 33 los constituyentes de SITCOM que podrían participar del quorum legal para la fundación del sindicato y que eso es menor a los 35 que establece la ley.

§ El 30 de Mayo de 2003, el sindicato presenta un recurso de revocatoria al Ministerio de Trabajo contra la resolución del 22 de Mayo, exponiendo argumentos jurídicos y documentales que contradecían las valoraciones del Ministerio de Trabajo.

§ El 25 de agosto del año 2003, ante la falta de respuesta del Ministerio de Trabajo, el sindicato acude a la sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia para pedirle que declare ilegal el acto administrativo del Ministro de Trabajo mediante el cual y por vía de la resolución del 22 de Mayo, declaró sin lugar la solicitud de personería jurídica de SITCOM. Para esta petición el sindicato argumenta que:

• El Ministerio cita la agrupación 720, grupo 7200 de la clasificación internacional de ocupaciones como argumento para decir que los trabajadores de las radios NO pueden ser parte de un sindicato de la industria de las comunicaciones. Pero, según este grupo y clasificación internacional; la radio DE HECHO SI ES parte de la Industria de las Comunicaciones. Solo uno de los 38 trabajadores fundadores de SITCOM compareció como trabajador de a una radio.
• Que la empresa CTE S.A. de C.V. despidió a un trabajador fundador y le conminó a firmar una hoja de liquidación con fecha atrasada, el 1 de febrero de 2003.
• Que las empresas deliberadamente señalaron como empleados de confianza a 4 trabajadores con el objetivo de afectar la libertad sindical y la formación del sindicato y que el Ministerio de Trabajo se ha prestado a esa maniobra al no hacer una revisión legal y doctrinal de los casos.
• Que en resumen si existía el quórum legal al momento de formar el sindicato y que la acción del Ministerio fue ilegal.
• Que los argumentos del Ministerio de Trabajo no se basaron en los preceptos de la legislación laboral, a resoluciones similares anteriores del mismo Ministerio, y a la información documental proporcionada.

§ El día 29 de Julio del 2006, SITCOM fue notificado del fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en la cual literalmente dice “declarase ilegal la resolución de las nueve horas del veintidós de mayo del año dos mil tres por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social mediante la cual declara sin lugar la solicitud de otorgamiento de personalidad jurídica al Sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones SITCOM. Como medida para el restablecimiento del derecho violado, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe valorar el requisito de pertenencia a la industria de las comunicaciones mediante los documentos mercantiles pertinentes”. Sin embargo la Corte fue ambigua en su resolución en cuanto al derecho a la personería jurídica sindical, ya que también señaló que “a pesar de que la demanda deba estimarse produciendo así la consecuente declaratoria de ilegalidad del acto impugnado, esta sentencia no puede declarar que la parte actora tiene derecho a que se reconozca la personalidad jurídica de sindicato solicitada”. Esta ambigüedad dejó abierta una puerta jurídica para las subsiguientes acciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

§ El día 14 de septiembre de 2006 SITCOM fue notificado de la resolución del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la cual, a pesar de lo resuelto por la Corte, resuelve: “CONFIRMASE la resolución pronunciada por esta cartera de Estado a las nueve horas del día veintidós de mayo del año dos mil tres, en la cual se declaró SIN LUGAR la solicitud de obtención de personería jurídica” de SITCOM. De esta manera y en abierta violación e irrespeto al ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho, el Ministerio confirma, una resolución que ya había sido declarada ilegal por la Corte Suprema de Justicia.

§ El día 16 de julio de 2007, la Corte Suprema de Justicia notifica a SITCOM que “El Ministro de Trabajo y Previsión Social, no ha cumplido con la medida ordenada por esta Sala para el restablecimiento del derecho violado” al tiempo que “Requiérese al Presidente de la República el cumplimiento de la medida para el restablecimiento del derecho violado” (…) “en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución”.

§ El día 4 de septiembre de 2007, y dado que transcurrió el plazo anterior sin que el Ministerio de Trabajo restableciese el derecho a la libertad sindical violado, SITCOM presentó una denuncia contra el Ministro de Trabajo y Previsión Social ante la Fiscalía General de la República por los delitos de Atentados Relativos al Derecho de Asociación y Reunión estipulados en el Art. 294 del Código Penal, así como por el delito de Desobediencia estipulados en el Art. 322 del Código Penal.

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31 DE OCTUBRE DE 2007, DIA DEL SINDICALISTA.

FALTA DE LIBERTAD SINDICAL ES POLÍTICA DE ESTADO.

Organizaciones Sindicales Exigen Libertad Sindical frente a Ministerio de Trabajo (Sept. 2007)

Hace 18 años, en horas del mediodía la sede sindical de Fenastras era un lugar concurrido por decenas de sindicalistas quienes se juntaban a departir el almuerzo. Eran años difíciles, corría el año de 1989 y hace solo dos meses, una fuerte represión había llevado a la cárcel a decenas de sindicalistas de dicha federación. Los actos represivos vinieron de menos a más desde 1987. A diferencia de los primeros años de la década de los 80´s, ahora la represión era selectiva se buscaba golpear a figuras conocidas y emblemáticas.

La presión de la comunidad internacional sobre el gobierno Democratacristiano obligaba a guardar las apariencias. El presidente Duarte mostraba una política progresista a nivel regional, involucrado en el proceso de pacificación vinculado a las cumbres de Esquipulas, sin embargo, la represión al interior del país, no era ni por cerca asunto superado.

Durante 1987 fue asesinado Herbert Anaya Sanabria presidente de la Comisión de Derechos Humanos no Gubernamental. Uno de sus trabajos más conocidos fue durante estuvo preso con sus compañeros en el penal de mariona. Ahí, sistematizaron con testimonios y gráficos, las torturas que sufrían los presos políticos en los cuerpos policiales. Este trabajo permitió establecer una clara comparación con las técnicas de torturas que enseñaban los oficiales estadounidenses en la Escuela de Las Américas a sus similares; oficiales de los ejércitos de América Latina. Lo anterior, aunado a la autoridad moral de su voz de denuncia, al haber recorrido en carne propia la amarga experiencia de la carcel, le volvió una figura demasiado incómoda para el régimen. Ese mismo año, también fue desaparecido Salvador Ubau, dirigente de ASTUES el sindicato de la Universidad Nacional. Para el año de 1988, la política de represión continuo con el asesinato del dirigente campesino de Morazán Rigoberto Orellana, con la desaparición de 6 sindicalistas de SICAFE y la represión a la marcha universitaria del 13 de septiembre que se saldo con más de 200 capturas; solo por mencionar algunos casos.

Con el ascenso de Alfredo Cristiani como presidente de la República y miembro del partido ARENA en Junio de 1989, la represión fue profundizándose. Se conformaron unidades paramilitares conocidas como las “Defensas Civiles Patrióticas” encabezadas por empresarios reconocidos. Una versión mejorada de los Escuadrones de la Muerte de principios de los 80´s. Asi se sucedieron varios atentados dinamiteros contra la sede de la UNTS y del Comité de Madres y Familiares de Presos, Desaparecidos y Asesinados Políticos; COMADRES. Estos atentados afortunadamente no cobraron victimas por que fueron realizados durante la noche.

Por el contrario, el atentado dinamitero a Fenastras, a la hora de almuerzo en el momento de mayor concentración de personas, perseguía sin dudas el efecto causado. El asesinato de una decena de lideres sindicales, incluyendo la joven y conocida sindicalista Febe Elizabeth Velásquez. Con el paso de los años y con la muerte de sus principales lideres, Fenastras dejó de ser lo que fué en aquellos años intensos de lucha y entrega.

Como cada 31 de octubre desde el año 2000, la CSTS, (Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador) realizó un acto conmemorativo en el día del sindicalista en que se recuerda a las compañeras y compañeros mártires que cayeron en aquel alevoso crimen del año 1989.

La mañana de este día inició con un acto en la tumba de los compañeros y compañeras en el cementerio La Bermeja de San Salvador en donde se realizaron ofrendas florales y el acto de recordatorio y reconocimiento a los mártires. El día culminó con un acto laboral y cultural en la plaza Cívica en el Centro de San Salvador en horas de la tarde. Esta fue la culminación de “La Semana Sindical” en el marco de la cual se desarrollaron actos similares en Santa Ana, San Miguel y San Vicente desde el día 24 de octubre.

A 18 años del atentado dinamitero de 1989 y a 15 años de los acuerdos de paz; el ejercicio de la libertad sindical en El Salvador, sigue siendo un derecho coartado para ejercer en nuestro país. Y como muestra un botón. La Corte Suprema de Justicia, solo un día antes de esta fecha y en una coincidencia de mal gusto, declaró inconstitucionales los convenios 87 y 98 de la OIT. Por su parte el Ministerio de Trabajo continua con sus prácticas de negar los registros legales a los sindicatos legítimos de los trabajadores e independientes del gobierno y los empresarios.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DECLARA INCONSTITUCIONAL CONVENIOS DE LA OIT.

Constitución Política de la República de El Salvador, Art. 47.- Los patronos y trabajadores privados, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas y cualquiera que sea su actividad o la naturaleza del trabajo que realicen, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. El mismo derecho tendrá los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas.

Todavía existe incomprensión sobre como la Corte Suprema de Justicia ha argumentado este artículo 47 de la Constitución de la República para negar el ejercicio de la libertad sindical a los trabajadores estatales y de la Administración Pública. La versión oficial dice que por eliminación al no mencionar al resto de empleados, los dejó afuera.

¿Pero arriba dice sin distinción, cualquiera que sea su actividad? … No señor !! La falta de libertad sindical, es una política de Estado.

Más información en diferentes pronunciamientos de las organizaciones ante la sentencia (Festraspes y sindicatos sector estatal )

MINISTERIO DE TRABAJO DENIEGA REGISTRO LEGAL A SINDICATO DE AVX.

El día martes, 30 de Octubre el Ministerio de Trabajo nuevamente del lado de las grandes empresas, básicamente comunicó a los trabajadores que atendió la solicitud del representante legal de la empresa AVX, Ing. Pedro Juan Miranda Herrera para negar el registro legal al sindicato SITRAVX.

Con apoyo del Frente Sindical Salvadoreño, FSS, este sindicato se conformó el pasado 26 de agosto con 38 trabajadores y la empresa impugnó con argumentos muy cuestionables a 6 de los fundadores, haciendo bajar el número de fundadores/as a 32 personas (menos del mínimo legal de 35). Las razones argumentadas por el patrono fueron que una persona no es trabajador de la empresa, y que 5 de los fundadores son “empleados de confianza”. El sindicato por supuesto esta preparando su argumentación legal para presentar un recurso de revocatoria. Especialmente debido a que cuentan con pruebas en los 6 casos para argumentar ante el Ministro de Trabajo.

Sin embargo, ya existen las amenazas por parte de la empresa de empezar una campaña de despidos antisindicales, ahora que se ha conocido la resolución del Ministerio de Trabajo de negar el registro legal de SITRAVX.

AVX Corporation es parte de la corporación AVX/Kyocera que produce capacitores para diferentes usos. Entre sus principales clientes están Motorola, Nokia, Siemmens, Hewelet Packard, Olean, AC Delco, entre otras.

La sede de AVX Corporation se encuentra en South Caroline y la planta de AVX ubicada en San Bartolo, Ilopango; es una de 20 plantas alrededor del mundo que producen estos chips. En su más reciente reporte financiero de 2007 reportan un aumento en sus ventas de 165 millones de dólares solo en el último año, (un aumento del 7.8% con respecto del año anterior), así como el aumento de la rentabilidad debido al aumento de sus ventas en los tres componentes claves. Para Marzo 2007 reportaron que la corporación posee 968 millones de US$ en capital e inversiones seguras y que no poseen deudas. Definitivamente una corporación bastante poderosa en un sector que esta en crecimiento a nivel global. Lastimosamente los trabajadores no ven los beneficios directos de esta bonanza, al tiempo que se les violenta su derecho a la libertad sindical.

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a mantenerse alertas sobre las amenazas de represalias en contra de las trabajadoras y trabajadores fundadores de SITRAVX y exigir al Ministerio de Trabajo, el reconocimiento de su derecho a la libertad sindical.

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En primer día de vigencia de convenios de OIT en El Salvador:

Se presentan 4 solicitudes ante Ministerio de Trabajo para autorizar sindicatos, mientras siguen en la cárcel lideres del SIGEESAL.

Por Gilberto Ernesto García Dueñas.
Centro de Estudios y Apoyo Laboral CEAL, El Salvador Centroamérica.

A pesar que El Salvador es suscriptor de la Declaración de 1998 de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la cual compromete a todos los firmantes a respetar los convenios fundamentales incluyendo los relativos a libertad sindical; la ratificación en septiembre de 2006 de varios de estos tuvo que esperar un año para que los mismos entraran en plena vigencia. Durante este espacio de tiempo, varias organizaciones laborales del sector público, a quienes históricamente se les negó el derecho a formar sindicatos, prepararon sus documentos y solicitudes de acreditación como sindicatos. Por lo menos 4 de estas sometieron a consideración del Ministerio de Trabajo sus papeleos en las primeras horas del 7 de septiembre de 2007, primer día en que formalmente entran en vigencia los convenios 87 y 98 de la OIT en el país.

Miembros de SIGEESAL denuncian encarcelamiento de 8 de sus compañeras y compañeros durante actividad en el Ministerio de Trabajo.

Primer día de vigencia de convenios, con líderes encarcelados.

El 6 de Julio de 2007, el sindicato del sector salud, SIGEESAL realizó varias acciones de solidaridad a nivel nacional en apoyo a un paro parcial de la seccional de San Vicente del mismo sindicato, el cual denunciaba el desabastecimiento de medicamentos, la corrupción y diferentes modalidades de privatización de los servicios de salud en la ciudad vicentina. Solo 3 días después, el director general de hospitales llegó al compromiso de mejorar el abastecimiento de medicinas, investigar los actos de corrupción y no realizar represalias a los trabajadores y lideres sindicales. Sin embargo, los directores de hospitales de Chalchuapa y Santa Ana – quienes durante las protestas habían presentado demandas por desordenes públicos contra los dirigentes – dejaron activas dichas demandas en la Fiscalía General de la República, ante lo cual esta instancia dio trámite silenciosamente.

En la madrugada del 4 de septiembre, la policía allanó las casas de 8 dirigentes sindicales de SIGEESAL dándoles captura. Así, el primer día de vigencia de los convenios de OIT, los líderes sindicales la pasaron en la cárcel. La Fiscalía General de la República por su parte, se encargó de demorar las diligencias para que la audiencia programada para la tarde del viernes 7, fuera postergada hasta el domingo 9 de septiembre, en donde un juez decidirá la suerte de los sindicalistas, bajo el nuevo régimen legal de criminalización de la protesta social. Las y los lideres capturados son: Ana Luz Ordoñez Castro, Mirian Ruth Castro Lemus, Elsa Yanira Paniagua, Noemí Barrientos de Pérez, Ana Graciela de Carranza, Jorge Emilio Pérez, Manuel Trejo Artero y Anemias Armando Cantadeiro. Y han sido acusados por la fiscalía de “daños agravados y desordenes públicos”.

El SIGEESAL apenas logró en el mes de junio de 2007 recuperar su registro sindical, el cual el gobierno salvadoreño le retiró en el año de 1995 luego de una huelga en el principal hospital del país, el Hospital Rosales. En este caso, el comité de libertad sindical de OIT se pronunció en repetidas ocasiones animando al gobierno a registrar legalmente al sindicato y a permitir la libertad sindical en el sector público.

El caso de SIGEESAL demuestra claramente como, aunque formalmente los convenios de OIT fueron aprobados, el gobierno salvadoreño mantiene una actitud agresiva frente a los intentos de las organizaciones sindicales legítimas.

Resulta tremendamente simbólico, que el Estado salvadoreño haya realizado un encarcelamiento de activistas sindicales, a solo 3 días de entrada en vigencia de los convenios de OIT. Muchas personas se preguntan incluso, si no se trata de enviar un claro mensaje a las organizaciones legítimas de la clase trabajadora.

Solicitudes de primer momento y la sombra del paralelismo.

Solo en las primeras horas del 7 de septiembre, dos organizaciones de empleados judiciales (SINEJUS y SITOJ), una de trabajadores del Ministerio de Salud (SITRAMSPAS) y el sindicato de vigilantes privados (SITRASSPES), presentaron sus solicitudes para ser reconocidos plenamente como organizaciones sindicales. En los primeros tres casos las asociaciones de empleados estatales, ya tienen una larga trayectoria reivindicativa y están haciendo uso de las libertades sindicales ahora reconocidas al menos en teoría. En el caso del sindicato de vigilantes privados el gobierno salvadoreño ha denegado desde 2005 el reconocimiento legal del mismo, caso que también ha trascendido a la OIT. Los argumentos del gobierno van desde que se prohíben la organización de los grupos armados, hasta equipararlos con policías; los cuales siguen teniendo prohibida constitucionalmente la organización sindical.

Sindicatos brindan acompañamiento a nuevas organizaciones en la presentación de sus solicitudes de registro.

Durante un acto de presencia y acompañamiento de varios centenares de sindicalistas a la presentación de los documentos al Ministerio de Trabajo, miembros de diferentes organizaciones aprovecharon la ocasión para hacer múltiples denuncias, tales como capturas, despidos, discriminaciones, entre otras. Sin embargo, fueron muy marcadas las denuncias sobre el renacimiento del paralelismo sindical.

La práctica de formar sindicatos paralelos, más afines al gobierno o a las empresas para hacer contrapeso a los sindicatos legítimos formados con esfuerzos, lucha y sacrificio por los trabajadores, parece ser una práctica que se esta extendiendo. Uno de los casos recientes es el de la empresa CALVO en donde el Ministerio de Trabajo autorizó la formación de un sindicato paralelo afín a la patronal, formado y promovido por los jefes. También ha autorizado sindicatos paralelos en otras empresas privadas en donde funcionan ya sindicatos beligerantes y ha permitido la disolución de sindicatos legítimos como en el caso de la empresa DIANA, donde ahora funciona monopólicamente un sindicato afín a la patronal.

Según un líder sindical, durante una visita de varios dirigentes al despacho ministerial el pasado 28 de agosto para tratar varios temas laborales, el Ministro, Roberto Espinal se excuso sobre el tema de las organizaciones paralelas diciendo que “lo difícil es probar legalmente” que esos sindicatos son patronales.

Más preocupante es, que durante la actividad de protesta de este día, las organizaciones sindicales incluso denunciaron reclamos recibidos en el sitio de parte de los mismos empleados del Ministerio de Trabajo, referentes a que es creciente su descontento y rechazo, a que un sindicato formado con personas y jefaturas “afines al Ministro” ya estaría en formación y en proceso de legalización. De confirmarse esta denuncia; el paralelismo y los sindicatos bajo control patronal, estarían afincándose en el mismo Ministerio de Trabajo.

A pesar que los convenios 87 y 98 de la OIT están ahora formalmente en vigencia en El Salvador, parece que las sombras de la represión y del paralelismo sindical parecen tomar nuevas fuerzas.

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PIRATAS DE CALVO.

Según la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF)

Una BDC - Bandera de Conveniencia - se constituye cuando no existe un vínculo genuino entre el armador, o dueño de un buque, y la bandera que ese buque enarbola. El uso de la Bandera de Conveniencia – BDC, se remonta a antes de la Segunda Guerra Mundial. En la mayoría de los casos, los países que permiten las BDC no desean y/o no pueden hacer cumplir los estándares mínimos de seguridad, ni tampoco los derechos laborales, sociales y sindicales de los trabajadores empleados. Tal parece es el caso de El Salvador con la flota de buques de la transnacional atunera CALVO. Los buques que usan estas banderas, son la versión moderna de un Barco Pirata que saquea los derechos laborales de los países, usando la desregulación. En tiempos en que los Piratas parecen destronados a historias que divierten a chicos y grandes en el cine, es bueno conocer que existen Piratas de Calvo operando en las aguas centroamericanas del Golfo de Fonseca en El Salvador.
Para más información sobre las Banderas de Conveniencia, le sugerimos visitar el sitio web de la ITF, donde se describen los esfuerzos de este sindicato global contra el saqueo de los derechos laborales

Más información sobre los esfuerzos de las centrales Españolas -Comisiones Obreras CCOO y UGT- en apoyo a los trabajadores y trabajadoras -tanto de mar como de tierra- de la empresa Calvo en El Salvador, se encuentran en el siguiente artículo:

Los barcos piratas de CALVO.

Calvo explota a sus trabajadores así en la tierra como en la mar. La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) denuncia banderas de conveniencia, explotación, desregulación y ofrece su solidaridad activa: "Esta pelea es de todos"

Jon Azcue se encontraba en su pueblo natal, Guetaria, en la región septentrional de la península ibérica, desde allí conversó con Sirel sobre Calvo.

Tal vez marcado por la tradición de su pueblo (de donde también es oriundo Juan Sebastián Elcano, primer hombre en dar la vuelta al mundo) Jon estudió en la Escuela Superior de Náutica de Portugalete y es Oficial de la Marina Mercante. Desde 1979 tuvo actividad sindical en el Sindicato Libre de la Marina Mercante a la salida de la dictadura. Posteriormente todos los marinos se unificaron en la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO). Actualmente es Controlador de Salvamento Marítimo en España y Responsable de Marina Mercante, Tráfico Interior y Salvamento Marítimo de esta Confederación. Desde 1986 asiste a las conferencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en representación de los trabajadores de España y en este momento trabaja intensamente en un aspecto fundamental: la aprobación del Convenio Refundido sobre Trabajo Marítimo. Su Internacional, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) que tiene su sede en Londres, mantiene una unidad frente a “lo más pirata que ha existido hasta ahora, que son los barcos con banderas de conveniencia y que no es otra cosa que la explotación de los marinos”.

-Al adherir a la campaña de la UITA, nos comunicas que Calvo es una compañía conocida para ITF ¿por qué?

-Hay un doble trabajo: por un lado, el de las federaciones agroalimentarias de Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT), que han llevado su solidaridad a los trabajadores afectados de El Salvador. Por otra parte (lo digo en nombre propio y en nombre de Jon Willow, responsable de ITF en Londres está nuestro esfuerzo para que se regulen también las condiciones de trabajo de las 11 embarcaciones que tiene Calvo en condiciones de banderas de conveniencia (entre barcos pesqueros y alguno mercante). No se trata solamente de buscar una solidaridad activa con los compañeros de El Salvador sino también tocar el otro negocio de Calvo que es la desregulación de su flota.

Hay miles de trabajadores en barcos con bandera de conveniencia y algunos barcos de El Salvador con bandera de El Salvador. Es curioso, pero le vienen bien porque el gobierno de El Salvador no mira jamás las condiciones de los trabajadores salvadoreños.

Por ello, iniciaremos una acción internacional, no solo desde España, porque trataremos de entrar en los barcos cuando atraquen en cualquier puerto, puede ser en Dinamarca, España o donde entren. La idea concreta es buscar una acción global desde ITF que no solo demuestre solidaridad de palabra con los trabajadores y las trabajadoras de El Salvador, sino una solidaridad activa porque solo así, obligando a Calvo a que también su personal de mar esté en condiciones dignas, estaremos haciendo un acto sindical serio contra la explotación que lleva adelante esta transnacional.

-Nos has dicho también que Calvo es una compañía que gana mucho dinero con el atún ¿Cuál es la situación actual? ¿No hay mejoras para los trabajadores y trabajadoras?

-No. Hay un enriquecimiento familiar importante mientras, con una nueva gerencia desde hace un año y medio, se han agudizado varios problemas en la condición laboral de los trabajadores.

En cualquier caso, no hay una inversión gratuita. Calvo no llegó a El Salvador a poner industrias por solidaridad, se trata de una globalización en sí, que no busca el camino de la regulación (única forma de que la globalización sea justa). La globalización de Calvo consiste en tener banderas de conveniencia, las banderas que le conviene para tener trabajadores en la mar sin condiciones reguladas. Y lo mismo hace con respecto al resto de los trabajadores. Lo que no va a poder hacer en sus fábricas en Europa, donde no intenta explotar o sobreexplotar, lo hace mediante su globalización. Su objetivo es salir a buscar mano de obra barata, no llevar mejores condiciones ni repercusiones para el bienestar de los trabajadores ni de los países a donde va.

Está claro que nuestra pelea sindical es conjunta, agroalimentación y nosotros, UITA e ITF, y entre todos buscaremos la regulación contra la explotación y contra esta globalización donde los trabajadores no tienen ningún derecho.

-¿Cómo actúa Calvo con los trabajadores del mar?

-La actividad que realiza con los barcos está dirigida solamente a poder pescar, y la bandera que coloca a la popa es el baluarte más importante para hacerlo. Por ejemplo, si tiene barcos en el Pacífico usa bandera de las Islas Caimán, en el Atlántico coloca otras banderas. En este conflicto actual, tiene barcos con banderas de El Salvador, pero no le interesa la regulación. Contrata tripulantes de los países que más le conviene, por ejemplo, muchos senegaleses y solo algún que otro español como patrón o maquinista.

Esto está vinculado a poder pescar y a que las condiciones de sus trabajadores no las conozca nadie. ¿Qué le viene a favor? Los puertos que toca. Si sus barcos tocasen puerto español podríamos controlarlos. La importancia de los convenios marítimos y de pesca es que exista cierta regulación y que los estados donde los barcos entran a puerto, puedan controlar no solamente las condiciones técnicas sino también las laborales.

Nosotros vamos a estar atentos para saber dónde están los buques e intentar que cumplan la legislación, aunque use estas banderas piratas o de conveniencia, seguiremos luchando. Tenemos que confiar en nuestra Internacional, si Calvo es fuerte, nuestra Internacional también lo es. En la mayoría de los países tenemos inspectores de ITF para que Calvo no se salga con la suya y dificultar las posibilidades de que esta empresa continúe con la explotación.

-¿Qué mensaje envías a los compañeros de Calvo en El Salvador?

-Que sepan que desde CCOO y sé que también de UGT, nuestra solidaridad no está basada en palabras bonitas. Es cierto que estamos citando a Calvo a una reunión el mes próximo, pero lo más importante es que no ofrecemos palabras, sino la solidaridad real del mundo del trabajo y de los trabajadores con una apuesta firme, porque Calvo no solamente está explotando a los trabajadores de El Salvador y nuestro problema no es solo lo que pasa en los barcos.

Somos activos y queremos que Calvo entienda, que desista de su beligerancia hacia los trabajadores y trabajadoras de El Salvador, porque se va a enfrentar a una pelea constante con la ITF. Nuestro convencimiento es que estamos con ellos en la actividad sindical, no en las palabras. Esta pelea es de todos, tanto de ellos como nuestra.

En Montevideo, Beatriz Sosa Martínez
Rel-UITA

CALVO ENFRENTA DENUNCIAS ANTE LA OIT Y LA COFIDES.

Sindicatos denuncian que bufete de Ministro de Trabajo representa a Calvo.

Simultáneamente a que se desarrollan las últimas jornadas de la 96ª Conferencia Anual de la OIT en Ginebra Suiza que concluirá el próximo 15 de junio; tres sindicatos salvadoreños, el SGTIPAC (que representa trabajadores/as de CALVO), FESTSSABHRA y CSTS han interpuesto este día una queja ante el Comité de Libertad Sindical de OIT contra el gobierno de El Salvador por permitir acciones contra la libertad sindical de la empresa española CALVO, entre las que se destacan despidos de directivos y una fundadora protegidos/a por fuero sindical, intento de despido de otros directivos mediante acciones judiciales, intimidación antisindical en la que participan, gerentes, jefes y vigilantes armados y proposiciones de los gerentes y jefes de CALVO a los trabajadores/as para que formen un sindicato patronal. La queja menciona el hecho que la empresa española esta siendo representada legalmente por un abogado miembro del bufete del Ministro de Trabajo Salvadoreño (José Roberto Espinal), este último, quién a su vez ha ostentado una vicepresidencia en la OIT y preside el consejo de Ministros de Trabajo de Centroamérica.

En junio de 2006, el Grupo CALVO, luego de despedir a 600 trabajadoras/es amenazó con cerrar sus operaciones en El Salvador si no se aprobaban los convenios fundamentales de la OIT entre ellos el 87, 98 y 135 referentes a la libertad sindical, dado que este es un requisito para el SGP+Plus Europeo, un acuerdo que le permiten a los países miembros exportar sin aranceles a la UE y del cual se beneficia CALVO para llevar el Atún desde El Salvador a la UE. Sin embargo la respuesta de CALVO al intento de organización en su planta en Punta Gorda La Unión, no ha sido lo que se hubiera esperado de una empresa que cabildeo la ratificación de las normas fundamentales.

Por su parte la UITA, un sindicato global que representa a 365 sindicatos de la alimentación en 122 países, ha apoyado los esfuerzos de las organizaciones salvadoreñas y también ha publicado recientemente en su sitio web, un extenso reportaje denominado “La Novela de CALVO conservas” http://www.rel-uita.org/sindicatos/calvo/la-novela.htm . En este reporte se desarrolla un recorrido histórico de esta compañía cuya sede se encuentra en Galicia y que ahora ha llegado a Brasil y El Salvador. Ramón Calvo habría mencionado a la revista Cinco Días “Nunca tuvimos una huelga; no sabemos lo que es ir a un tribunal” como prueba de su estricta observancia a los derechos laborales. Sin embargo ahora parece que ese buen record esta amenazado.

Consecuencias económicas para Calvo a estribor, quejas laborales a babor.

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A. es una empresa mixta que apoya las inversiones de empresas españolas en países en desarrollo. Esta compañía financia proyectos de empresas españolas que desean “transnacionalizarse” desarrollados a través de “proyectos privados viables que se lleven a cabo en cualquier país en vías de desarrollo o emergente en los que exista algún tipo de interés español”. Esta compañía precisamente fue la que aportó mediante un préstamo de 52 millones de Euros, el capital para que CALVO estableciera su planta en La Unión, El Salvador.

Sin embargo estos fondos tienen algunas condiciones. Las normas de COFIDES establecen que se; “respetará los derechos humanos de todos sus colaboradores, de conformidad con la Declaración de Derechos Humanos de las NN.UU. y con los principios establecidos en el Pacto Mundial suscrito por COFIDES.” (La declaración de la ONU en el artículo 23 dice: Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.)

Es por esta razón que a la par de la queja ante la OIT, las organizaciones sindicales salvadoreñas han pedido dar trámite a una solicitud ante la Dirección de COFIDES de iniciar un proceso de investigación de las compañías del Grupo CALVO en El Salvador, con el objetivo de determinar si las violaciones a la libertad sindical que están sucediendo en El Salvador son una violación al Código Ético de COFIDES y si esto amerita la terminación de las relaciones mercantiles con el Grupo CALVO El Salvador.

¿Demandas inalcanzables?

Paradójicamente, las demandas de las organizaciones sindicales son muy básicas, están exigiendo el reinstalo de sus directivos y fundadores y el cese de la campaña antisindical de la empresa que esta enfocada en tratar de reducir el crecimiento del sindicato SGTIPAC y así coartarle el camino a la negociación colectiva. Algo que en otras latitudes ya hace CALVO; en El Salvador amenaza en convertirse en un verdadero incidente internacional. Asimismo las organizaciones salvadoreñas exigen el cese del doble estandar. Es sabido que CALVO en España y en Brasil mantiene relaciones laborales que incluyen la negociación colectiva con sindicatos de esos países.

En El Salvador, los gerentes y jefes de CALVO provienen de la misma industria y del sector empresarial salvadoreño, acostumbrados a reprimir cualquier asomo de organización sindical. De hecho el gobierno y los grandes empresarios salvadoreños han mostrado a lo largo de los años que confían en desindicalizar la sociedad como vía para atraer inversiones foráneas. El anterior Ministro de Economía, Miguel Lacayo (2000-2004) en varias ocasiones mencionó la poca tasa de sindicalización como un “atractivo” que ofrecía el país para los inversionistas extranjeros. Precisamente el mismo funcionario, en su vida empresarial, mostró dicha práctica. La Empresa Baterias de El Salvador, propiedad de él y su familia, aplastó en 2006 un naciente esfuerzo de organizar un sindicato en la planta ubicada en la localidad de Sitio del Niño. Sin embargo El Salvador es el país de Centroamérica que a pesar de ser promocionado por el gobierno conservador como “el campeón del libre comercio”, es el que atrae menos inversión extranjera de la región.

Ahora CALVO se encuentra en una verdadera disyuntiva; aplicar en El Salvador su política de relaciones laborales y negociación colectiva, tal como la ha hecho en Brasil y España. O sumarse al club de los grandes empresarios salvadoreños, caracterizados por ser furiosamente antisindicales.

Mientras tanto CALVO se decide, las organizaciones sindicales salvadoreñas ya han procedido a elevar a foros internacionales sus quejas. También han anunciado que están organizando una delegación con sus homólogos de Brasil en las empresas CALVO, para establecer estrategias para estandarizar hacia arriba las normas internacionales de una de las más grandes empresas de Atún del mundo.

San Salvador, 13 de Junio de 2007

Fotos: CEAL

GRUPO CALVO, EL SALVADOR:
FUEROS SINDICALES AFUERA.
"Mientras que los trabajadores siguen presentando denuncias en busca de que las autoridades salvadoreñas cumplan con las normas laborales, el Grupo Calvo continúa aprovechando los beneficios arancelarios de la UE."
Por Raúl Gutiérrez
www.ipsnoticias.net


SAN SALVADOR, abr (IPS) - Graves denuncias de prácticas
antisindicales afronta en El Salvador la firma atunera española
Calvo, que, paradójicamente, supeditó su inversión en el país a
la aprobación de las normas laborales exigidas por la Unión
Europea para otorgar preferencias arancelarias.

Berta Menjívar, despedida en febrero, y José Joaquín
Reyes, quien sufrió igual medida el 15 de marzo, denunciaron
que Grupo Calvo tomó esa decisión contra ellos porque fundaron
en su planta atunera local una seccional del Sindicato General
de Trabajadores de la Industria Pesquera y Actividades Conexas.

"Sí, me despidieron por ser fundadora del sindicato",
aseguró a IPS Menjívar, de 22 años. "Hasta este día estará
trabajando con nosotros", le dijeron cuando se presentó en su
lugar de tareas el 9 de febrero, cinco días después de haberse
constituido el sindicato.

El Grupo Calvo, especializado en captura, producción y
venta de conservas de pescado, tiene plantas procesadoras en su
país de origen y también en Italia y Venezuela, además de la
ubicada en El Salvador, que es considerada la mayor de todas.

Antonio Huezo Avelar, director de la división Calvo
Conservas, ubicada en la oriental provincia de La Unión,
admitió ante IPS el despido de Menjívar, pero indicó que fue por
"infringir normas del reglamento interno de manera repetitiva".

También aseguró que las "faltas de la trabajadora" estaban
explicadas en dos cartas de amonestación previas y que, al
momento de anunciarle el despido, desconocía que ella era una
de las fundadoras de la seccional del sindicato.

Según el artículo 214 del Código Laboral, todo miembro
constituyente de un sindicato está protegido por un fuero
especial por 60 días y, por lo tanto, no puede ser desplazado de
su cargo laboral.

En tanto, Menjívar sostuvo que las cartas que menciona
Avelar le fueron entregadas en un mismo día y que en una de
ellas su firma había sido falsificada.

"Mi única falta fue retrasarme tres minutos luego de un
almuerzo", aduce la sindicalista, quien además dice haber
trabajado para Calvo durante dos años, cobrando 7,17 dólares
diarios, incluyendo jornadas nocturnas de hasta 12 horas sin
recibir el pago adicional que establece la ley en estos casos.

Por su parte, Reyes, secretario de Relaciones de la
seccional, también aseguró que lo despidieron, después de
cuatro años de trabajar en los buques de pesca, por estar
afiliado al sindicato, aunque la empresa le manifestó que la
decisión se debía a que ya era "improductivo".

Este trabajador, según una copia de su contrato que pudo
leer IPS, cobraba 10 centavos de dólar por tonelada descargada
de buques bajo un contrato a término de cuatro o cinco días como
máximo. También estos empleados eran obligados para poder
trabajar a firmar un convenio por el cual la firma no se
responsabilizaba de posibles accidentes laborales.

El año pasado, el Grupo Calvo cabildeó fuertemente para
que El Salvador ratificara los convenios 87, 98, 135 y 151 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referidos a la
libertad sindical y a la negociación colectiva, requisito de la
Unión Europea (UE) para que este país siguiera dentro del
Sistema General de Preferencias Plus (SGP-Plus).

Ese sistema, al que accedió El Salvador en julio de 2005,
permite el ingreso de sus productos sin pagar arancel a la UE.
Ese tributo para las naciones que no gozan del beneficio es de
20,5 por ciento.

La empresa transnacional española, en el marco de esas
presiones, despidió a 600 empleados y amenazó con cerrar todas
sus plantas, aduciendo que perdía competitividad si el país
centroamericano no ratificaba los convenios y mantenía así las
preferencias arancelarias.

Esas presiones fueron férreamente resistidas por sectores
conservadores y empresarios, muchos de ellos ligados al propio
gobierno de Antonio Saca y a su derechista Alianza Republicana
Nacionalista (Arena), quienes rechazaban los acuerdos de la OIT
por considerarlos un "chantaje de la UE".

Finalmente, las presiones de la UE y de la firma Calvo
lograron que el presidente Saca enviara los convenios al
parlamento, que aprobó por unanimidad en la madrugada del 24 de
agosto un paquete de reformas para despejar el camino a su
ratificación.

La ratificación de estos convenios de la OIT también saldó
una deuda del país de casi medio siglo con sus trabajadores.

Las modificaciones aprobadas por el parlamento a la ley de
Servicio Civil, por ejemplo, abrieron paso a que los
trabajadores vinculados a las fuerzas de seguridad, la carrera
judicial y otras "áreas sensibles" tuvieran derecho a la
negociación colectiva y a la libertad sindical (convenios 87 y
98).

Además, con la ratificación de los convenios 135 y 151 se
garantizó la protección para los dirigentes sindicales y se
fijaron parámetros en las relaciones de trabajo en la
administración pública. Los acuerdos entraron en vigor este año.

Para Gilberto García, vicepresidente del Centro de
Estudios y Apoyo Laboral (CEAL), la campaña del Grupo Calvo a
favor de las leyes de trabajo "tenía motivaciones comerciales
más que laborales". Las acciones de la empresa española son
incongruentes con su discurso, dijo a IPS.

"Es escandaloso que ahora Calvo no pueda cumplir esos
preceptos después de haber presionado en favor de la
ratificación de los convenios de la OIT", aseveró García, y
advirtió que el gobierno tampoco hace cumplir las leyes
laborales.

"Los despidos sucedieron después de que los trabajadores
ya estaban protegidos por el fuero sindical, y la empresa sabe
eso. Actúan conociendo que están violando la ley", sostuvo el
asesor sindical.

El Grupo Calvo, que está presente en este país
centroamericano desde 2003 y tiene una inversión de más de 100
millones de dólares, tiene al menos 1.400 mujeres empleadas en
el área de empaque, quienes reciben un salario promedio de siete
dólares por día..

Por su parte, Avelar insistió en que desconoce quiénes
forman el sindicato. "Nosotros no hemos recibido hasta la fecha
comunicación oficial de nadie" sobre la creación de la
seccional. Sin embargo, durante la entrevista con IPS afirmó
saber de por lo menos cinco trabajadores que conformaban la
asociación laboral.

El representante patronal también indicó que el Grupo
Calvo respeta los derechos de sus trabajadores, ya que está
establecido en la Constitución, aunque opinó que pertenecer a un
sindicato no confiere potestades para "infringir los
reglamentos de la compañía".

En una copia del acta de inspección del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social (Mintrab), fechado el 24 de febrero,
consta que Esmeralda Uceda, supervisora inmediata de Menjívar,
reconoció que ésta era una de las mejores trabajadoras de la
planta, aunque luego agrega que "por un tiempo se tornó rebelde".

La inspección del Mintrab también establece que, luego de
entrevistar individualmente a varias trabajadoras, "no se
realiza ningún tipo de comentarios intimidatorios ni
antisindicales", y que la empresa brinda un buen trato hacia
todos los empleados.

Sin embargo, el acta señala que Calvo ha infringido el
artículo 47 de la Constitución y 142 del Código de Trabajo "por
haber despedido de hecho a Berta Menjívar", y le manda
reintegrarla y pagarle los salarios perdidos hasta la fecha,
pues está amparada por el fuero sindical.

Javier Rivas, de la Dirección General de Inspección de
Trabajo del Mintrab, reconoce que, si bien Calvo ha infringido
la ley y que las resoluciones del ministerio deberían ser
obligatorias, los vacíos en la normativa permiten que las
empresas no cumplan con lo que dictan los inspectores laborales,
vulnerando los derechos de los trabajadores.

"Como sindicato no estamos en contra de las fuentes de
trabajo", puntualizó el despedido sindicalista Reyes, pero
entiende que la empresa Calvo ha emprendido una campaña de
intimidación contra el sindicalismo, que incluye despidos
injustificados, así como denigración e insultos contra los
trabajadores.

El Sindicato General de Trabajadores de la Industria
Pesquera y Actividades Conexas está a la espera de la
resolución del ministerio sobre el caso Reyes, la cual estará
basada en la inspección realizada el 30 de marzo.

Mientras que los trabajadores siguen presentando denuncias
en busca de que las autoridades salvadoreñas cumplan con las
normas laborales, el Grupo Calvo continúa aprovechando los
beneficios arancelarios de la UE. (FIN/2007)



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