CEAL-Derechos Laborales en CA

MUJERES TRABAJADORAS ACUSAN A AVX-KYOCERA DE INTENTAR DESTRUIR SU SINDICATO USANDO TRAFICO DE INFLUENCIAS.

2010-03-08T20:00:00.004-06:00

Representantes del sindicato SITRAVX , denunciaron en conferencia de prensa el pasado 4 de marzo de 2010, que la multinacional AVX-KYOCERA ha contratado una oficina de reconocidos abogados empresariales para disolver por vía legal el sindicato en mención. Las trabajadoras denunciaron que la medida es promovida en el juzgado 1º de lo Laboral, en donde uno de los abogados al servicio de la empresa mantiene influencias personales y familiares, por lo que las sindicalistas consideran que la empresa desea valerse de dichas influencias para promover la disolución del sindicato.

La planta de AVX-KYOCERA tiene cerca de dos mil trabajadoras/es en San Bartolo, El Salvador, y producen componentes para las principales y más reconocidas marcas electrónicas del mundo. La empresa lleva funcionando más de 30 años. Y un grupo de trabajadoras fundaron en 2007 el sindicato SITRAVX argumentando malos tratos, bajos salarios, falta de condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y falta de equipo para manipular químicos peligrosos. La mayoría de las trabajadoras de la empresa, así como las afiliadas y lideres de SITRAVX, son mujeres, quienes mantienen sus hogares y familias con la remuneración de su trabajo en AVX-KYOCERA.

Las sindicalistas mostraron información y documentación donde se puede corroborar que el Ministerio de Trabajo inscribió el pasado 24 de agosto de 2009 al sindicato SITRAVX. Posteriormente la empresa representada por el señor Pedro Miranda mediante la abogada Roxana María Sánchez Eguizábal, promovieron acciones legales para intentar disolver el sindicato en el juzgado 1º de lo laboral. Estas pretensiones fueron rechazadas por el juez por estar fuera de lugar y por errores procesales. Pero la Cámara 1º de lo laboral, falló de manera que pudiera continuar el proceso a solicitud de la empresa. Las trabajadoras aseguraron que la abogada Sánchez Eguizábal trabaja para la oficina jurídica de Mario Sánchez Chinchilla un reconocido abogado empresarial que estaría utilizando influencias personales y familiares en la Cámara 1ª de lo laboral.

VEA LAS DENUNCIAS DE LAS LIDERES DEL SINDICATO SITRAVX

El Ministerio de Trabajo salvadoreño desde el 1º de junio de 2009 bajo la administración de la Dra. Marina de Áviles, ha otorgado personalidad jurídica a varios sindicatos que llevaban años esperando este registro, y que incluso el Comité de Libertad Sindical de la OIT había sugerido registrar. Entre ellos se encuentra el sindicato de la empresa AVX-KYOCERA que fue fundado en agosto de 2007 cuando varias de sus fundadoras fueron despedidas de la empresa en el marco del esfuerzo de organización.

En marzo de 2009, el sindicato tuvo la oportunidad de reunirse con el señor Evan Slavitt, Vice Presidente de Negocios y Asuntos Legales de la Corporación AVX, filial del grupo Kyocera, una multinacional con presencia en varios países del mundo y que se dedica a la fabricación de componentes electrónicos. Durante la reunión el señor Slavitt se comprometió a respetar la ley y a considerar la posibilidad del reinstalo de las trabajadoras despedidas. Sin embargo, los representantes de la corporación en El Salvador, una vez registrado el sindicato, se han dedicado a tratar de eliminarlo por cuestionables vías legales, como las que denunciaron las sindicalistas en esta oportunidad.

Los esfuerzos para alcanzar el pleno ejercicio de la libertad sindical en AVX-KYOCERA, necesitarán de todo el apoyo posible de las organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en promoción de la defensa de los derechos laborales, por lo que solicitamos mantener la mayor atención en este caso.

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ORGANIZACIONES SINDICALES SALVADOREÑAS EXIGEN CESE DE LA REPRESIÓN EN HONDURAS.

2010-02-23T09:59:00.005-06:00

Diferentes organizaciones sindicales y populares incluyendo el Frente Sindical Salvadoreño FSS, FESTSSABHRA (Federación del Alimento afiliada de la UITA), y la coordinadora popular por un país sin hambre y seguro (COMPAHAS), dirigieron una carta al Canciller Salvadoreño y a la delegación de la Unión Europea en El Salvador, para solicitar el cese de la represión en Honduras. Desde que se inició el mandato de Porfirio Lobo, surgido de unas elecciones dominadas por los golpistas, se han incrementado los niveles de represión. Las organizaciones se concentraron este lunes 22 de febrero en el monumento al Salvador del Mundo, de donde partieron en caravana hacia la delegación de la Unión Europea, y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Al mismo tiempo que en Bruselas, se encuentran reunidos los gobiernos de Centroamérica y la Unión Europea.

Miembros de FSS, FESTSSABHRA y COMPAHAS esperan frente a Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, les sea admitida su petición al Canciller Salvadoreño, Hugo Martínez.

El documento entregado al canciller detalla varios casos de esos hechos. El día 2 de febrero, dos periodistas fueron desaparecidos temporalmente y fueron objeto de serias amenazas, los periodistas trabajaron en casa presidencial durante el mandato del Presidente Zelaya hasta antes del golpe y luego fueron activos colaboradores de la resistencia. Ese mismo día, Vanessa Yaneth Zepeda una conocida activista contra el golpe de Estado, enfermera, madre de 3 hijas y activista del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguro Social, SITRAIHSS, fue desaparecida y posteriormente lanzado su cuerpo sin vida por un vehículo en marcha al sur de tegucigalpa. El 10 de febrero, Edgar Martínez, otro activista contra el golpe de Estado fue secuestrado temporalmente siendo objeto de interrogatorios y torturas durante su cautiverio. El día 11 de febrero, se da un allanamiento ilegal en la casa de Porfirio Ponce miembro del sindicato de la bebida STIBYS, una de las organizaciones que participa activamente de la resistencia. Durante este allanamiento se sustrae documentación y una computadora con información de las actividades del sindicato y de la resistencia contra el golpe. El día 12 de febrero sufre un atentado el artista Hermes Reyes, Coordinador de Educación, Arte y Cultura del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que integra el Frente Nacional de Resistencia Popular cuando se retiraba de una reunión. Posteriormente el día 15 de febrero es asesinado Julio Funes Benitez otro conocido lider de la resistencia y del sindicato Sindicato de Trabajadores del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SANAA.

Todos estos hechos, dice la carta, se dan al mismo tiempo que “el nuevo gobierno hondureño, esta realizando esfuerzos por regresar a los diferentes foros internacionales y regionales como el SICA y la OEA, y por participar en las negociaciones del acuerdo de asociación entre CA y la Unión Europea”. La ronda de negociaciones se lleva a cabo del 22 al 24 de febrero. Los participantes también dirigieron una nota a la delegación de la Unión Europea en El Salvador manifestando su oposición al Acuerdo de Asociación conocido como ADA, ya que reproduce regulaciones conocidas como los Capítulos de Inversiones, los cuales operan en favor de las empresas multinacionales. Estos han permitido, por ejemplo a la empresa minera PACIFIC RIM demandar al Estado Salvadoreño por más de 70 millones de dólares, luego que las comunidades aledañas se han opuesto a la instalación de una mina de oro y que se han suscitado asesinatos de ambientalistas comunitarios vinculados a dicha resistencia.

En Delegación de la Unión Europea en Santa Elena, esperando la recepción de la misiva.

Las organizaciones salvadoreñas pidieron a su canciller que ante cualquier solicitud del gobierno de Lobo, el gobierno salvadoreño "se mantenga firme en exigir previamente al gobierno Hondureño, un retorno a la democracia, el cual debe empezar por el respeto irrestricto a los derechos humanos, el cese inmediato de la persecución, los asesinatos y las desapariciones forzosas y el juicio y castigo a los responsables de todos los crimenes que se vienen cometiendo contra los activistas sindicales y sociales que se han constituido como defensores de la democracia en Honduras”. Asimismo le manifestaron que la actitud firme del gobierno salvadoreño “puede contribuir a salvar vidas de los luchadores y luchadoras por la democracia en el hermano país”.

Las organizaciones sociales y sindicales se concentraron en el monumento al Salvador del Mundo para llevar sus preocupaciones a la UE y al Canciller Salvadoreño.

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Eliminación de tarifa básica de telefonía pone a prueba “opción preferencial por los pobres” del Presidente Funes.

2010-01-26T12:45:00.007-06:00

“… América Móvil, del magnate Carlos Slim, reportaría un salto en sus ganancias del tercer trimestre de más de 53%, debido a una recuperación de la actividad tras la crisis financiera.” (El Economista 23 de Octubre de 2009)

“El grupo de telecomunicaciones español Telefónica dijo que su utilidad neta subió un 9.8% en el primer trimestre, a 1,690 millones de euros, un incremento mayor a la previsión promedio de los analistas debido a su expansión en América Latina” (El Economista 13 de Mayo de 2009)

Las grandes multinacionales de telecomunicaciones, son parte de un selecto grupo de corporaciones, que lejos de verse afectadas por la crisis económica global han visto aumentadas sus ganancias en estos difíciles tiempos. Una de las principales razones es que compañías, gobiernos, y en general, la tendencia en las diferentes actividades económicas frente a la crisis, es desarrollar al máximo la habilidad de ejecutar actividades a distancia, disminuyendo el desplazamiento de empleados, reduciendo puestos de trabajo que duplican labores en diferentes latitudes, y comprimiendo al máximo la masa laboral. Todo para lo cual, se necesita de más y mejores sistemas de comunicaciones.

Estas multinacionales, vienen anunciando no solo rendimientos superiores para 2009, sino anuncian fusiones y nuevos proyectos de expansión para la región. Este es precisamente el contexto, en que se anuncia que la Asamblea Legislativa de El Salvador, a iniciativa del partido FMLN, eliminó el pasado 20 de enero, la tarifa fija básica de telefonía fija. Los diputados argumentaron que esta tarifa, que formalmente se instauró para recuperar la inversión inicial producto de la compra de las empresas al Estado durante la privatización, ya no tenía razón de ser, pues dicha inversión se recupero solo en el primer año de operación. La empresa Estatal fue vendida en 97 millones de dólares y solo CTE recolecta al año cerca de 120 millones de dólares solo en concepto de cargos fijos (10 dólares por un millón de líneas fijas).

Estos cargos básicos que inicialmente eran de 7 dólares para cada línea, actualmente llegan a 10 dólares (más 13% de Iva) y recientemente CTE la filial salvadoreña de América Móvil propiedad de Carlos Slim, solicitó un reajuste tarifario que elevaría esta cuota básica hasta 14 dólares más Iva, solicitud que le fue aprobada por la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, pero que la empresa argumentó que debido a la crisis económica no aplicaría. Todavía. América Móvil controla el 95% de las líneas fijas en El Salvador y en importancia a nivel Centroamericano le sigue Telefónica de España. America Móvil también controla las antiguas empresas estatales privatizadas en Nicaragua y Guatemala.

Por otra parte, las empresas como América Móvil y Telefónica, no se han caracterizado precisamente por ser empleadores responsables en El Salvador y Centroamérica. Los sindicatos de telecomunicaciones de la región han reportado durante años, acciones antisindicales, promoción de sindicatos blancos y bajo control patronal, así como reducción de remuneraciones a los trabajadores y eliminación de prestaciones y puestos de trabajo mediante la subcontratación y el “outsourcing”. Las empresas han desarrollado un sistema de subcontratación que no solo precariza los salarios y las condiciones de trabajo, sino que también permite despedir y deshacerse de los trabajadores y trabajadoras que intentan organizarse para mejorar sus condiciones laborales.

El decreto legislativo promovido por el FMLN y aprobado por unanimidad por todos los partidos políticos, implica para los consumidores salvadoreños, dejaran de pagar 140 millones de dólares al año, si tomamos en cuenta la nueva tarifa autorizada. Esto significa que esta importante cantidad de dinero dinamizaría el mercado interno y estaría directamente a disposición de las familias salvadoreñas que tanto lo necesitan. Una medida que frente al interés contrapuesto de Carlos Slim y el interés de las familias salvadoreñas, implicaría seguramente una “opción preferencial por los pobres”. Una opción que el Presidente Funes, aseguró sería la guía de su gobierno.

El fantasma del veto presidencial.

Sorprendentemente, el Presidente Mauricio Funes lejos de apoyar la medida que beneficiaría la economía de los salvadoreños, ha reaccionado contra el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa. En sus primeras declaraciones calificó la medida de “inconsulta” y “populista”. Tampoco se ha ahorrado argumentos en defensa de la inversión extranjera, la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, señalando el peligro de que las empresas retiraran su inversión del país o que se vieran afectados los 12 mil empleados que generan las multinacionales de Telecomunicaciones.

Evidentemente tanto América Móvil como Telefónica encabezan ahora un grupo de presión hacia el presidente salvadoreño, del cual también están participando las empresas Millicom y Digicel que tienen participaciones más modestas en el mercado salvadoreño. En una conferencia de prensa desarrollada el pasado 25 de enero, los representantes de las telefónicas dieron a conocer su oposición rotunda a la medida. Aunque ninguna ha hablado de retirarse del país.

Sin embargo, de las declaraciones del presidente, se pueden interpretar como un posibilidad real que éste está considerando hacer uso del veto presidencial contra el decreto legislativo. Pero en tanto este fue aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos, el veto podría ser superado por una nueva votación que sobrepasara las dos terceras partes de los votos, porcentaje que ya fue superado por la medida inicial.

El Presidente Mauricio Funes en diciembre de 2008 siendo aún candidato a la presidencia por el FMLN, visitó acompañado por su principal asesor económico, Alex Segovia, a Carlos Slim y a Ricardos Salinas Pliego. Dos magnates mexicanos a quienes, según la página oficial del FMLN, les habría garantizado "certidumbre, confianza y garantías” (…) "que, de ganar la elección presidencial, su gobierno respetará la empresa privada, dará seguridad jurídica y creará las condiciones óptimas para las inversiones de capital nacional y extranjero, para crear miles de empleos y combatir la pobreza en este país".

Por su parte, el diputado Roberto Lorenzana miembro de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, ex gerente de campaña de Mauricio Funes y uno de los principales impulsores de la medida, argumentó mediante un artículo publicado en internet y en un periódico vespertino, que la cuota fija carece de justificación en cuanto a recuperar la inversion y menos para amortizar la depreciación de los equipos. Aparte menciona que con dicho decreto se pretenden eliminar lo que llama “una especie de duplicidad en el pago de un servicio” (pues) “la conexión de la que se habla ya fue pagada en el momento de la instalación del teléfono”.

En resumen, los intereses de un magnate y de los usuarios y consumidores salvadoreños, pocas veces están contrapuestos con tanta claridad frente a una medida gubernamental, pero sobre todo frente a la posibilidad que el Presidente Funes avale o intente revertir una medida legislativa. En términos prácticos, probablemente el Presidente Funes no tendrá otra oportunidad más clara de demostrar hacía quienes tendrá una “opción preferencial”.

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¿Qué pueden esperar los trabajadores tras la fusión de Telmex México y Telmex Internacional en AMERICA MÓVIL?

2010-01-18T00:35:00.007-06:00

El miércoles 13 de enero, mediante un comunicado de prensa, se anunciaba la fusión de Telmex y Telmex Internacional en América Móvil, a través de una adquisición pública de acciones, en la cual, América Móvil controlaría el 59,4% de Telmex México y 60,7% de Telmex Internacional. Esta acción obedece a la tendencia del mercado de las telecomunicaciones a nivel internacional, donde la tónica marca la concentración de operadores de telefonía móvil y fija en una sola organización. Empresas como France Telecom, Deutsche Telecom, Telecom Italia e incluso la misma Telefónica han llevado a cabo en el pasado fusiones similares.

Para la multinacional, unir sus operaciones es una estrategia de negocios con la que busca tener una empresa más competitiva, a través de una relativa flexibilidad de la estructura administrativa, ya que en adelante sólo se contará con un solo consejo administrativo.

Según datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU) esta operación permite a América Móvil posicionarse en el puesto número cuatro del ranking mundial de operadoras de telecomunicaciones, justo una posición debajo de su acérrima rival la española Telefónica, quien está precedida por Vodafone y China Mobile que tienen 303 y 518 millones de usuarios cada una.

En términos globales Telefónica se mantiene como un operador más grande debido a que además de su presencia en nuestro continente, también opera en otros 3 de los 5 continentes: Europa (España, Reino Unido, Polonia, Bélgica, Alemania, Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca, Austria, Suiza, Francia, Italia) Asia (Japón, Corea, Malasia, Singapur) y África (Sudáfrica y Marruecos). Sin embargo, esta situación no es la misma para la región donde la empresa propiedad de Carlos Slim es la más grande, al contar con 194 millones de accesos en 18 países del continente americano, contra los 126 millones de accesos con los que cuenta la empresa española.

Pese a que los analistas del sector le han dado el visto bueno a esta fusión, hace falta esperar el dictamen de las reguladoras de telecomunicaciones, pues en materia de monopolios a América Móvil no le ha ido muy bien, especialmente en México donde la Comisión Federal de Competencia se ha mostrado en desacuerdo con las condiciones de ventaja que le da el echo de ser operador dominante (en este país el 80% del mercado lo cubren las empresas de Slim). Mientras que en Colombia, su subsidiaria “Comcel”, a principios de año enfrentó un proceso similar con las autoridades.

Las previsiones de los analistas, marcan que en términos de consolidación económica, tras la unificación de Telmex México, Telmex Internacional y América Móvil habrá aumentos significativos en las ganancias, producto de importantes ahorros principalmente en dos factores: materia fiscal y plantilla laboral.

Veamos un mapa más claro de lo que nadie está hablando: la situación de los trabajadores.

Tan sólo en Latinoamérica Telefónica cuenta con una planta laboral de 173 mil trabajadores, mientras que América Móvil tiene tan sólo 36 mil trabajadores.

Pero ¿cómo hace la empresa de Slim, para ofrecer servicio a 194mil usuarios, con tan sólo una tercera parte del personal que tiene su competidora española? la realidad es que América Móvil opera con muchísimo más personal que el que reporta de manera oficial, y es que, la práctica más común dentro de sus políticas de relaciones laborales es la subcontratación, la tercerización y deslocalización de sus empleados, a través de filiales satélites.

En el caso de nuestra región, además de El Salvador, América Móvil opera en Guatemala, Puerto Rico y Nicaragua, al menos desde que las principales empresas de telecomunicaciones fueron privatizadas. Aquí en la región la línea oficial de América Móvil es subcontratar servicios que poco a poco la misma empresa ha ido dejando en manos de empresas filiales satélites. Esto lo ha hecho con el supuesto de que reducirá los costos y hará más eficiente la prestación de los servicios, aunque se sacrifica la estabilidad laboral de los trabajadores que anteriormente realizaban las tareas ahora subcontratadas.

Lo que desde el quehacer cotidiano, las organizaciones sindicales están viendo es todo lo contrario. Muchas de estas empresas operan en actividades en donde las necesidades han sido artificialmente creadas. Personal gerencial que antes laboraba para América Móvil negocia la separación y/o liquidación de las plantillas de trabajadores, para luego fundar sus propias empresas desde donde prestan los mismos servicios que antes realizaban como parte de la compañía matriz. Estos trabajadores cuentan generalmente con menos capacitación, salarios, prestaciones y protección social.

En El Salvador existen por lo menos 9 empresas subcontratistas que laboran para la filial salvadoreña de America Móvil (CTE - Claro), desarrollando labores de instalación y mantenimiento de fibra óptica, servicio correctivo, instalación de líneas, cableado para triple play, instalación de postes, venta de celulares, atención de cajeros de servicio al cliente, así como instalación y mantenimiento de energía y fuerza para las mismas plantas de CTE. Los trabajadores de estas subcontratistas, no solo se han visto imposibilitados de construir una representación sindical efectiva, sino que han sido objeto de represalias antisindicales cuando lo han intentado. Por otra parte la calidad y el servicio al cliente se ve afectado, lo cual se evidencia en el alto índice de reclamos.

En el caso de Guatemala, son 10 empresas subcontratistas las que dan servicios a TELGUA-Claro, la filial Guatemalteca de America Móvil. Las labores que realizan van desde el mantenimiento al área de energía, construcción y obra civil de planta exterior, instalación de equipos informáticos y carga software´s, supervisión y mantenimiento del servicio de datos en la ciudad capital, atención al cliente en las agencias de venta, ampliación y mantenimiento correctivo de fibra óptica, instalación y mantenimiento de generadores en las plantas Telgua y mantenimiento de los vehículos de la misma. Igualmente existe una gran cantidad de quejas y afectaciones cotidianas al eficiente funcionamiento de la empresa producto que las subcontratistas en función de ahorrar recursos económicos, sacrifican la calidad en el servicio y los equipos que instalan o dan mantenimiento. Igualmente los trabajadores de todas estas subcontratistas les está vetado en la práctica, poder ser representados por un sindicato legítimo y la falta de una tutela efectiva de los derechos laborales por parte del Ministerio de Trabajo Guatemalteco, ha favorecido aún más las políticas antisindicales de America Móvil.

Ahora bien, la fusión de Telmex México y Telmex Internacional en América Móvil suponen que habrá una duplicidad en ciertas funciones, que es de esperar, la empresa resolverá eliminando posiciones de trabajo. Implica también que habrá una mayor subcontratación de personal. En resumen: habrá un menor número de trabajadores que goce de los beneficios de la contratación colectiva (en los casos en los que la haya). Esta estrategia de la empresa, resultará una medida con claros tintes antisindicales, pues al dividir y deslocalizar a la fuerza de trabajo podrá evitar de manera más eficiente que los trabajadores de los servicios subcontratados puedan organizarse bajo el modelo sindical.

El caso de Nicaragua es ejemplificante de esta conducta de America Móvil. Su filial nicargüense, ENITEL tiene un modesto contrato colectivo, pero subcontrataba la mayoría de estos servicios a una empresa satélite llamada Correlasa. Igual que en los otros países las empresas madres mantienen la coordinación de las labores cotidianas de los subcontratados aunque tratan de desvincularse legalmente de la relación laboral. En mayo de 2008 un grupo de 32 trabajadores organizó un sindicato y solicitó negociar un contrato colectivo con Correlasa. Entre el 5 y el 8 de junio todos esos trabajadores fueron despedidos, y posteriormente, la gerencia de recursos humanos informó a todos los trabajadores de Correlasa que pasarían a prestar sus servicios para una nueva empresa llamada “Servicios Diversos de Recursos Humanos” dejando así la empresa subcontratista anterior, con solo los trabajadores en conflicto que presentaron sus demandas a las autoridades correspondientes, algunos de los cuales aún llevan dilatados casos legales.

Adicionalmente America Móvil tanto en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, se ha caracterizado por promover sindicatos bajo control patronal o mejor conocidos como “blancos” para hacer contrapeso a los sindicatos legítimos quienes enfrentan obstáculos inimaginables para cumplir su función de representar a los trabajadores. Estos sindicatos blancos reciben de parte de la gerencia de America Móvil, recursos, equipo, apoyo económico y logístico para realizar sus actividades, así como el respaldo público de la empresa frente a los trabajadores. Esto sin embargo, no ha logrado hacer desaparecer o eliminar la influencia de los sindicatos legítimos en los tres países quienes a pesar de las dificultades siguen desarrollando importantes esfuerzos por mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores contratados directa o indirectamente, por America Móvil.

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STIPES y CEPA firman acuerdo que pone fin a protestas en Puerto de Acajutla.

2010-01-07T00:43:00.006-06:00

- ULTIMA HORA -

Con la mediación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la noche del 6 de enero, CEPA y STIPES firmaron un acuerdo para poner fin a las acciones de protesta que desde el 24 de diciembre de 2009, mantenían las labores del Puerto de Acajutla a un mínimo nivel de operación. El acuerdo establece que CEPA garantizará que 410 trabajadores del sector agua (estiba y desestiba) sean contratados por 3 operadoras privadas durante 6 meses. Mismo período durante el cual se analizará la modalidad en que la empresa autónoma gubernamental asumirá la contratación directa de este personal. La empresa CEPA garantizará que las empresas contratistas incorporen a la junta directiva del sindicato y que estas, como parte de los contratos, respeten los derechos laborales de los trabajadores, tales como pago de horas extras, nocturnidad, peligrosidad, días festivos, y demás prestaciones que aunque son de ley, no han estado cumpliendo a cabalidad.

Asimismo acordaron establecer una mesa permanente con participación de ambas partes y del Ministerio de Trabajo, la Procuraduría de Derechos Humanos, y de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República. En dicha mesa aparte de analizar el proceso de contratación de los trabajadores por parte de las operadoras privadas, se vigilará que estas cumplan con los derechos laborales como parte de las bases de contratación con la empresa autónoma y se analizaran los detalles de la contratación directa por CEPA dentro de 6 meses. El acuerdo establece que no habrán represalias a los trabajadores que participaron o no en las acciones de protesta.

Lectura de Acuerdo por parte de Procurador de Derechos Humanos, Oscar Luna.

Secretario General de STIPES durante firma de acuerdo.

Firma de acuerdo por parte de Secretario de Asuntos Estratégicos, Ing. Hato Hasbun

Las partes se mostraron satisfechas del acuerdo, el STIPES a pesar de las desconfianzas anteriores, mostró optimismo frente a la mesa permanente que iniciará sus labores el próximo lunes 11 de enero de 2010. También las partes ratificaron su compromiso de elevar los niveles de eficiencia y sostenibilidad del Puerto de Acajutla.

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GOBIERNO DE FUNES ENFRENTA PRIMEROS RETOS EN EL ÁMBITO LABORAL.

2010-01-04T02:50:00.008-06:00

Trabajadores se niegan a trabajar en Puerto de Acajutla, aducen incumplimiento de acuerdos.

Desde el día 24 de diciembre, los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria Portuaria STIPES, se han mantenido en una medida de protesta que ha incluido la negativa a presentarse a trabajar en el puerto de Acajutla, así como una concentración que entre el 24 y el 31 de diciembre se desarrollo frente a los portones 4 y 5 del Puerto. En horas de la madrugada del 31 de diciembre, un pelotón de la policía antidisturbios desalojo la protesta. Los sindicalistas se mantienen concentrados en las inmediaciones y reafirman su decisión de no descargar los barcos que llegan a la terminal portuaria. Este 3 de enero, un barco se retiro ante la falta de fuerza de trabajo dispuesta a laborar. A todas luces, parece una huelga de hecho.

La población de Acajutla se ha volcado en apoyo a los trabajadores huelguistas. Alimentos y apoyo, llega espontánea y permanentemente. La solidaridad de la población es el reflejo, que las condiciones de trabajo por las que lucha el sindicato, son de interés de toda la comunidad.

El principal puerto del país, Acajutla, fue prácticamente privatizado en 2002, luego de que el gobierno conservador de ese entonces despidiera de la empresa CEPA[1] a miles de trabajadores, interviniera militarmente el Puerto, cancelara el Contrato Colectivo de Trabajo y entregara las operaciones a varias empresas privadas conocidas como “Operadoras Portuarias”. Los trabajadores que habían laborado por décadas bajo condiciones reguladas, pasaron a ser sub contratados, con salarios bajos y ocasionales, sujetos a los caprichos y discresionalidad de las “Operadoras”, y sin ninguna prestación más que su salario a destajo. La crisis en el mercado interno de la comunidad de Acajutla no se hizo esperar el comercio fue lo más afectado. Y poco a poco los accidentes de trabajo se fueron sucediendo cada vez con mayor gravedad y frecuencia sin que las “Operadoras” asumieran apropiadamente sus responsabilidades laborales. Con el paso de los años, las “Operadoras” se fueron convirtiendo en un referente desdeñable para la comunidad de Acajutla.

En diciembre de 2004, el STIPES, se fundo como un nuevo sindicato de trabajadores, la mayoría, subcontratados por las “Operadoras”. Este esfuerzo enfrentó rápidamente despidos, represión e indiferencia de parte de las operadoras, la CEPA y el gobierno. Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno de Mauricio Funes, en junio 2009, se abrió un halo de esperanza.

En una entrevista realizada a Gregorio Elías Vanegas, secretario general de STIPES, en septiembre de 2009, este evaluaba como positivas las gestiones del nuevo gobierno y señalaba que habían empezado el diálogo con la empresa CEPA para formar una comisión de trabajo de alto nivel, en la cual estaba participando el Sindicato en representación de los trabajadores, el secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia, Franzi (Hato) Hasbún y el presidente de CEPA, Guillermo López Suárez.

La labor de esta comisión fue revisar si las “operadoras” están cumpliendo con todas las obligaciones de la ley, así como elaborar una propuesta conjunta para el funcionamiento del puerto que contemple la seguridad, la estabilidad laboral, el diálogo y negociación permanentes y, por supuesto, solventar el caso de varios trabajadores accidentados y fallecidos en varios accidentes de trabajo ocurridos en los últimos años.

Esta comisión entre septiembre y diciembre realizó más de 20 reuniones en las cuales, el STIPES afirma se acordó que a partir del 1o de enero de 2010, la labor de las operadoras sería retomada por CEPA, que al menos 450 trabajadores serían contratados directamente por la empresa estatal (incluyendo la junta directiva del sindicato) y que el sindicato funcionaría como la “bolsa de trabajo”, una modalidad bastante frecuente en puertos de todo el mundo.

Sin embargo entre el 11 y el 23 de diciembre se dio un lapso en el proceso de dialogo que hasta ese momento había avanzado bastante bien. Luego de ese período, la empresa CEPA dio marcha atrás con los acuerdos y notifico que tres de las operadoras privadas -Inporsa, Opsal y Servigran- seguirían funcionando pero se les agregaría una cláusula al contrato con CEPA en que se comprometerían a respetar los derechos laborales. Sin embargo, estas empresas operadoras, son precisamente de las más repudiadas por la comunidad de Acajutla por sus abusos laborales. Y ahora los trabajadores reclaman cumplimiento a lo acordado hasta antes del 11 de Diciembre dado que adjudican este cambio de posición de la presidencia de CEPA , a presiones de los grupos económicos, propietarios de las empresas “Operadoras”.

Diputados del FMLN y un representante de la empresa mixta Alba Petróleos, se dirigen a los huelguistas solicitando su apoyo para descargar un buque de combustible venezolano.

Así las cosas, desde el 24 de diciembre, los trabajadores han hecho uso de su mejor recurso de presión, la negativa a ir al trabajo bajo condiciones que les son desfavorables. El apoyo de la población a la acción de protesta ha sido solidaria y decidida. El día 31 de diciembre, en la víspera del año nuevo, a eso de las 4 de la madrugada un pelotón policial de la Unidad de Mantenimiento del Orden les desalojo de los portones del puerto. Los trabajadores evitaron cualquier provocación que desembocara en enfrentamientos y se retiraron a unos doscientos de metros a continuar con la protesta.

Aunque las autoridades de CEPA han manifestado que las actividades del puerto continúan con normalidad, una breve visita al terreno indica lo contrario. De hecho, diputados del FMLN y miembros de Alba Petróleos (empresa de capital mixto que distribuye combustible venezolano) han realizado varias gestiones para tratar de persuadir a los sindicalistas de su acción de protesta y para pedir su apoyo a descargar los buques tanqueros. Los trabajadores han respondido con la solicitud de reciprocidad para interponer sus buenos oficios ante el presidente de CEPA y ante el mismo Presidente Mauricio Funes.

Buques esperando ser descargados en Acajutla.

De hecho, los sindicalistas están distribuyendo copias de un video en el que recogen declaraciones durante la campaña electoral, el actual presidente Mauricio Funes. En ellas se comprometió a hacer de Acajutla uno de los mejores puertos de Centroamerica, pero dando beneficios a los trabajadores y luchando contra la corrupción, la cual, según los sindicalistas, proviene básicamente de los negocios irresponsables y codiciosos que realizan actualmente las “Operadoras” privadas. Según ellos, CEPA ha dado marcha atrás a lo acordado luego de presiones del sector privado.

Por su parte, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, ha estado presionando al gobierno a tomar acciones más fuertes contra los sindicalistas. Su Director Ejecutivo Raúl Melara en declaraciones a un matutino manifestó: “El hecho que un grupo de personas se esté tomando las instalaciones de Acajutla definitivamente que debe obligar al gobierno a tomar acciones a la brevedad posible”.

En términos generales, el desafío para el gobierno de Mauricio Funes es muy importante y simbólico. La manera como resuelva esta conflicto indicará si esta dispuesto a distanciarse de la corrupción del anterior gobierno, que subcontrataba innecesariamente a grupos privados afines, actividades que antes realizaba el mismo gobierno, o si mantendrá una política de confrontación con el movimiento sindical que hasta el momento le ha definido como un gobierno “amigo”.

Mientras tanto, el ánimo de lucha de la comunidad de Acajutla y de los sindicalistas de STIPES parece ir en aumento, a pesar de las amenazas de represión, pero con la esperanza de poder mejorar en el corto plazo, las condiciones de vida y trabajo que al menos desde 2002, empeoraron con la llegada de las “Operadoras” Privadas.

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[1] Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA es una Empresa Estatal Autónoma que administra los puertos y aeropuertos.

El Salvador: Los sindicatos en los primeros 100 días de gobierno.

2009-09-11T08:35:00.001-06:00

El impulso y su freno

Mauricio Funes y su coalición de Unidad Nacional, encabezada por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), iniciaron el pasado 1 de junio el primer gobierno de izquierda en la historia de El Salvador. Las organizaciones sindicales fueron las primeras en proponer su candidatura y se convirtieron en una pieza clave de la campaña electoral y de toda la compleja estructura que permitió la histórica victoria. El pasado martes 8 se cumplieron los primeros 100 días del nuevo gobierno, y las expectativas de las organizaciones sindicales tienen diferentes puntos de aproximación.

(Artículo Original: www.rel-uita.org)

La población en general ha evaluado bastante favorablemente la administración Funes, las diversas encuestas de medios de comunicación y universidades han resaltado durante la última semana esa percepción favorable. Pero “amor no quita conocimiento”, dice el sabio refrán popular, y diversos líderes sindicales señalan los notables avances en este corto período, pero también las dificultades y puntos pendientes.

Ministerio de Trabajo: avances, pero estructura intacta

La Ministra de Trabajo y Previsión Social del gabinete de Funes es la doctora Victoria Marina de Avilés, una ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia y ex procuradora de los Derechos Humanos. Desde ambos cargos, la doctora “Vicky” de Avilés, como se le conoce, ha logrado el aprecio y el respeto de las organizaciones sociales, sindicales, comunidades y en general del movimiento social.

Jaime Rivera, dirigente del Sindicato del Sector Eléctrico (STSEL), y secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores de los Servicios Públicos de El Salvador (FESTRASPES), manifestó que uno de los principales avances que han visto como Federación en el Ministerio de Trabajo es, precisamente, la agilización de casos emblemáticos, como el del otorgamiento de personalidad jurídica a SITRAVX, el sindicato de la empresa AVX-Kyocera, ubicada en la zona franca San Bartolo, que llevaba dos años esperando el reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo, tiempo que la empresa aprovechó para despedir e intimidar a sus fundadores.

Jaime Rivera, FESTRASPES.
Asimismo, manifestó que los próximos días esperan un hecho similar con el Sindicato de las Comunicaciones (SITCOM), que lleva seis años esperando su registro.

También resaltó como positivo la fundación de la Escuela de Formación Sindical en el ámbito del Ministerio de Trabajo, y manifestó que espera “se le dé seguimiento y que no se quede como un maquillaje, y que el tema de los derechos laborales y las libertades sindicales sean incluidos en los planes de estudios de Secundaria y Bachillerato”.

Finalmente, lamentó que muchos directores del Ministerio de Trabajo no hayan sido removidos de sus puestos, y que, al parecer, esto dificulta alcanzar aún mayores avances.

Por su parte, Atilio Jaimes Pérez, secretario general del Sindicato de Empresa LIDO SA (SELSA), integrante de la Federación de Alimentos (FESTSSAHBRA), manifestó que la alternancia en el gobierno es un avance significativo para el país, y que se han notado cambios positivos en la manera de funcionar del Ministerio de Trabajo, ya que es notorio que se están realizando esfuerzos, sobre todo en las inspecciones en materia de violaciones a los derechos laborales.

Sin embargo, el SELSA ha sostenido en las últimas semanas intensas negociaciones con la patronal de LIDO en el marco de la revisión de la cláusula salarial del Contrato Colectivo vigente que, como estaba acordado, debe actualizarse este año.

La empresa se ha negado a negociar en buena fe y ha demandado judicialmente a los directivos sindicales para intentar despedirles por el simple hecho de hacer uso de sus permisos sindicales sin goce de sueldo.

Asimismo, la empresa ha recurrido a tecnicismos legales para evitar negociar un incremento salarial, proponiendo un vergonzoso aumento de 6 dólares mensuales, lo que queda muy por debajo del aumento de hace un año de 14 dólares mensuales.

La fase de conciliación terminó el 18 de agosto pasado, y el Sindicato aún espera la notificación formal del Ministerio de Trabajo para proponer un proceso de arbitraje.

Ante esto, Atilio Jaimes manifiesta que la labor de mediación del Ministerio de Trabajo sigue teniendo las mismas deficiencias, ya que “existe un marcado desconocimiento de los delegados para buscar una conciliación verdadera, actúan solo como oyentes, y no tienen mayor capacitación o habilidades para realizar una mediación efectiva”.

También coincidió en que la permanencia en puestos clave de directores y jefes que provienen de la administración arenera-conservadora son los principales obstáculos para agilizar un cambio de actitud, eficiencia y efectividad en la labor del Ministerio de Trabajo.

Finalmente, reconoció los esfuerzos del gobierno en la parte social, ya que hay un plan anticrisis que va en beneficio de la gente. Tal es el caso del anuncio de brindar uniformes y zapatos a los estudiantes de bajos recursos para el próximo año escolar, aumentar la cobertura de salud en el Seguro Social de dos a seis meses en caso de perder el empleo, la eliminación de cobros indebidos en los centros de Salud Pública, (práctica conocida durante el gobierno de Arena como “cuotas voluntarias”), la repartición de insumos agrícolas, pensiones a los ancianos y la escrituración de 3 mil títulos de propiedad a igual número de familias campesinas.

Atilio Jaimes Pérez, SELSA-FESTSSABHRA.
Acajutla: la privatización del puerto bajo análisis

El principal puerto del país, Acajutla, fue prácticamente privatizado en 2002, luego de que el gobierno de ese entonces despidiera de la empresa pública autónoma CEPA a miles de trabajadores, cancelara el Contrato Colectivo de Trabajo y entregara las operaciones a varias empresas privadas conocidas como “Operadoras Portuarias”.

En 2004, el STIPES, un nuevo sindicato de trabajadores subcontratados por las operadoras, intentó formarse pero enfrentó rápidamente despidos, represión e indiferencia de parte de las operadoras, de CEPA y del gobierno.

Gregorio Elías Vanegas, secretario general de STIPES, evalúa como positivas las gestiones del nuevo gobierno y señala que ya empezaron el diálogo con la empresa para formar una comisión de trabajo de alto nivel, en la cual estará el Sindicato en representación de los trabajadores, el secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia, Franzi (Hato) Hasbún y el presidente de CEPA, Guillermo López Suárez.

La labor de esta comisión será revisar si las “operadoras” están cumpliendo con todas las obligaciones de la ley, así como elaborar una propuesta conjunta para el funcionamiento del puerto que contemple la seguridad, la estabilidad laboral, el diálogo y negociación permanentes y, por supuesto, solventar el caso de varios trabajadores accidentados y fallecidos en varios accidentes de trabajo ocurridos en los últimos años.

Gregorio Elías Vanegas manifestó que desde que se ha visto la nueva actitud del gobierno, al sindicato le ha sido más fácil conscientizar y afiliar a los trabajadores, aún a los subcontratados, por lo que su membresía ha crecido de 250 afiliados a cerca de 600 en los últimos meses.
Gregorio Elías Vanegas, STIPES.

El Consejo Económico y Social

El Consejo Económico y Social (CES), fue presentado públicamente por el presidente Funes el pasado 3 de septiembre como un organismo consultivo, y que estaría conformado por 24 representantes del movimiento social, 24 de la empresa privada, diez representantes de Universidades y académicos y cuatro del gobierno, encabezados por Alex Segovia, el secretario técnico de la Presidencia.

Sobre este punto, Jaime Rivera manifestó que el problema de la representación del movimiento sindical es que el llamado “movimiento social” ha llegado dividido al CES, ya que no se obtuvo la cuota ideal que el movimiento sindical gestionaba que era de diez de los 24 representantes asignados a las organizaciones sociales.

El último intento de llegar a un acuerdo dejó a los sindicatos con solo ocho representantes, por cual éstos no han decidido aún integrarse al trabajo del Consejo, en búsqueda de lograr una mejor representación.

Pese a que el Consejo sólo es consultivo, Rivera mencionó la importancia de rescatar el espíritu del Foro para la Concertación Económica y Social (FCES), uno de los convenios de paz del acuerdo de Chapultepec de 1992, cuyas resoluciones eran vinculantes y no sólo consultivas.

La derecha en la estructura del Estado

Con una lúcida crítica, Estela Marina Ramírez, líder de las trabajadoras de la costura y la maquila e integrante del Frente Sindical Salvadoreño, no esconde tampoco las limitantes del nuevo momento. “La gente no alcanza a dimensionar que las instituciones del Estado aún no están depuradas”, y señala que ese problema es una cuestión de fondo que puede traer serias consecuencias.

Estela señala particularmente que el poder de la derecha en la Asamblea Legislativa no permite cambiar o derogar “aquellas leyes que nos afectan como trabajadores, y una de ellas –enfatiza- es la que permitió la privatización de las pensiones y que, hoy por hoy, tiene condenados a la miseria a miles de trabajadores que no nos vamos a pensionar”.

Estela ve como una debilidad del nuevo gobierno que “no hay una decisión clara por las opciones socialistas”, y que algunas empresas estatales autónomas siguen siendo manoseadas por la derecha.

Estela Marina Ramírez, Gpo. Hermosa - Frente Sindical Salvadoreño.
La seguridad pública y la herencia del gobierno arenero

Ciertamente, una de las críticas más reiteradas al nuevo gobierno ha sido el de la seguridad ciudadana. Pese a que los crímenes, asesinatos y secuestros han bajado en términos numéricos, la derecha y los grandes medios de comunicación mantienen una fuerte campaña para sembrar zozobra y temor en la población, siendo que el Fiscal General en funciones es una pieza clave dejada por las administraciones conservadoras y el anterior gobierno.

A pesar de que hay un nuevo gobierno, el Fiscal General electo, que es la figura estatal encargada de perseguir los delitos, terminó su periodo el pasado 19 de abril. Pero ARENA y el FMLN no tienen los votos necesarios en el Congreso para elegir por sí mismos al nuevo Fiscal.

Ambos partidos tampoco se han puesto de acuerdo en un candidato de consenso, y se necesitan dos tercios del Congreso para elegir a un Fiscal cifra que no se puede alcanzar sin el FMLN o sin ARENA.

Por lo tanto, está en funciones hasta el día de hoy como Fiscal General Adjunto Astor Escalante, un abogado proveniente de la empresa privada, partidario de métodos e ideas fascistas, quien ha conducido la Fiscalía durante el último año por un nefasto sendero lleno de encubrimientos, fabricación de casos, negligencias y contaminación político-partidaria de los casos.

Basta recordar el caso del asesinato en 2004 del sindicalista salvadoreño-estadounidense Gilberto Soto, que fue manipulado por la Fiscalía para acusar a la suegra del fallecido de planear su crimen mediante una descabellada y trasnochada teoría que los juzgados rápidamente desecharon.

Por su parte, la Fiscalía siguió apelando en diversas instancias en dicho caso, y ahora pretende revertir la acusación contra la suegra de Gilberto Soto y así evitar cualquier posibilidad de que las verdaderas motivaciones del asesinato del sindicalista, miembro de los “Teamsters”, sean investigadas a fondo.

En los últimos años, la Fiscalía General de la República ha tenido este mismo patrón de conducta en todos los crímenes que se sospeche puedan tener motivaciones políticas y/o sindicales: acusar a los familiares y amigos de los asesinados.

La misma constante se verifica en el macabro caso del asesinato de los esposos Manzanares, padres de la locutora de Radio Venceremos -la radio insurgente en los años 80-, ocurrido en julio de 2005, o del activista contra la explotación minera, el ambientalista Marcelo Rivera, desaparecido y asesinado en junio de 2009.

Por eso, el primer paso para que el caso del asesinato de Gilberto Soto y de otros crímenes políticos no queden en la impunidad, es lograr que ARENA y el FMLN elijan un nuevo Fiscal General. Este debe tener capacidad y compromiso con la justicia, para imprimir un nuevo rumbo, distinto al nefasto camino recorrido hasta ahora.

Mientras el gobierno de Funes y el FMLN no logren romper el boicot de la derecha para designar a un Fiscal capaz y honesto que pueda encaminar la institución por nuevos caminos apegados a la ley, será muy difícil combatir la impunidad, promover el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana.

NOS TIENEN MIEDO, PORQUE NO TENEMOS MIEDO

2009-08-06T03:23:00.005-06:00

Llamamiento del Frente Nacional contra el Golpe de Estado en Honduras a la Clase Obrera Mundial

2009-08-03T19:02:00.005-06:00

TODOS A ORGANIZAR EL BOICOT CONTRA LA DICTADURA MILITAR-EMPRESARIAL DE ROBERTO MICHELETTI

El 28 de junio del presente año, cuando la población hondureña se preparaba a participar en la Encuesta Popular sobre la instalación de una Cuarta Urna, en la cual se decidiría si se convoca o no a una Asamblea Constituyente, miles de efectivos militares secuestraron al Presidente Constitucional de la República, Manuel Zelaya Rosales y lo expulsaron hacia la vecina Costa Rica; ocuparon la Casa Presidencial, clausuraron violentamente todas las estaciones de radio y televisión independientes, persiguieron a los funcionarios del gobierno e implantaron un Estado de Sitio en todo el país.

De esa forma, se hizo efectivo un Golpe de Estado, que horas más tarde fue “legalizado” por el Congreso Nacional (asamblea legislativa), colocando en la Presidencia a Roberto Micheletti Bain, dirigente del mismo Partido político del Presidente Zelaya, mediante ridículos argumentos de que el gobernante depuesto había “renunciado”. Esa versión fue desmentida por el mismo Presidente Zelaya, además de que el Congreso Nacional no tiene atribuciones constitucionales para separarlo de su cargo. Asimismo, se argumentó la existencia de una orden de captura sin que el Presidente fuera sometido a un juicio en el cual pudiera defenderse de las acusaciones que se le hacían.

Detrás del golpe se encuentran la cúpula empresarial, los cuatro partidos políticos de la burguesía (Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Demócrata Cristiano y Partido Innovacion y Unidad socialdemócrata), las cúpulas de las iglesias católica y evangélica, asi como los dueños de los principales medios de comunicación. Todos ellos hicieron una alianza contrarrevolucionaria temiendo que la consulta popular del 28 de junio diera poder al pueblo y, en especial, a la clase obrera y al campesinado pobre, para iniciar la construcción de una nueva sociedad, donde los privilegios de clase de la burguesía y de los terratenientes fueran eliminados.

También es necesario decir que detrás de ese golpe de estado, esta la mano del Imperialismo norteamericano y de la ultraderecha latinoamericana, quienes lo ven como una oportunidad de frenar los avances de la izquierda en la región centroamericana y la influencia de la revolución venezolana, tras los recientes triunfos electorales del Frente Farabundo Marti para la Liberacion Nacional (FMLN) en El Salvador y del Frente Sandinista en Nicaragua.

Sin embargo, la respuesta del Pueblo hondureño no se hizo esperar desde la primera hora del golpe. Las masas populares se lanzaron a las calles, a conquistar las plazas públicas y a protestar en la Casa Presidencial (edificio sede del gobierno) en contra de miles de efectivos militares, armados con tanquetas, helicópteros, aviones y artillería pesada. Desde entonces, las masas populares salen TODOS LOS DIAS a la calle desde hace un mes, a protestar, a ejecutar medidas de presión para derrocar al gobierno usurpador, realizando masivas movilizaciones, cortes de carreteras, toma de edificios públicos, etc. haciendo uso del Articulo 3 de nuestra Constitución Política que da derecho a la Insurrección Popular en caso de la imposición de un gobierno por la fuerza de las armas. Aunque esta lucha ha costado la vida de varios hondureños, asesinados por los militares, gracias a la misma el gobierno usurpador no ha logrado controlar la situación, ni derrotar a las masas y por tanto no ha logrado consolidarse como gobierno.

La máxima expresión organizativa de la resistencia popular es el “Frente Nacional contra el Golpe de Estado” que unifica a todas las expresiones sociales y políticas del movimiento popular y conduce el movimiento nacional hacia el derrocamiento de la dictadura. Este frente está constituido por organizaciones obreras, campesinas y populares en general, así como por los partidos y movimientos políticos de izquierda y centro que se han declarado en contra del golpe de estado.

La reacción internacional fue contundente desde el punto de vista diplomático: Salvo el régimen sionista de Israel, ningún otro país del mundo se atrevió a reconocer a la dictadura militar-empresarial impuesta en Honduras. Tanto la Organización de Estados Americanos (OEA), la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el Grupo de Río, los países asociados al ALBA, entre otros, condenaron el golpe de estado, porque correctamente interpretan que se trata de un primer golpe a las de por sí limitadas democracias burguesas existentes en Latinoamerica, y que, de consolidarse, sentaría un precedente funesto para hacer retroceder las conquistas sociales y las libertades democráticas de los pueblos y trabajadores, proclive a ser imitado por las fuerzas más reaccionarias en otros países de la región y del mundo.

Sin embargo, esta reacción no ha pasado aún de declaraciones diplomáticas que, si bien son útiles, no son suficientes para golpear a la dictadura ni en lo económico, ni en lo militar.

El único gobierno que tuvo siempre una política ambigua respecto al gobierno usurpador, fue el gobierno norteamericano liderado por Barack Obama. Mientras declaraba reconocer al Gobierno del Presidente Manuel Zelaya como único presidente, dio visa a los emisarios de los golpistas para que estos ingresen a territorio norteamericano a hacer lobby a favor del golpe; no ha suspendido los principales programas de apoyo económico y militar en Honduras; no aplica el boicot comercial como en cambio si ha hecho contra Cuba , y se niega a declarar que se trata de un “Golpe de Estado”. Más bien ha promovido una negociación entre el legítimo Presidente de los hondureños, Manuel Zelaya, con el dictador Micheletti, a través de un mediador: el Presidente de Costa Rica, Oscar Arias.

Para el Frente Nacional contra el Golpe de Estado, la mediación del Presidente Arias es una estrategia del Departamento de Estado de los Estados Unidos para lograr cierto reconocimiento internacional al dictador Micheletti, dilatar en el tiempo la salida al conflicto para que el movimiento de resistencia se desgaste y someter al Presidente Zelaya a condicionamientos inaceptables ante su eventual reinstalación en el poder, a fin de que abandone las reivindicaciones políticas que han motivado la movilización popular, como son la lucha por una Asamblea Constituyente y por el castigo a los culpables del golpe. Por consiguiente, el Frente Nacional contra el Golpe de Estado, solo acepta una reinstalación inmediata, segura e incondicional del Presidente Zelaya a su cargo.

La clase obrera hondureña, que desde el principio respondió activamente a la resistencia popular, organizó para la tercera semana una movilización unificada con sus propios métodos de lucha: la Huelga general y la toma de los centros de trabajo, comenzando con un paro general de 48 horas de las tres centrales sindicales del país (CUTH, CGT y CTH) los pasados días 23 y 24 de julio, que se ha repetido el 30 y 31 del mismo mes. En solidaridad los compañeros de organizaciones populares de El Salvador y Nicaragua hicieron cortes en las aduanas para impedir el ingreso y salida de mercadería a Honduras. Inmediatamente las asociaciones empresariales de Honduras y Centroamérica, que son solidarias con los usurpadores, pusieron el grito en el cielo porque dicho boicot implica pérdidas millonarias para sus empresas. Eso significa que la huelga y el boicot comercial son armas efectivas para desgastar las bases económicas de los golpistas, más que las declaraciones formales.

Por todo lo anterior, el Frente Nacional contra el Golpe de Estado hace un llamamiento a las organizaciones representativas de la clase obrera mundial para que organicen y ejecuten una solidaridad militante con la clase obrera y con el pueblo de Honduras, realizando acciones de boicot a todos los productos que entran y salen a puertos hondureños, a fin de asfixiar económicamente a la dictadura; a hacer manifestaciones de repudio a la dictadura enfrente de las embajadas de Honduras y de los Estados Unidos; a hacer actos político culturales en solidaridad con la lucha del pueblo hondureño; y en general a ejecutar cuanta acción fortalezca la lucha del pueblo hondureño y su clase obrera para sacudirnos este régimen opresor y alcanzar una nueva sociedad.

SOLO LA UNIDAD MUNDIAL DE LA CLASE OBRERA DERROTARA EL EXPERIMENTO FASCISTA EN HONDURAS

Entrevista con Carlos Reyes. Que Honduras no quede sola: El riesgo de la normalización.

2009-07-14T09:07:00.006-06:00

A 15 días del golpe de Estado el país centroamericano ya no está en los titulares de los medios internacionales. Se intensifica la represión. Un ex dirigente sindical y activista de la resistencia fue asesinado en San Pedro Sula.

Desde el primer día del golpe de Estado cívico-militar, la política mediática del gobierno de facto hondureño apunta a dar una imagen de normalidad. Para ese gobierno, las marchas y protestas masivas son la expresión de “cuatro locos” que no quieren aceptar la nueva realidad.

La maniobra normalizadora, de la que parece formar parte el proceso de mediación que se lleva a cabo enCosta Rica bajo las alas del Departamento de Estado de los EE.UU, y la retirada de los medios podrían desembocar en una fuerte represión contra las organizaciones populares, que siguen pidiendo la restitución del orden democrático.

Después de las condenas internacionales, de la gran expectativa por el intento del presidente José ManuelZelaya de regresar al país y del fallido proceso de mediación en Costa Rica, los principales medios de comunicación internacionales han abandonado el país. Los teléfonos ya no repican como antes y en las agencias internacionales las noticias sobre Hondurasya se han reducido a unas pocas líneas.

Las continuas movilizaciones de las organizaciones sociales, populares y sindicales ya no son noticia, y para los medios internacionales que siguen en el país la situación se ha vuelto muy peligrosa.

En la madrugada de ayer, los equipos periodísticos deTeleSur y del canal Venezolana de Televisión (VTV) fueron primero arrestados y después obligados a permanecer en el hotel, sin poder ejercer su derecho a cubrir los acontecimientos del día de hoy. Además, denunciaron que los agentes de policía trataron de atemorizarlos diciéndoles que se fueran directo al aeropuerto “porque aquí no hay nada que decir, no hay nada que informar”.

Ante las movilizaciones masivas que siguen impulsando las organizaciones populares, como las que se desarrollaron durante este fin de semana en conmemoración del asesinato del joven Isis Obed Murillo y en el parque central de Tegucigalpa, y la caída de interés por parte de los medios internacionales, los dirigentes del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado advirtieron del peligro de una oleada represiva.

En la noche del sábado 11 de julio el activista del Bloque Popular y ex dirigente sindical del sector textil y de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), Roger Bados, fue asesinado por desconocidos frente a su casa en San Pedro Sula, en el norte del país. El temor que se vive en estas horas es que ese homicidio podría ser el inicio de un plan asesino en contra de los cuadros intermedios, para generar terror en la población.

Ante esta coyuntura, en la que la comunidad internacional parece no querer pasar del discurso a los hechos concretos, enfrascada en darle seguimiento a un proceso de mediación que no tiene futuro, y que está visiblemente interferido por la ambigüedad del gobierno estadounidense, Sirel dialogó con Carlos H. Reyes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) y miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la UITA.

-Han sido 15 días de resistencia y lucha. Días muy difíciles donde el pueblo supo responder al golpe de Estado y a la represión. ¿Cómo evalúas este esfuerzo?

-La lucha política del movimiento popular ha tenido cambios cualitativos muy importantes. Si no hubiese existido una Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, que ha sido la columna vertebral de todo este movimiento de oposición al golpe, no hubiese sido posible impulsar estas acciones de lucha y resistencia. Pudimos superar la sorpresa del golpe de Estado y el miedo por la represión desencadenada por este gobierno de facto, impulsar la más grande manifestación de la historia del país, y toda una serie de actividades como tomas de carreteras, movilizaciones, plantones, y también actos políticos y culturales.

-¿Se perfila un incremento de la represión?

-Como consecuencia de que los golpistas sienten que no han podido dominarnos y que hay una enorme resistencia, han comenzado a dar señales de querer subir el nivel de represión en el país. El domingo 5 de julio fue asesinado el joven Isis Obed Murillo en las inmediaciones del aeropuerto, mientras que el sábado pasado asesinaron al ex dirigente sindical de la FUTHy activista del Bloque Popular, Roger Bados, en San Pedro Sula. Supimos también que la policía sacó del hotel al equipo periodístico de TeleSur y al de la televisión venezolana VTV y les ordenó que se fueran de Honduras.

Consideramos que estos hechos son parte de la represión que se está dando en el país, con el propósito de amedrentarnos y que no sigamos en la resistencia.

-¿Qué planes tienen para esta semana?

-Vamos a seguir en la lucha con muchas movilizaciones porque va a ser una semana muy difícil. Fracasó el proceso de mediación en Costa Rica, donde nosotros siempre dijimos que este problema no se va a resolver con esos instrumentos. Esta crisis tiene un cuello de botella que es la doble cara que está teniendo Estados Unidos: por un lado denuncian el golpe y apoyan la resolución de la OEA, y por el otro apoyan a los golpistas. Hay que romper esta situación, por ello una delegación del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado viajó a Estados Unidos para reunirse con varios senadores.

-Hay una clara actitud del gobierno de facto de querer presentar a Honduras como un país en donde no ha ocurrido nada y que todo sigue en tranquilidad ¿La menor presencia de los medios internacionales podría facilitar esta estrategia normalizadora?

-En muchos casos los medios se van porque son intimidados y esto demuestra que está en marcha un propósito de ocultar lo que está pasando y de que efectivamente aquí ha habido un golpe de Estado. El caso de TeleSur es emblemático. Hay que denunciarlo a nivel internacional y sobre esta base, los medios tienen que regresar al país, porque eso indica que la represión va a recrudecer.

-¿Qué perspectivas tienen para poder mantener las movilizaciones en las calles?

-Nosotros seguimos firmes en pedir la restitución de la institucionalidad en el país y el regreso del presidente José Manuel Zelaya. Además de los esfuerzos que está haciendo el Presidente para que los países presionen al gobierno de facto, necesitamos que los compañeros y compañeras de las organizaciones populares centroamericanas impulsen acciones en las fronteras. Pedimos también que las organizaciones latinoamericanas presionen a nuestras embajadas en solidaridad con la lucha que está librando el pueblo hondureño. Aquí vamos a seguir luchando permanentemente.

-La UITA dio prioridad absoluta a lo que ha pasado en Honduras y ratificó su solidaridad con ese proceso de resistencia de las organizaciones populares y sindicales. ¿Cuál es el aporte que podría seguir brindando?

-La presencia de la UITA en todos estos días ha permitido tener al movimiento sindical mundial al tanto de lo que está pasando en Honduras y de la manera más objetiva, informando que la resistencia continúa.

Aquí hay un problema de fondo: en Honduras es un delito defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, es un delito luchar por tener conquistas sociales. Es por eso que apoyamos muchas cosas del gobierno de Zelaya, porque estaba trabajando en ese sentido y en un país de ultra derecha como Honduras eso es un delito y nosotros unos delincuentes. Sin embargo, seguimos trabajando y luchando, y queremos que a través de la UITA se siga llevando este mensaje al mundo.

Estamos frente a una dictadura salvaje y vamos hacia una mayor represión dirigida por militares, los mismos que se mancharon con los peores crímenes en los años 80.

Artículo original en: www.rel-uita.org

Otra oportunidad para el fin del miedo.

2009-03-13T10:53:00.003-06:00

Fuerzas progresistas conforman alianza

en torno al candidato Mauricio Funes

El pasado 5 de marzo diversos partidos progresistas, movimientos y organizaciones sociales encabezados por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) confluyeron en un acto público en el cual conformaron la Unión Nacional por el Cambio (UNC), en torno a la candidatura presidencial de Mauricio Funes. Las elecciones se celebrarán el domingo 15 de marzo y muchos vaticinan el triunfo de Funes.

Artículo completo aqui.

Multinacional Hanes Brand Inc. Pretende burlarse de las trabajadoras y trabajadores salvadoreños

2009-02-08T19:40:00.001-06:00

El pasado viernes 6 de febrero la empresa Industrias Bonaventura S.A. de C.V. ubicada en El Salvador despidió a 268 trabajadoras y trabajadores alegando “recorte de personal”. Entre los despedidos están los miembros y miembras de toda la Junta Directiva de la Seccional Bonaventura del Sindicato de Trabajadores de Industrias Textiles (STIT)

Industrias Bonaventura S.A. de C.V. produce para Hanes Brand Inc., una empresa estadounidense que comercializa camisetas, ropa interior masculina y femenina de punto y algodón. Industrias Bonaventura fue adquirida por Hanes en diciembre de 2007. La fábrica perteneció antes a la corporación "The Argus Group”.

Hanes anuncio el 25 de septiembre de 2008, en un articulo del Global Financial Newsletter, que “lamentamos que nuestros empleados serán afectados por la racionalización de la producción, pero la globalización de nuestra cadena de suministros es necesaria para fortalecer nuestra empresa y mantenerla competitiva alrededor del mundo” con esta declaración se estaba justificando el despido de mas de 8,000 trabajadores y trabajadoras en diferentes plantas en América, afectando a nueve fabricas en cinco países. Dichos despidos se realizarían entre septiembre de 2008 y el primer trimestre de 2009, entre ellos 2,500 empleos en El Salvador y una de sus fabricas es Bonaventura S.A. de C.V.

Los trabajadores y trabajadoras de Bonaventura se organizaron en sindicato en el 2007 para exigir mejores condiciones laborales y para protegerse de despidos y prácticas que la empresa venia realizando de manera arbitraria. El día jueves 5 de febrero Hanes Brand Inc, a través de Bonaventura S.A. de C.V., solicitó una reunión con la Seccional Sindical de Bonaventura y el Sindicato de Trabajadores de Industria Textil (STIT) con el objetivo de “conocerlos y tratar aspectos importantes de la compañía, así como, las proyecciones de la planta (sic)”. La reunión se realizaría a las 7 de la mañana el día siguiente con la Directora de Recursos Humanos para Centroamérica de Hanes, María Elena Sikaffy en un hotel al sur de San Salvador.

STIT asistió junto a su abogado y la Junta Directiva de la Seccional de Bonaventura. María Elena Sakaffy les explico las bajas ventas a nivel internacional y que debido a la recesión económica de los Estados Unidos les notificaba al sindicato que el personal turno nocturno y los grupos rotativos de día y de noche de Industrias Bonaventura S.A. de C.V. estarían despedidos a partir de ese día y se les estaría pagando las prestaciones laborales adeudadas inclusive el pago de cuatro semanas de salario adicionales.

Lo que no dijo la empresa es que 6 directivos de los 7 laboran en estos turnos y por lo tanto están despedidos. Demostrando claramente que las intenciones son coartar la libertad sindical y hacer desaparecer el sindicato, violando el convenio 87 y 98 de la OIT y la legislación laboral salvadoreña. El hecho que la marca este dispuesta a cargar con el costo del despido no pone en evidencia la responsabilidad y la obligación que esta tiene de respetar la libertad sindical, más bien indica, que esta dispuesta a pagar un costo económico para deshacerse del sindicato.

Lo que tampoco dijo la empresa es que simultaneamente se realizaba la reunión en el hotel, Industrias Bonaventura llamo a los trabajadores del turno rotativo y nocturno quienes salen a las 6:00 a.m., a quedarse una hora extra obligatoria. Al finalizar la hora la empresa les reunió, repartió desayuno y les anuncio que estaban despedidos, que agradecían sus servicios durante su tiempo en la empresa y que se les iba a pagar su tiempo. La reunión fue realizada ante personas del Ministerio de Trabajo, lo cual denotó una previa planificación de esta medida antisindical con toda alevosía y sigílo del cual habrían participado también las autoridades del Ministerio de Trabajo.

Durante la reunión en el hotel, la Junta Directiva de STIT recibían llamadas de trabajadores y trabajadoras de Industrias Bonaventura preguntándoles que pasaba, por qué les estaban despidiendo y qué estaba pasando y pidiendo orientación al sindicato. Hanes Brand Inc. con apoyo de Industrias Bonaventura y del Ministerio de Trabajo; tendieron una maniobra sucia para evitar que los trabajadores y trabajadoras tuvieran la representación del sindicato al momento del anuncio del despido, con el objetivo de imponer la situación, inevitable por parte de la empresa, a los trabajadores y trabajadoras y que ellos no llegaran a oponerse a la situación y buscar una alternativa para conservar su empleo, pues muchos de ellos y ellas tienen muchos años de trabajar en ese lugar.

Al hacerse presencia la Junta Directiva en la planta, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras ya se habían retirado con sus cheques. No dejaron entrar a la Junta Directiva. Alguien encargado en la entrada les informó que el pago de las prestaciones de la Junta Directiva esta en manos de Maria Elena Sikaffi.

Denunciamos las practicas que empresas como Hanes Brand Inc. están teniendo en El Salvador, que para reducir costos y ser mas competitivos están cerrando fuentes de empleos y dejando a familias sin ingresos. Además, esta violando el derecho al libre ejercicio sindical que quienes representan a los trabajadores y trabajadoras tiene ante la ley nacional e internacional.

Que el juego sucio que Hanes Brand Inc ha realizado ahora no debe de ser tolerado por el gobierno salvadoreño y que las organizaciones sociales y sindicales debemos denunciarlo para revertir este tipo de prácticas ilegales.

- Hanes Brand Inc. esta en la obligación LEGAL de reubicar a los dirigentes sindicales en el turno del día, ya que la empresa no cierra sus operaciones si no solo esta reduciendo personal, asimismo debe colocar a los trabajadores/as afectados en una lista de prioridad (bolsa de trabajo) para ofrecerles empleos, en caso de futuras contrataciones.

- El Ministerio de Trabajo también esta obligado a velar porque se respete los derechos de los trabajadores en especial los derechos relacionados con la libertad sindical así como en casos similares, debe asegurar la debida representación sindical de los trabajadores afectados envés de participar de maniobras sucias en contubernio con las empresas.

¿Y el gobierno a donde esta cuando las empresas eliminan empleos a su antojo?

¿Donde están las inversiones que prometen traer empleos permanentes?

Sindicato de Trabajadores de Industrias Textiles, S.T.I.T.
Centro de Estudios y Apoyo Laboral, C.E.A.L.

Nuevo Sindicato Industrial del Sector de Procesamiento y Comercialización de Alimentos

2008-10-16T23:31:00.007-06:00

Entrevista con Atilio Jaimes Pérez, Secretario General de la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños del Sector Alimentos, Bebidas, Hoteles, Restaurantes y Agroindustria, FESTSSABHRA afiliado de UITA.

CEAL: Hemos conocido que el día domingo 28 de septiembre se ha conformado con apoyo de la Federación un nuevo sindicato del sector Alimentos. Nos podrías ampliar sobre el alcance de este sindicato y cuales son las valoraciones que llevaron a la Federación a establecer esta nueva organización?

AJM: La Federación del Alimento FESTSSABHRA se ha visto en la necesidad de constituir un nuevo sindicato de industria del sector alimentos, por el motivo que la mayoría de empresas en nuestro país han existido sindicatos de empresa, pero estos son de menos alcance. En este sentido la Federación tiene un año de venir trabajando en constituir un sindicato de esta índole con el apoyo de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador, CSTS y del Centro de Estudios y Apoyo Laboral, CEAL. En este sentido hemos podido constituir este sindicato con trabajadores del Grupo CALVO, específicamente con trabajadores de CALVOCONSERVAS como también con trabajadores y trabajadoras de la empresa LIDO. En estas dos empresas se vino trabajando hasta llegar a constituir este sindicato el pasado 28 de Septiembre en La Unión con un grupo de 36 trabajadoras y trabajadores con el objetivo de fortalecer el sindicalismo en el sector de los alimentos. Este sindicato de trabajadores de la industria del procesamiento y la comercialización de alimentos, donde pueden entrar panaderos, del procesamiento de pescado, dulceros, confiteros, de las bebidas, de la pesca entre otros, para que puedan tener el instrumento para defender sus derechos laborales y sociales.

CEAL: ¿Cual es el asidero legal que les permite a ustedes tener esta amplia cobertura del nuevo sindicato? ¿Qué les da la cobertura desde el punto de vista legal?

AJM: Nosotros conocemos la ocupación 751 de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO-88 de la OIT que contempla que carniceros, pescadores, panaderos, pasteleros, confiteros, operarios de las industrias, de lacteos, de la conservación de frutas y otros, pueden ser parte de un sindicato de esta índole pueden ser parte de un sindicato como el que hemos constituido el 28 de septiembre.

CEAL: Cuales son las prácticas que las empresas utilizan para socabar los sindicatos de empresa y que les han llevado a ustedes a considerar que el mejor instrumento es un sindicato industrial.

AJM: Hemos podido observar que como nuestros sindicatos son de empresas, los empleadores han creado varias sociedades o empresas diferentes aunque los dueños sean las mismas familias, o a veces el mismo dueño. Por ejemplo en Pan Lido hay cinco sociedades y el dueño es el mismo señor Raúl Molina Martínez. Empresas como FAMOLCA, DIGAPAN, SUPAN, ALINVASA y LIDO todas explotan la marca LIDO pero los trabajadores de las otras sociedades no tienen las prestaciones del contrato colectivo del cual es titular el sindicato de empresa SELSA. Hay una discriminación hacia ellos. En el grupo CALVO hay cuatro empresas más aparte de CALVOCONSERVAS entonces creemos que con el sindicato de industria, podemos darle cobertura y representar adecuadamente a los trabajadores de empresas nacionales y multinacionales del sector alimentos.

Nuestra Federación ha sido en los últimos años, el blanco de muchos ataques directos de parte de la política empresarial-gubernamental ya que somos sindicatos verdaderos y progresistas que luchamos por un beneficio de los intereses de la clase trabajadora. Entre estos podemos mencionar los sindicatos de FOREMOST, de la multinacional NESTLE y otros que eran de empresa también. Por eso creemos que el mejor instrumento de lucha son los sindicatos de industria.

CEAL: ¿Qué estarían demandando del gobierno y de las empresas a las cuales pertenecen los trabajadores que han participado en la fundación del nuevo sindicato?

AJM: Precisamente este día 1º de octubre, hemos presentado al Ministerio de Trabajo a eso de las ocho y media de la mañana, la documentación a través del compañero Daniel Ernesto Hernández Castillo, quién es presidente provisional del nuevo sindicato, y la presentamos ante el Departamento de Organizaciones Sociales, solicitando la personalidad jurídica a este nuevo sindicato y que sea inscrito. Esperamos que la parte gubernamental respete la libertad sindical, los convenios 87 y 98 de la OIT, para poder como trabajadores hacer uso de la libertad de asociación y el derecho a negociar colectivamente. Le pedimos al gobierno hacer cumplir la ley salvadoreña, los convenios, la ley de organización y funciones del Sector Trabajo y Previsión que manda al Ministerio a facilitar la constitución de sindicatos para que los trabajadores podamos acceder a esos derechos que tenemos reconocidos nacional e internacionalmente.

También pedimos a los empresarios respetar nuestro derecho a asociarnos en organizaciones sindicales para poder dialogar e interlocutar con ellos de manera respetuosa para que haya equilibrio y respeto, para poder ser más productivos, nivel de las empresas, y así tener buenas prestaciones para poder como trabajadores enfrentar estos tiempos donde esta tan difícil el coste de la vida a nivel nacional e internacional.

Texto y Fotografía: Gilberto García y Juan Carlos Cañas.

Hanes Brand Inc. busca nombres pomposos para el término “Desempleo”

2008-09-30T09:42:00.003-06:00

"Nosotros lamentamos que nuestros empleados serán afectados por la racionalización de la producción, pero la globalización de nuestra cadena de suministros es necesaria para fortalecer nuestra empresa y mantenerla competitiva alrededor del mundo”

Gerald Evans Oficial en jefe de la cadena de suministro global Hannes Brand Inc. refiriendose a las 8 mil personas que perderán sus empleos en El Salvador, Costa Rica, Honduras, México y EE.UU.

El pasado 24 de septiembre de 2008, la empresa multinacional de ropa Hanes Brand Inc. que produce camisetas, ropa interior masculina y femenina y otros productos en tejido de punto y algodón, anunció que “continúan los progresos en ejecutar la consolidación y globalización de su estrategia de reducción de costos que incluye el aumento de su producción en Asia”. Este proceso incluirá el cierre de nueve fábricas en 5 países afectando a 8,500 empleados. Hanes produce las marcas Champion, Playtex, Bali, Just My Size, Barelythere y Wonderbra. Aparte posee 50 mil empleados en 25 paises.

Quizás en círculos financieros, esta noticia puede generar una impresión de una empresa atractiva en términos de inversiones, de hecho en los circulos bursátiles, Hanes Brand Inc. sigue manteniendo una recomendación “Overweight” respecto a las transacciones de sus acciones que se mantienen en un precio meta de $33, luego del anuncio de la semana pasada.

Sin embargo, alrededor del mundo, sobre todo en Latinoamerica y EE.UU. son más de 8 mil familias obreras las que están en la cuerda floja al ver que sus ingresos hasta ahora medianamente estables, van a desaparecer junto con sus empleos. Nuevamente, la “racionalización” de las decisiones de las grandes empresas multinacionales que dominan la industria textil global, así como “la expansión de sus cadenas de suministros” son la explicación incuestionable a la condena al desempleo de miles de personas. Al final y en palabras de Hanes Brand Inc. lo más importantes es “la globalización de su cadena de suministros y eventualmente el balance de la producción entre Asia y el Hemisferio Occidental, lo cual es una parte crítica en los esfuerzos estratégicos para reducir costos, mejorar el flujo de producción e incrementar la competitividad".

Estrategia de reducción de costos
Hanes Brand Inc.

  Empleos por cerrar:
  El Salvador, 2600 empleos
  México, 1650 empleos
  Honduras, 1250 empleos
  Costa Rica, 1250 empleos
  Estados Unidos, 1345
  TOTAL: 8,095 empleos

Empleos por abrir:
Vietnam y Tailandia: 2,000 empleos.
TOTAL: 2,000 empleos

Fuente: Market Watch, Wall Street Journal.

La reestructuración anunciada por la empresa multinacional, va significar un costo de 76 Millones de dólares los cuales sumarían 204 millones, de un total de 250 que Hanes anunció gastará durante 3 años para reestructurar sus operaciones globales. Asimismo se espera que en los próximos meses terminará de construir y pondrá a funcionar una nueva fábrica de tela con tecnología de punta en Nanjing China.

Impactos en El Salvador.

Inmediatamente después del anuncio de Hanes, el día 25 y 26 de octubre en la Zona Franca El Pedregal en El Salvador, miles de personas sintieron en carne propia, las frías palabras reestructuración, racionalización y globalización de la cadena de suministros.

Cerca de 1900 personas de Confecciones La Herradura, y 1500 de Confecciones El Pedregal les fue anunciado que ambas plantas cerrarían debido a la falta de pedidos en Estados Unidos, no obstante les cancelarían sus prestaciones de ley.

Muy a pesar de este anuncio, las trabajadoras y trabajadores, empezaron a enfrentar los efectos de la incertidumbre de perder su fuente de sustento diario ya que conocen perfectamente, que las compensaciones de ley solo les darán abasto por unos días, mientras que el salario constante permite una mediana estabilidad en la familia obrera. La mayoría de estas obreras provienen de zonas rurales en donde la migración es la solución alterna a la falta de empleos y a la irrentabilidad de las actividades agropecuarias.

La fuerza de trabajo de ambas empresas se consideraba sumamente especializada. Los encargados de ambas empresas propiedad de Hanes habían inculcado en sus trabajadoras el orgullo de ser fábricas con eficiencia del 130% (un nivel nada fácil de alcanzar en la industria maquiladora) con prendas difíciles de confeccionar en tejido de punto, entre ellas la prenda conocida como “el calzón perfecto” (cuyas costuras no resaltan en la ropa de vestir). Las obreras de Confecciones La Herradura y El Pedregal sin duda eran orgullosas de su productividad y eficiencia. Lastimosamente estos elementos no son los que determinan las decisiones corporativas a más alto nivel.

Luego de los cierres de la semana pasada que sumaron más de 3400 empleos, Hanes queda con dos fabricas en El Salvador, Inversiones Bonaventure en carretera a Sonsonate (dedicada a la confección) y Duraflex (dedicada a la fabricación de tela en tejido de punto). Queda entonces la duda si estas fábricas son el blanco de nuevos cierres en marzo de 2009, cuando Hanes ha programado sus nuevos recortes y cuando este cada vez más cerca la entrada de operaciones de su nueva y moderna textilera en Nanjin China.

¿Y cuándo las inversiones se van; donde esta la propaganda gubernamental?

La ofiicina de Promoción y Atracción de inversions PROESA la cual ha sido presidida por la Vicepresidenta Vilma de Escobar en el ultimo quinquenio, generalmente hace anuncios optimistas cuando las inversiones de empresas multinacionales van a instalarse en el país.

El caso de Hanes, no fue la excepción. Cuando en octubre de 2005 Sara Lee (Ahora fusionada con Hanes Brand Inc.) anuncio la compra e inversion de la textilera DURAFLEX en El Salvador, PROESA no escatimó esfuerzos para lanzar sus comunicados resaltando los exitos en la atracción de inversiones. La Vicepresidenta Lic. Ana Vilma de Escobar, y Gerald Evans en aquel entonces, Vicepresidente de Sara Lee Corporation anunciaron la inversion augurando el principio de una era en que la maquila se recuperaría con la disposición de tela de primera calidad en la region y estaría en la posición de enfrentar la competencia asiática gracias a las oportunidades del TLC con Estados Unidos.

Más recientemente hace tan solo 10 meses, en diciembre de 2007, la ya fusionada multinacional Hanes Brands adquirió la planta de confección de medias y calcetines “Inversiones Bonaventure de El Salvador”, en dicha ocasion el anuncio se hizo también con toda pomposidad en un acto presidido por la misma Vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar. En esa ocasión el vicepresidente de Operaciones de Hanes, Ron Gburek, manifesto que esa inversion precedería la construcción de una nave industrial adicional de 2,500 metros cuadrados, la cual iniciará en marzo de este año con el objetivo de duplicar la producción, en aquel entonces de 6.7 millones de docenas al año, a más de 13 millones y medio de docenas al año.

¿Que ha pasado ahora con todos esos anuncios y proyecciones? ¿que hizo cambiar tan radicalmente a Hanes sobre sus proyectos para El Salvador que pasaron de duplicar la producción a reducirlas casi por completo?. Lastimosamente en estos casos, ni PROESA ni la Vicepresidenta se han pronunciado para explicarnos a la ciudadanía salvadoreña sobre este grave revés de su política de atracción de inversiones.

* * * * *

INFORME COMPLETO: CALVO: ¿ Responsabilidad Social o Interés Comercial ?

2008-09-09T09:14:00.003-06:00

"A nivel mundial 3 mil, y en El Salvador está el 50%, son 1.500 empleados que están en La Unión, en la parte de producción, uno de los departamentos más pobres de El Salvador, a todos les damos transporte de ida y regreso a su casa, la ropa y la comida, les ofrecemos salarios un 40% arriba de los de ley":

Declaraciones de Sr. Valero Lecha, Director de Política Comercial de CALVO respondiendo a la pregunta cuantos empleos genera el consorcio atunero.

-¿Te amenazaron para que te afiliaras?

-Sí, nos dicen muchas cosas, como que si no firmamos podemos ser despedidos. Nos prometieron muchas cosas que después no cumplieron ninguna. Esto mismo ha pasado con el resto de las compañeras y compañeros que están afiliados a ese sindicato patronal.

-¿Cuántos hijos?

-Tengo tres niños y otros dos que dependen de mí.

-¿Estás sola con ellos?

-Sí, no tengo apoyo del padre ni de nadie.

-O sea que este trabajo para ti es todo…

-Es muy importante, para nosotros es la vida.

-Y a pesar de eso te has arriesgado a renunciar al sindicato patronal y afiliarte al obrero…

-Claro que sí, es lo que tenía que hacer.

Declaraciones de la Obrera Elsa Noemí Contreras sobre su decisión de desafiliarse del sindicato bajo control de la empresa y afiliarse al Sindicato Obrero.

A continuación puede encontrarse la descarga para el informe completo:

Descargar en PDF

Trabajadores de la empresa Calvo interponen demanda ante Ministerio de Trabajo.

2008-08-15T09:29:00.002-06:00

Empleados de la empresa atunera Calvo, presentan en conferencia de prensa, su renuncia al sindicato formado por la patronal.

Trabajadores y trabajadoras de la empresaCalvo, ubicada en el departamento de La Unión, denunciaron ante el Ministerio de Trabajo (MT) que están siendo amenazados de despido si renuncian a la afiliación del sindicato patronal de dicha empresa. No obstante, la patronal negó las acusaciones

Según los afectados, en el año 2006 la empresa Calvo amenazó con irse del país si no se aprobaban los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), asegurando que perdería sus beneficios comerciales con la Unión Europea.

Según el artículo dos del convenio 98 de la OIT se consideran actos de injerencia, en el sentido del presente artículo, principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores.

Sin embargo, los trabajadores de la empresa Calvo, aseguran que en el año 2007 cuando ellos formaron su propia organización sindical, la empresa promovió la formación de una organización encabezada por los jefes y representantes patronales “quienes usando sus cargos gerenciales intimidan a los trabajadores para que se afilien a dicho sindicato”, manifestó, Mariano Alexander Guerrero, secretario general de laSeccional Calvo.

Guerrero aseguró que muchos de los trabajadores que se han negado a afiliarse al sindicato patronal o que se han querido desafiliar han sufrido represalias por parte de las jefaturas de la empresa “y han sido amenazados con ser despedidos si no se afilian al sindicato que es dominado por la empresa, el cual es una contraparte a la lucha laboral de la clase obrera”.

Pese al temor de ser despedidos, algunos de los afectados entregaron a las autoridades de Trabajo, su hoja de renuncia a la afiliación del sindicato patronal y responsabilizaron a la empresa Calvo de cualquier represalia en su contra.

Empresa niega la versión sindical

Por su parte, Miguel Ángel Peñalva, director de operaciones del Grupo Calvo, aseguró, que en la empresa existen dos sindicatos “los cuales están constituidos legalmente y conformados por trabajadores de la misma”.

Para Peñalva, permitir la integración de uno o más sindicatos en una misma empresa “es parte de la libertad que existe en la empresa, lo cual está establecido en los convenios de la OIT”.

Asimismo, aclaró que ningún miembro de la jefatura ha exigido a los trabajadores afiliarse a los sindicatos “lo que existe es desigualdad entre ellos, como empresa lo único que hacemos es promover el diálogo y la negociación”.

Peñalva aseguró “que nadie ha sido amenazado de despido, incluso, los trabajadores que aseguran lo contrario seguirán laborando normalmente hasta que ellos lo decidan”.

Leonor Cárdenas

Diario Co Latino

14 de agosto de 2008

La necesidad de la promoción de la libertad sindical y de la negociación colectiva en un Pacto por el Empleo.

2008-08-01T22:24:00.002-06:00

Con motivo de la reciente publicación del informe de desarrollo humano del PNUD para El Salvador 2007-2008, el tema del empleo se ha vuelto una referencia obligada, especialmente en el marco de una coyuntura pre electoral.

Los candidatos de los dos principales partidos políticos del país, luego que les fuese entregado, se apresuraron a mostrar su simpatía con las propuestas del PNUD. El candidato de la derecha acogió el mismo afirmando que este está en sintonía con su propuesta a la que llama “El acuerdo nacional por el trabajo”, mientras que Mauricio Funes -el candidato del FMLN- no solo se sumó al análisis del PNUD sino que en un campo pagado dirigido a los partidos políticos hizo un llamado “a todos los sectores sociales, para que aceptemos el desafío de buscar entendimientos que nos permitan alcanzar un Pacto Nacional para garantizar el empleo decente en El Salvador”.

En términos generales la película esta bastante clara; menos de un 5% de la población de El Salvador, puede acceder a lo que se conoce como empleos decentes, los jóvenes están enfrentando dificultades excepcionales para encontrarse parte de una economía que brinda pocas oportunidades, la mayoría de la población excluida de la economía formal y de los empleos busca la migración como respuesta, y los salarios y las formas de contratación son poco atractivas en cuanto no permiten la satisfacción de las necesidades mínimas de sobrevivencia y menos la superación personal y familiar.

Esperanzadamente, el informe de Desarrollo Humano ha abierto espacios en la posibilidad de crear consensos nacionales en el tema, los cuales han sido excesivamente pospuestos en las últimas dos décadas. Sin embargo, luego de una revisión del informe, salta un enorme desafío para que las organizaciones sindicales resalten en una manera apropiada al interior de estos pactos o acuerdos; la necesidad de impulsar la Negociación Colectiva como el instrumento por excelencia que permite que el desarrollo de las actividades económicas se traduzca en bienestar para los trabajadores y para toda la sociedad.

Ciertamente, el informe del PNUD anota aspectos importantes, por ejemplo, apenas un 1.9% de la PEA esta cubierta bajo Contratos Colectivos, y esta cobertura ha venido bajando en los últimos años. En este punto resulta también urgente que las organizaciones sindicales, aporten su visión acerca de las dinámicas que han llevado a la reducción de la cobertura de la Contratación Colectiva. El informe afirma que “La escasa participación en los contratos colectivos indica que este tipo de recursos es poco apreciado por los trabajadores o es visto como fuente de conflictividad”,[1] lo cual no deja de ser una afirmación que denota desconocimiento de lo que significa la Negociación Colectiva y la evolución de la misma en El Salvador.

Un breve ejercicio de acercamiento al tema permite afirmar que, contrario a lo dicho por el informe del PNUD, la escasa participación en los Contratos Colectivos no es un asunto de ser “poco apreciados” o que se pueda participar en los mismos de parte de los trabajadores y trabajadoras. De hecho, los trabajadores no pueden elegir un empleo, o acceder de manera individual a empleos regulados bajo contratos colectivos, sino más bien para acceder a ellos deben construir organizaciones sindicales que representan el 51% de la fuerza laboral de la unidad económica para luego solicitar Negociación Colectiva a sus empleadores por medio del Ministerio de Trabajo, así, un sindicato mayoritario es el único vehículo a prestaciones laborales y remuneraciones superiores a las que reconoce la ley, mediante un Contrato Colectivo de Trabajo, el cual puede llegar a significar una mayor productividad de la unidad económica dada la mayor capacidad de reproducción de la fuerza de trabajo y un dinamizador de la capacidad adquisitiva de los trabajadores con todas sus implicaciones favorables a la sociedad. Sin embargo, la existencia de empleos regulados por Contratos Colectivos es siempre un proceso que lleva tensión entre trabajadores y empleadores.

De hecho, el expediente del Comité de Libertad Sindical de la OIT referente a El Salvador, presenta en los últimos diez años, varios casos emblemáticos en que las organizaciones laborales han acudido a dicha instancia con casos en que el gobierno salvadoreño incumplió sus responsabilidades de proteger el derecho a la negociación colectiva. Incumplimientos relacionados con evitar acciones de los empleadores para destruir sindicatos titulares de Contratos Colectivos u obstaculizar la creación de nuevas organizaciones sindicales. Lastimosamente, cuando los trabajadores generalmente logran superar los obstáculos para llegar a solicitar mediante sindicatos titulares Contratos Colectivos, la respuesta clásica del empleador es que esto es una “fuente de conflictividad” que amenaza incluso el futuro de la empresa. En muchos casos los empleadores están dispuestos hasta cerrar (o cambiar de razón social a sus operaciones) con tal de evitar la negociación colectiva. Por tanto conviene preguntarse si esta percepción de ser una “fuente de conflictividad” no viene precisamente de la observación de la conducta de los empleadores.

Es importante señalar que el informe del PNUD hizo un esfuerzo notable en representar la opinión de diversos sectores sociales en el tema del empleo, sin embargo, el análisis de la negociación colectiva es necesario abordarlo desde las dinámicas que han provocado su reducción. Lo que si advierte el informe es que la ausencia de Negociación Colectiva esta cobrando la factura a todos. Por ejemplo, certeramente advierte que “la configuración de un círculo vicioso de lento crecimiento, subutilización laboral, salarios reales decrecientes y migraciones, derivado del desencuentro de las racionalidades económicas de los dos actores principales del mundo laboral (trabajadores y empresarios)[2]”. La falta de una sana Negociación Colectiva a nivel de las diferentes ramas de la actividad económica, ha llegado a minar no solo al factor Trabajo sino al Capital y al Mercado. Probablemente un comparación de la evolución del valor agregado en la década de los 90´s por rama de actividad económica, contrastado con la caída de la remuneración al factor trabajo, nos muestre detalladamente como este “circulo vicioso” se incubó. La tasa de explotación creció tanto, que los trabajadores prefirieron (o no tuvieron más remedio que) lanzarse al autoempleo y/o a la migración.

Antecedentes de pactos para realidades inversas.

Cuando se habla de Pactos por el Empleo generalmente es una referencia obligada la revisión del histórico Pacto de Monclova en España. Más recientemente, conviene revisar también el desencuentro de la Ley del Primer Empleo en Francia que fue echada para atrás por los jóvenes, los estudiantes y los sindicatos en 2006. Sin embargo, un común denominador de ambas iniciativas es que las dos perseguían –entre otras cosas- eliminar ciertas “rigideces” de los contratos de trabajo para permitir que los empresarios se vieran “incentivados” a contratar más personas y activar un circulo virtuoso de más empleos, aumento de la capacidad adquisitiva y la actividad económica. En pocas palabras, crear incentivos al capital mediante permitirle aumentar la tasa de explotación. La gran diferencia es que en Monclova se trató de un proceso bajo un amplio ambiente de negociación en un momento de apertura democrática, mientras que en Francia durante la coyuntura de la ley del primer empleo, la característica fue precisamente la ausencia de un pacto.

Sin embargo conviene anotar, que en la situación salvadoreña no hay “rigideces” que levantar, ni negociada ni temporalmente, ya que la característica principal del empleo en El Salvador, es precisamente la desregulación casi total. Precisamente la raíz del “circulo vicioso” que señala el PNUD es la falta de regulación y negociación que lleve a un punto aceptable las expectativas del trabajo y del capital. Los trabajadores se aburrieron de esperar apretándose el cinturón, el derroche económico que nunca llego. La clase trabajadora salvadoreña sigue siendo ejemplarmente laboriosa, solo que ahora se autoemplea o migra.

Así las cosas, las mentes visionarias pero especialmente, las organizaciones sindicales, están llamadas a reivindicar con toda su energía la promoción del sindicalismo y de la negociación colectiva como uno de los ejes fundamentales y estratégicos de cualquier Pacto por el Empleo en El Salvador. Ya no solo por el interés de los sindicatos, sino ya por el interés de la nación.

[1] Recuadro 4.2 pag. 124

[2] Capitulo 5, Pag. 140

¿ Responsabilidad Social o Interés Comercial ? Parte I.

2008-08-01T22:16:00.004-06:00

- EL CASO DE LA EMPRESA CALVO EN EL SALVADOR-

Recientemente, el Director Comercial del Grupo CALVO El Salvador, señor Valero Lecho brindó una entrevista al periódico costarricense Extra. A la pregunta de ¿Cuántos empleos directos genera? manifestó:

“A nivel mundial 3 mil, y en El Salvador está el 50%, son 1.500 empleados que están en La Unión, en la parte de producción, uno de los departamentos más pobres de El Salvador, a todos les damos transporte de ida y regreso a su casa, la ropa y la comida, les ofrecemos salarios un 40% arriba de los de ley, así como becas para sus hijos, paquetes escolares y un programa de reinserción de ex pandilleros, apoyamos programas de alfabetización, y entrega de alimentos a hospitales y orfanato”

Las declaraciones del Director Comercial, son coherentes con el proceder que ha mantenido el Grupo CALVO desde su llegada a El Salvador. Por una parte su visita a Costa Rica, obedece a un interés claramente comercial. En este país se encuentran funcionando las principales atuneras de la región aparte de CALVO. Asimismo este país es el de más alto consumo per capita de atún en la región, “Costa Rica está entre los primeros 5 lugares a nivel mundial, consumen entre 2.5 kilogramos y 3 kilogramos por persona” declaró Valero Lecha. Por otra parte, siendo éste el país de la región en el que el concepto de Estado de Bienestar esta más arraigado en la región, resulta lógico que el Grupo CALVO acompaña su interés comercial, con el hecho de resaltar los beneficios sociales que dice esta dejando a la población del principal centro de producción en La Unión, El Salvador.

A juzgar por las diferentes declaraciones vertidas a los medios de prensa, es evidente que el Grupo CALVO esta desarrollando un ambicioso plan de negocios el cual pretende coronar al conquistar un canal de distribución al mercado de los Estados Unidos. Para este fin, cuenta con dos pilares fundamentales; una alianza con el gigante Wall-Mart que le brindan la plataforma logística necesaria para accesar a mercado estadounidense; y los beneficios del CAFTA que le permitirán introducir sus productos a Estados Unidos con preferencias arancelarias como producto centroamericano. Como un buen ajedrecista comercial y en la antesala a la coronación de su objetivo estratégico en el mercado norteamericano, CALVO ha manifestado que su objetivo inmediato es consolidar su control del mercado centroamericano de Atún. Solo que conviene hacerse una interrogante, en este Ajedrez Comercial, ¿el tema social y laboral son solo un envoltorio?

Ya en el año 2006, El Grupo CALVO mostró sus habilidades para sobreponerse a problemas comerciales asociados a temas laborales y sociales. Ante la posibilidad que el Atún de Calvo fuera gravado con aranceles al ingresar a la Unión Europea, la multinacional Española organizó una operación de presión al gobierno salvadoreño para que ratificara los convenios 87 y 98 de la OIT que protegen la libertad sindical. El acuerdo comercial SGP+Plus establece este requisito a los países beneficiarios del acuerdo. En tanto el Atún de Calvo ingresa como producto salvadoreño a la UE, el requisito aplicaba a éste.

Los convenios de OIT en cuestión fueron aprobados por el órgano legislativo salvadoreño en septiembre 2006 y declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia un año después. Independientemente de lo anterior; el Estado Salvadoreño en su conjunto debe resolver este antagonismo, el mismo esta obligado a cumplir los convenios 87 y 98 por el solo hecho de ser miembro de la OIT ya que ambos convenios forman parte de los convenios conocidos como “fundamentales” por dicho organismo, y que todos los países miembros deben cumplir.

Ahora bien, cualquiera pensaría que CALVO se comportaría de una manera ejemplar con cualquier esfuerzo de organización sindical dados estos antecedentes. Sin embargo, a partir que se forma la seccional “Calvo Conservas del SGTIPAC” en febrero de 2007, las denuncias contra la multinacional española han crecido como espuma.

Alegatos contra CALVO en materia de Libertad Sindical.

La “Seccional Sindical Calvoconservas” denunció ante instancias nacionales e internacionales que entre febrero y marzo de 2007 se realizaron 3 despidos antisindicales de trabajadores protegidos por fuero sindical, una fundadora (compañera de vida del Secretario General de la Seccional) y 2 directivos sindicales. La empresa a lo largo de los procesos argumentó que pese haber recibido recomendación administrativa del Ministerio de Trabajo para reinstalarles, llevaría los procesos judiciales hasta el final antes de resolver. Tras haber obtenido resoluciones desfavorables en primera instancia y favorables en segunda instancia, y ante la posibilidad pasará a instancias judiciales superiores y supranacionales, la empresa decidió llegar a arreglos con 2 de los despedidos.

Sin embargo, las denuncias de una política antisindical más sutil se fueron acumulando. La seccional sindical de CALVO con apoyo de la federación FESTSSABHRA-CSTS y el respaldo de la Unión Internacional de Trabajadores del Alimento (UITA) enviaron al Comité de Libertad Sindical de la OIT una queja que esta siendo procesada bajo el expediente No 2571. Bajo este expediente se encuentran alegatos de pruebas poligráficas realizadas a trabajadores en donde se les pregunta sobre su opinión y pertenencia al sindicato. Así como sobre una política generalizada de intimidación de parte de los encargados de la empresa.

Un breve período de esperanza se abrió en julio de 2007, cuando el Director de Operaciones Miguel Angel Peñalva, accedió a sentarse a discutir ciertos aspectos y demandas de la seccional sindical. Sin embargo, los sindicalistas advirtieron que al mismo tiempo la empresa había iniciado la creación de una organización sindical “bajo control patronal” varios de cuyos directivos eran jefes y personal de confianza la cual pretendía mostrar a nivel internacional como antagonista del sindicato de los trabajadores. La creación de un sindicato bajo control patronal y la simulación de un Contrato Colectivo de Trabajo, también fueron anexados a los alegatos en el expediente No 2571 de la OIT.

Las tensiones se agravaron al punto que en abril 2008 los sindicalistas enviaron una misiva al señor Peñalva en la que textualmente dice:

“Esto fácilmente se interpreta como intentos de la empresa para intentar cooptar a los lideres sindicales y eludir así un dialogo con el órgano colectivo y colegiado de nuestra organización, la Seccional Calvoconservas El Salvador (…) Por todas estas razones hemos decidido como Seccional Calvoconservas del SGTIPAC; que vamos a SUSPENDER TODAS LAS CONVERSACIONES CON LA EMPRESA QUE USTED REPRESENTA hasta que no exista una TERCERA PARTE que sea de confianza de AMBAS partes y que sirva como GARANTES de los acuerdos a que lleguemos en el futuro”.

¿Donde está la Auditoria Social de COFIDES?

Los sindicalistas también acudieron en Julio de 2007 a la Compañía Española de Financiación al Desarrollo COFIDES, quién habría otorgado el préstamos de 52 millones de Euros a CALVO para instalar su planta en El Salvador. COFIDES funciona con fondos públicos y privados y apoya la internacionalización de las empresas españolas pero les exige respetar un Código de Ética. COFIDES envió en enero de 2008 a la organización guatemalteca COVERCO a realizar una “Auditoría Social”a CALVO. En sus políticas de operación COVERCO afirma que sus informes son públicos. Sin embargo, las organizaciones sindicales solicitaron por escrito a COFIDES el 13 de febrero de 2008 y a COVERCO el 10 de marzo de 2008, los resultados de la auditoria social y por respuesta solo han recibido una explicación verbal de parte de COVERCO afirmando que los abogados de COFIDES les han advertido que por una cláusula del contrato entre ambas entidades COVERCO debe abstenerse de divulgar el informe.

Otras organizaciones sindicales internacionales han obtenido respuestas poco concluyentes sobre los resultados de la “Auditoria Social”. La Federación Agroalimentaria de CC.OO. de España, obtuvo el 20 de febrero de 2008 la versión de una de las funcionarias de COFIDES en la que afirmaba que la Auditoria Social realizada por COVERCO no había encontrado problemas mayores, o solo problemas ya resueltos. Aunque COVERCO ha negado este hecho de manera verbal, no ha dejado constancia escrita. Por su parte la Unión Nacional de Trabajadores de México (UNT) mediante una acción de solidaridad solicitó a la oficina de Latinoamérica de COFIDES ubicada en México DF, una reunión para conocer los resultados de la Auditoria Social en CALVO. En respuesta obtuvieron una llamada telefónica del señor Abelardo de la Torre Director de COFIDES en México, afirmando que ellos ya no tenían relación crediticia con CALVO y que su oficina solo atendía los casos de México.

Hasta el momento, salvo COVERCO y COFIDES, conocen los resultados de la Auditoría Social en CALVO, y ninguna de las dos instancias lo han hecho público.

CALVO enfrenta otras campañas en África.

El 28 de Mayo, el Western Sahara Resource Watch (Observatorio de Recursos para el África Occidental) hizo público la acusación sobre que el Grupo CALVO opera ilegalmente en el Sahara Occidental, aprovechándose de los bancos de pesca saharaui, fundamentalmente sardina y caballa, de las que se abastece desde el puerto de El Aaiun, capital del Sahara Occidental. Asimismo dirigió una carta a la multinacional en la que le exhorta a seguir el ejemplo de otras empresas Europeas que han cesado sus operaciones en el territorio Saharaui ocupado militarmente por Marruecos enmedio de múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos. Desde el territorio ocupado Saharaui, CALVO enlata su producto con la viñeta “Made in Marruecos”. Dicha carta fue también dirigida a los accionistas de Grupo CALVO; la CaixaNova, la Caja Burgos y la Caja Castilla La Mancha, asimismo a sus directores y autoridades Españolas. (Continuará)

LAS CONCESIONES, DEJARON FUERA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS.

2008-07-05T07:10:00.003-06:00

-CASO DE ACAJUTLA, EL SALVADOR C.A.-

En enero de 2002, el gobierno salvadoreño intervino militarmente el Puerto de Acajutla bajo el argumento de aumentar la seguridad debido a los atentados sucedidos en EE.UU. Durante dicha operación, -al igual que unos meses atrás en el Aeropuerto El Salvador - las autoridades usaron la coyuntura para despedir a trabajadores sindicalizados que ahí laboraban, aquí fueron cerca de 2 mil. El hecho presentado como una acción para modernizar el puerto, fue en realidad una operación para entregar las operaciones a Empresas Privadas conocidas como “operadoras”. Varias de ellas; creadas por ex gerentes y mandos medios de CEPA.

Video: Una comunidad destruida por la privatización

Esta acción se venía preparando desde hacia buen rato. Ya habían sido aprobados decretos legislativos mediante las cuales la Autónoma CEPA se desharía de la relación laboral con los trabajadores, y en su lugar “las operadoras” asumirían las contrataciones.

Antes de la intervención militar en 2002, los trabajadores del muelle poseían estabilidad laboral así como respetables salarios y prestaciones. La contratación colectiva que les otorgaba estos beneficios existía desde la década de los 50´s. Ahora, en la nueva modalidad desreguladando, se ganan salarios ínfimos –cuando se tiene suerte- y los perjudicados son las comunidades, el comercio, en fin; las familias obreras y toda la localidad.

Ante tal situación, en diciembre de 2004, los trabajadores formaron nuevamente una organización sindical: el STIPES. Sus fundadores y miembros han enfrentado desde entonces la discriminación en el empleo por parte de “las operadoras”. Debido a eso muchos de sus miembros mantienen su afiliación en el anonimato.

Dos de los fundadores del STIPES, Gregorio Elías Vanegas y Joel García, no han sido tomados en cuenta por ninguna operadora desde aquellas épocas. A pesar que el gobierno salvadoreño a mediados de 2005 manifestó durante la coyuntura de aprobación del TLC con EE.UU. que este caso había sido resuelto favorablemente; los fundadores Vanegas y García siguen desempleados. El resto de fundadores, obtienen a regañadientes algunas plazas temporales para descargar barcos. Por su parte el Ministerio de Trabajo, lejos de actuar contra la discriminación mantiene un expediente en donde justifica la misma en contra los fundadores del sindicato, argumentando que ellos han abandonado sus labores para dedicarse a la actividad sindical. La pregunta es; ¿como pueden abandonar las labores los fundadores del STIPES si bajo la modalidad de contratos a destajo; las operadores eligen en cada descarga, quienes son contratados y quienes no?.

En una reciente reunión entre CEPA y el Sindicato STIPES; en donde participaron por la Autónoma el Arq. Roberto Bará y el Lic. Lemús Herrera, estos funcionarios trataron de desmarcarse de la responsabilidad en los temas laborales. El acta levantada de la reunión dice literalmente “CEPA por su parte les deja claro que esta reunión ha tenido como propósito escuchar el sentir del sindicato, pero deja también claro que no son responsables laboralmente de cualquier problema existente, ya que no la une ningún vínculo laboral en la referida problemática”. Esta afirmación es abiertamente contradictoria con el Art. 5 del Código de Trabajo que literalmente afirma: “El contratista y el sub-contratista responden solidariamente por las obligaciones resultantes de la prestación de los servicios de los trabajadores de éste, empleados en los trabajos requeridos por el contratista”. Esto nos lleva a afirmar categóricamente que si las empresas operadoras no cumplen con las condiciones laborales, es la CEPA la responsable de hacerlo.

Cada vez que hay que descargar un barco, los estibadores se arremolinan a las oficinas de las operadoras privadas para implorar que les contraten a destajo, sin prestaciones, y expuestos a accidentes industriales. Cada nuevo barco a descargar es una nueva oportunidad para escoger el personal que va laborar con ellas. Cada nuevo barco, es una oportunidad de discriminar a los sindicalistas.

Esta situación es resentida por toda la comunidad de Acajutla, especialmente por los comerciantes y vendedoras. No son pocas las vendedoras que se quejan añorando los tiempos en que vendían de manera razonable sus productos, dado que la estabilidad laboral y las prestaciones de la negociación colectiva, generaba un círculo virtuoso que apuntalaba el mercado interno del municipio.

Pero no solamente esta el problema de la falta de estabilidad laboral y de deterioro de la economía del municipio, también esta el problema de la falta de seguridad industrial.

En el muelle existía antes la bodega para mercadería en transito, bajo la cual los estibadores se protegían de la inclemencia del sol y de la lluvia. Esa bodega ya no existe, y cuando llueve de manera intercalada con el abrazante sol; prácticamente a los estibadores solo les queda esperar que la lluvia pase. “Ahí nos quedamos acurrucados como que fuéramos gallinas” manifestó uno de ellos al ser entrevistado.

Este ambiente laboral también permite la inseguridad en las labores. Los accidentes de trabajo están a la orden del día. Miguel Antonio Siciliano Pinto, un joven estibador que fue contraminado por dos containers en el muelle en Septiembre de 2007, fue evacuado escondido bajo un toldo en un Pick Up particular por los encargados de la operadora para la cual laboraba. Durante la evacuación adquirió una bacteria en sus heridas, llegando su vida a peligrar. Ahora se ha convertido en una de las principales voces de denuncia del régimen laboral existente en Acajutla; el cual atenta contra la vida misma de los estibadores.

MÁS CONCESIONES EN EL HORIZONTE:

Las concesiones ahora vuelven a tomar relevancia. En los últimos meses, el gobierno salvadoreño nuevamente ha anunciado su interés en concesionar los puertos, no solo Acajutla, sino también el de Cutuco en La Unión, una vez termine su construcción con fondos donados por Japón.

Albino Román presidente de CEPA -en declaraciones a un matutino- manifestó que la intención del gobierno es concesionar Cutuco una vez sea terminado en noviembre de este año, pero aclaró "va a estar vacío, porque se entregará sin las grúas y los equipos que transportan contenedores en patio", dijo. "El compromiso del concesionario es equiparlo" remató. El presidente de CEPA junto a la Vicepresidenta Vilma de Escobar visitaron Holanda a mediados de junio, para buscar en un congreso de logística internacional, potenciales interesados en tomar la concesión.

Es de conocimiento público que estas concesiones deben ser aprobadas por el órgano legislativo, al cual es urgente demandar, que los derechos laborales sean claramente especificados en todas las concesiones estatales. El caso de Acajutla en que los trabajadores y las comunidades perdieron todas las prestaciones laborales que habían tenido durante cincuenta años no puede repetirse.

Las concesiones -cuando son necesarias-, deben especificar claramente la obligación de las empresas a respetar todas las leyes, especialmente los derechos laborales y los estandares existentes. Si se hubiese aplicado la sustitución patronal en Acajutla acorde al Art. 6 del Código de Trabajo, los trabajadores no estarían en la lamentable situación actual. Esta situación debe enmendarse, y ante todo hay que revisar que tan conveniente es entregar las operaciones de los puertos al mejor postor. ¿Es esto lo que conviene al país?

El llamado es al órgano legislativo, a condicionar fuertemente cualquier concesión al respeto de los derechos laborales y sindicales, y a la CEPA a restaurar los derechos de la población de Acajutla. No solo es su deber moral, sino legal hacerlo.

LAS POLITICAS ANTISINDICALES DE SLIM EN CENTROAMERICA.

2008-06-26T18:33:00.004-06:00

MINISTERIO DE TRABAJO NICARAGÜENSE DECRETA NULIDAD DE DESPIDOS DE DIRECTIVOS SINDICALES DEL RECIÉN FORMADO SINDICATO DE CORRELASA.

Cuando el Grupo CARSO, el consorcio propiedad del magnate Carlos Slim, adquirió la estatal empresa Nicaragüense de telcomunicaciones ENITEL, los nuevos propietarios adquirieron un negocio en plena expansión. Esta noticia no fue novedosa, en cuanto AMERICA MOVIL -una división de CARSO que opera la telefonía celular en México- ya había comprado las empresas telefonicas en varios países latinoamericanos incluyendo Telgua en Guatemala y CTE en El Salvador.

En estos tres países implementó una política de subcontratación, Americamovil creo empresas satelites de Telgua, CTE y Enitel para contratar los nuevos empleados que bajo estas; Operadora Laboral y Operadora de Agencias en Guatemala, Servicios Laborales en El Salvador, y Correlasa en Nicaragua.

En el caso de El Salvador, el sindicato SUTTEL que representa trabajadores de CTE ha intentado desde 2003 formar un sindicato industrial para representar los trabajadores de la creciente industria de las telecomunicaciones. Aquí, CTE ha contado con la colaboración habitual del Ministerio de Trabajo salvadoreño quién le ha negado por 5 años la personalidad jurídica a SITCOM, a pesar de 3 resoluciones de la Corte Suprema de Justicia – las cuales ha desobedecido – para que respete la libertad sindical de los trabajadores de las telecomunicaciones.

En el caso de Guatemala, el pasado 18 de Mayo, TELGUA despidió a cerca de 30 trabajadores del área de mantenimiento de antenas, y hasta esta fecha se niega a indemnizarles o a reinstalarles en su puesto de trabajo. El plan propuesto por la empresa, era que los despedidos se convirtieran en una empresa de servicios que pudiera brindar el mismo servicio a Telgua de manera subcontratada. Por su parte la empresa TELGUA ha desatado una ola de represalias en contra de los trabajadores afectados y en contra del sindicato que les representa, el STTELGUA, una acción sobre manera peligrosa en un país en donde se vive una cruenta violencia antisindical.

En el caso de Nicaragua ENITEL creo la empresa satelite –CORRELASA- en el año 2004, y al igual que en los países vecinos, los empleados de la subcontratista, aunque usan los mismos unifermes y desempeñan los mismos trabajos que los empleados por ENITEL, tienen menores salarios y prestaciones, y son susceptibles a presiones que les conminan a trabajar más largas jornadas. Un caso típico de doble estandar.

Los trabajadores de ENITEL están representados por la Federación “Enrique Schmidt Cuadra” FESC, y aunque tienen un contrato colectivo que les otorga prestaciones, ENITEL realizó a lo largo de 2007 una serie de maniobras para bloquear la negociación del nuevo contrato colectivo, con ayuda de sindicatos patronales creados por la misma empresa para hacer contrapeso a FESC.

Asimismo, los trabajadores de CORRELASA, la subcontratista de ENITEL, formaron a mediados de Mayo de 2008 un sindicato y presentaron un pliego petitorio ante las autoridades del Ministerio de Trabajo Nicaragüense, a lo que ENITEL respondió a partir del 3 de Junio con despidos masivos los cuales incluyeron –por supuesto- a los nuevos directivos sindicales y a los firmantes del pliego petitorio.

El pasado 20 de junio, fue notificada a los trabajadores afectados, la resolución del Ministerio de Trabajo Nicaragüense que decretó “la nulidad y suspensión de todos los actos violatorios al fuero sindical” al tiempo que mando a que volvieran los hechos a su situación anterior, ordenando de esta maner reinstalar a los trabajadores afectados. Además previno a CORRELASA-ENITEL de no cometer más actos ilegales, dandoles 24 horas para cumplir lo establecido.

Ante esto, las organizaciones sindicales FESC y CST están realizando llamados a la comunidad nacional e internacional a denunciar la violación a los derechos sindicales y de libertad de organización por parte de las empresas ENITEL-CORRELASA, propiedad del grupo CARSO y del magnate mexicano Carlos Slim; al mismo tiempo de exigirles respetar las leyes nicaraguenses, reinstalando a los dirigentes sindicales y firmantes del pliego petitorio de CORRELASA.

A continuación reproducimos LA PROCLAMACIÓN de los trabajadores de CORRELASA en la cual plantean su proceso de lucha por el respeto a las leyes nicaragüenses, y por sus derechos laborales.

* * * *

Managua 26/06/2008

PROCLAMACION

Estimados compañeros trabajadores que laboramos para ENITEL desde hace (4) cuatro años esta empresa creó la Compañía de Relaciones Laborales Sociedad Anónima (CORRELASA) con el objetivo de destruir el movimiento sindical y eliminar las prestaciones sociales a todos los trabajadores CORRELASA, contratando aproximadamente 1,200 trabajadores sin ningún tipo de beneficios y obligando a trabajar mas allá de la jornada laboral que estipula la ley, sin tener derecho a la canasta básica, póliza de seguro y existiendo una discriminación laboral y salarial.

Queremos decirles que CORRELASA esta presente en la Gerencia Financiera, Call-Center, Atención al Cliente, Gerencia Celular, Gerencia Técnica y en todos los departamentos del país. Todas y todos los trabajadores desempeñamos las mismas funciones en los diferentes puestos de trabajo con la gran paradoja de la vida que el salario y los beneficios de los trabajadores de Enitel no se les proporciona a los Trabajadores de CORRELASA inclusive se les ha negado el derecho constitucional a la Organización Sindical ante tal situaciones de atropello y discriminación laboral, se realizo una jornada de trabajo clandestina para formar un sindicato que vele por el derecho de los trabajadores de CORRELASA, este trabajo nos permitió inscribir en el MITRAB nuestra organización sindical, dándonos la Certificación y Aceptación; los funcionarios de Recursos Humanos de Enitel que procedieron a despedir a la junta directiva del Sindicato CORRELASA y sus afiliados donde pende sobre un hilo los puestos de trabajos de otros compañeros que firmaron el pliego petitorio, ante esta labor represiva y anticonstitucional, CORRELASA envió carta de despido con el Articulo 45 firmando por un apoderado legal Dr. Ivan Antonio Matamoro Montenegro por este medio se procedió a despedir a la junta directiva y afiliados del Sindicato por un funcionario de recursos humano de Enitel; este testaferro en el mes Abril del 2008 delego en Amy Guadalupe Moreno Leyton el poder de representación lo cual queda sin validez nuestros despido. Cabe manifestar que el testaferro Amy Guadalupe Marenco Leyton es la Secretaria del Dr. Ivan Antonio Matamoros Montenegro.

Debido al error cometido en recursos humanos de Enitel se creo dos empresas Fantasma con el objetivo de trasladar los trabajadores de CORRELSA a esa dos empresas los cuales se llaman Servicios Diversos De Recursos Humanos y Empresa Unitario de Recursos Humanos, olvidándose que el código del Trabajo dice que para que una empresa se disuelva tiene que existir una autorización del MITRAB incluso se tiene que indemnizar a todos los trabajadores que la conforman.

A demás les informamos que el día Veinte de Junio recibimos resolución emitida por el ministerio del trabajo en donde le ordena a la empresa que decreta la nulidad y la suspensión de todos los actos violatorios del fuero sindical y VUELVAN TODOS LOS ACTOS A SU ESTADO ORIGINAL EN QUE SE ENCONTRABAN , ADEMAS SE LES REGURDARAN Y GARANTIZARAN TODOS LOS DERECHOS SINDICALES, LABORALES Y CONSTITUCIONALES POR PARTE DE LA EMPRESA CORRELASA-ENITEL, respetando los artículos 231, 232, 233, 234 y 376 CT, articulo 87 de la constitución política y el articulo 11del convenio 87 y 98 de la OIT a todos los trabajadores despedidos que ostentan fuero Sindical y fuero especial por ser firmantes y ad hirientes del pliego de peticiones, además que se le previene a la empresa “CORRELASA- ENITEL” “no aplicar el articulo 45 CT de forma colectiva por ser un procedimiento ilegal.

Queremos decirles hermanos trabajadores de CORRELSA que no se dejen humillar ni mucho menos intimidar, estamos en Nicaragua y tenemos el derecho a organizarnos sindicalmente. No teman ya tienen sindicato estamos en la lucha por nuestros derechos.

¡NI UN PASO A ATRÁS TODOS APOYEMOS NUESTRO SINDICATO¡

Imagenes del 1° de Mayo en San Salvador.

2008-05-03T14:52:00.015-06:00

Artículo Recomendado: Cerca de 100 mil personas marchan en San Salvador (Rel-UITA)

Sindicato de la Industria Eléctrica en el punto de Concentración La Campana - Salvador del Mundo (Foto SIES)

Vista Panorámica, Batucada y Bloque de Organizaciones de Mujeres.

Seccional Sindical de CALVO Conservas, protestan por violaciones a sus derechos en la empresa Gallega de procesamiento de Atún.

"La CALACA" altos precios de los alimentos y hambruna, van de la mano.

La Plaza Cívica (Gerardo Barrios) no dió abasto, luego de 45 minutos de haber llegado la cabeza de la marcha, estaba a su máxima capacidad.

Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de El Salvador, CSTS, una de las principales organizaciones convocantes de la marcha.

En el Acto Central, Ricardo Calderón del Frente Sindical y de CSTS, da el saludo en representación de las organizaciones sociales y sindicales.

El Candidato Presidencial por la izquierda; Mauricio Funes, detalló sus propuestas para "reconstruir el tejido productivo" de El Salvador, implementar una "política de aumento de salarios responsable", y gobernar con una "opción preferencial por los pobres y los más necesitados".

Culminado el discurso de Funes, cerca de las 2:00 p.m. los últimos manifestantes arribaron a la Plaza Cívica.

Justicia ante asesinato de compañeras sindicalistas.

2008-05-03T14:34:00.004-06:00

ALTAGRACIA FUENTES, YOLANDA SANCHEZ ¡JUSTICIA!

Coordinadora de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales de Honduras, -COSIBAH-

Mujeres Unidas por la Justicia Laboral y Sindical, - STITCH-

Red de Mujeres Centroamericanas del Proceso de Formación con STITCH

DECIMOS:
Por la Vida de las Mujeres Sindicalistas;

¡Ni un Asesinato Más!

¡NO AL FEMINICIDIO!

Históricamente somos las mujeres quiénes ante la represión sindical, levantamos y sostenemos la organización. Nosotras, conocemos que una amenaza dirigida a un líder sindical llega a una gran red de personas afectadas que muchas veces no son nombradas, pero nosotras, las mujeres, conocemos qué redes nos conectan en las comunidades y vecindades para enfrentar las amenazas, darle protección a los perseguidos y enlazar la red de esfuerzos para acompañar y mitigar el dolor que nos aqueja. Nos ocupamos en hacer visitas a casas, tocamos de puerta en puerta para recaudar abastos que nos ayuden a toda la comunidad sindical a tener las fuerzas y el ánimo en tiempos difíciles.

Las mujeres nos pronunciamos y colocamos nuestras demandas de Justicia Sindical en lo público. Las mujeres corremos igual suerte que los líderes sindicales ante las amenazas de muerte del movimiento sindical.

Las mujeres salimos a las calles proponiendo Justicia! A pesar de que vecinos y comunidad en general muchas veces rechazan el hecho de que una mujer salga de la casa a la calle y tenga presencia pública y política. Por ello, en momentos de represión sindical, la vida de una lidereza sindical, atraviesa por una ruta crítica de violencia silenciada que nos pone en mayor desventaja a nosotras que a los líderes sindicalistas. El liderazgo sindical de las mujeres, pasa día a día sin llamar la atención, sin ser objeto de alta preocupación en la seguridad y protección a la vida.

Pero lo cierto es que las mujeres, estamos presentes en las luchas políticas y sociales, en la casa, en la calle, en el trabajo.

Sin embargo, para muchas mujeres el día en que su voz es escuchada y su presencia en esta vida es visible, será solo cuando aparecemos en una lista de MUERTE y ASESINATO VIOLENTO en los diarios. Muertes y Asesinatos cometidos contra mujeres, por el hecho de ser mujeres. Por ser mujeres que rompieron con el orden establecido y lucharon contra las opresiones impuestas a las mujeres en la sociedad. Muertes y asesinatos que han sido parte de una serie de hechos violentos que muchas veces quedan silenciados. Muertes y Asesinatos, que hoy en día les llamamos, FEMINICIDIO. Y, frente a lo cuál, el Estado debe responder con Justicia!

Por ello, hoy las mujeres alzamos nuestra Voz y rompemos el silencio. Y decimos: Por la vida de las mujeres sindicalistas.. Ni una muerte más! No al feminicidio.

Y con ello denunciamos las dos muertes de mujeres liderezas sindicalistas contra quiénes recientemente se cometió FEMICIDIO : Altagracia Fuentes y Yolanda Virginia Sánchez. Reconocemos que ellas son parte de la historia, de la lucha y el liderazgo sindical que a contribuido a transformar las condiciones de opresión de las trabajadoras hacia una vida más digna y justa. El movimiento sindical quiere honrar la vida de las compañeras y demandar JUSTICIA!

Por ello, las mujeres sindicalistas bananeras, las mujeres sindicalistas de la maquila, las mujeres de organizaciones de solidaridad centroamericana, latinoamericana y estadounidenses – unidas por la justicia laboral y el empoderamiento de las mujeres sindicalistas -; condenamos y denunciamos:

- El FEMINICIDIO cometido contra las compañeras sindicalistas Altagracia Fuentes, Secretaria General del la Confederación de Trabajadores de Honduras CTH y Yolanda Sánchez dirigenta campesina y mujer líder sindical.

Las mujeres en red centroamericana, por la justicia laboral y empoderamiento de liderezas sindicalistas, exigimos:

- La investigación profunda del caso, en todos sus tópicos posibles.

- La intervención del debido proceso de justicia para el esclarecimiento de los hechos y la construcción de justicia para Altagracia Fuentes, Yolanda Sánchez, familias, sindicatos afines y comunidad sindical en general.

Nos unimos a todos los esfuerzos nacionales e internacionales de solidaridad sindical y de mujeres sindicalistas en:

- La solicitud al presidente de la República de Honduras para que tome el presente caso con especial atención al FEMINICIDIO. la represión sindical y a mujeres sindicalistas.

- Y, la exigencia de una justicia pronta y cumplida.

COSIBAH

Coordinadora de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales de Honduras. Programa de la Mujer.

STITCH: Mujeres Unidas por la Justicia Laboral y sindical.

Red de Mujeres Sindicalistas en Centro América del Proceso de formación, STITCH: Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal, Guatemala, SITRABI;

Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Company, Honduras, SITRATERCO;

Sindicato de Trabajadores, Productora Atlántida, S.A, Honduras, SITRAPROADASA;

Centro de Estudios y Apoyo Laboral, El Salvador, CEAL;

Sindicato de Trabajadores de Industrias Textiles, El Salvador, STIT

Grupo de Ex trabajadoras sindicalistas de El Salvador en Hermosas Manufáctury .

Sindicato General de Enfermeras-os Hospital Nacional Benjamín B, El Salvador, SIGEESAL.

Federación Héroes y Mártires, Textil, Vestuario, Piel y Calzado, Nicaragua;

Sindicato Claudio Ochoa Moreno, Nicaragua.

Confederación Sindical de Trabajadores de Zonas Francas, Nicaragua.

Sindicato 28 de Junio, Nicaragua.

COLSIBA y STITCH en C.A. y Estados Unidos.

28 de abril del 2008

cosiba@sigmanet.hn / mcardona@stitchonline.org

2008-04-15T09:45:00.005-06:00

HOY POR MI, MAÑANA POR MI.

CALVO aumenta sus ganancias con trabajo compulsivo.

Con Marina Elizabeth Sánchez y Mariano Alexander Guerrero

Mientras la empresa española asentada en Centroamérica se ufana de sus positivos resultados económicos a nivel global y los atribuye a sus “nuevos productos”, en su planta de La Unión mantiene una práctica antisindical y cuasi esclavista. Para muestra basta un botón: en la medianoche del viernes 11 mantuvo encerradas dentro de los buses de traslado del personal y durante dos horas a 300 personas que habían terminado su trabajo. ¿La razón?: esperar que una supervisora acabara su tarea.

El pasado viernes 11 de abril, Valero Lecha, director comercial del Grupo Calvo en El Salvador, declaró a los dos principales matutinos salvadoreños que la Atunera Calvo facturó 4,9 millones de dólares en ventas en los países centroamericanos, acercándose -en tres meses- a las ventas totales de 2007 que ascendieron a 5,6 millones de dólares en la región. Asimismo, declaró que al final de 2008 esperan facturar 10 millones de dólares en ventas en Centroamérica y aumentar en un 10 por ciento las ventas a Europa que en 2007 llegaron a 100 millones de dólares. El ejecutivo atribuyó el crecimiento de la compañía a sus “nuevos productos”.

Lejos de la prensa y sólo unas horas después, a la medianoche del 11 de abril, las obreras del turno nocturno estallaban en cólera en la planta atunera Calvo, en el departamento de La Unión, y golpeaban el portón exigiendo que se les dejara salir. ¿Cómo se llegó a eso? Al fin de la extenuante jornada semanal, las trabajadoras habían culminado sus labores con rapidez y eficiencia para ir a descansar a sus hogares. Pero la jefa de la sección Limpieza de Pescado de Calvo ordenó que las más de 300 personas que salían de su turno debían esperar en los buses por lo menos dos horas, hasta que una supervisora culminara su labor. Por esa razón les negó el permiso de salir de la planta atunera.

Sirel conversó con Marina Elizabeth Sánchez, obrera y directiva de la Seccional Calvo Conservas El Salvador.

-¿Qué sucedió en la medianoche del viernes 11?

-Los viernes siempre terminamos el trabajo y no importa a qué hora sea nos venimos a nuestras casas porque lo que se nos exige es terminar la tarea. Entonces, ya habíamos acabado y queríamos venirnos a descansar. Pero Dora Lilián Cruz y Erasmo Suárez (jefe de Planta) dieron orden de que no dejaran venir a ningún bus porque debíamos esperar a que saliera una controladora para que viniera con nosotros, ya que ella debía quedarse en el centro de La Unión. Ordenaron que se quedaran hasta los buses que no pasan por el centro.

Salimos a las 0.30 am y nos tuvieron dentro de los buses hasta las 2 de la madrugada, y lo peor fue que la controladora que estaban esperando ni siquiera se vino con nosotros, sino que se fue con otro bus.

Pero antes de irnos fuimos donde Dora Cruz junto con varias compañeras y le dijimos que nosotros no éramos jefas ni controladoras, y que no teníamos que estar esperando.

-¿Y cuál fue su respuesta?

-Nos dijo que ni ella decía nada, que le tocaba esperarse hasta que saliera la última persona de la planta, a lo cual le respondimos que nosotras somos trabajadoras, no jefas como ella, y que trabajamos duro y rápido para terminar con nuestro trabajo e irnos a descansar, no para estar encerradas en los buses mientras nuestros hijos nos están esperando. A lo cual Cruz respondió que ese no era su problema y que ese bus se iba ir faltando 15 minutos para las 2 de la madrugada. Entonces le dijimos que ponernos las pilas para sacar el trabajo los viernes de nada sirve. Dora Cruz contestó que si queríamos podíamos traer abogados, pero que ya había impartido la orden.

-La gente se molestó bastante…

-Estaba bien molesta, y no quería que nos dejaran en la madrugada sentados en los buses haciendo nada. Y la controladora ni siquiera se vino con nosotros, que supuestamente la estábamos esperando.

-¿Y los de qué zonas tuvieron que esperar?

-Todos tuvieron que esperar, los de Tamarindo, los de Yayantique, todos, porque Dora dijo que si dejaba salir un bus todos se iban a querer ir, entonces todos tenían que esperar.

Mariano Alexander Guerrero, obrero y secretario general de la Seccional Calvo Conservas El Salvador, relató también lo ocurrido:

-A las 0:30 a.m. las trabajadoras de Limpieza de Pescado habían hecho un esfuerzo extra para terminar antes y poder llegar temprano a sus hogares. Los buses estaban completos y la gente decía: “¡Vámonos, vámonos, ya estamos listos!”. Los buses tomaron el camino, pero en el portón los regresaron para el parqueo de la planta diciéndoles que no tenían orden de dejarlos salir. Ahí surgió el descontento de la gente, y cuando llegamos al parqueo la gente me decía: “Mariano: ¿cree que les puede decir que nos dejen salir?”. Les respondí que era necesario que no fuera solo como dirigente sindical, sino que me acompañarán más personas para que vieran que era bastante gente la que pensaba así para que nos escucharan. Y entonces se bajaron conmigo todas las trabajadoras de ese bus y las de los otros buses, y se hizo un gran tumulto de gente.

-¿Cuál fue la respuesta de los encargados?

-Les pedimos a los compañeros vigilantes que dieran la orden de dejarnos salir, que la gente estaba rendida, que necesitaban ir a descansar y que no estábamos en una cárcel o en un campo de concentración para que nos tuvieran retenidos a la fuerza. Además, la mayoría de la gente va a comunidades alejadas donde se hace hasta una hora de camino, y a la que estaban esperando era gente del centro de La Unión que esta a unos 10 minutos de la planta, a quienes pueden mandar en un microbús.

-¿Y eran supervisores a quienes estaban esperando?

-Sí, eran controladoras de pescado. El vigilante me dijo que la decisión de dejarnos ir dependía de Dora Lilián Cruz, la jefa de la sección de Limpieza de Pescado. Entonces fuimos con toda la gente para donde Dora Lilián, adentro de la planta, y le pedimos que por favor diera la orden de dejar salir los buses, que afuera estaban todas las trabajadoras enojadas. Dijo que tenía la orden de dejar salir los buses a la 1.45 a.m., y que además no éramos nosotros quienes íbamos a decidir la hora de salida de los buses sino ella.

-¿Dora Lilián es quien afilia para el sindicato bajo control patronal?

-Sí, aunque ella no tiene un cargo, es la que permite que los miembros del sindicato patronal con listado en mano proporcionado por ella misma se pongan a afiliar a las trabajadoras dentro de la planta en forma forzada, y a las personas nuevas les dice que si no se afilian al sindicato bajo control de la empresa, no se van a quedar después de la etapa de aprendizaje.

-¿Cuál fue su reacción al reclamo de las trabajadoras?

-Hubo amenazas contra todas las trabajadoras que estaban ahí conmigo. Les dijo directamente que ya estaba viendo quiénes eran las personas que estaban apoyando la trifulca del sindicato, que sólo nos dedicábamos a crearle problemas a la empresa y que el lunes tomaría medidas. Una compañera le dijo que dejara de amenazarnos, y que decirle que se querían ir para su casa no era ofenderla. Fue cuando llegaron los vigilantes llamados por la jefa de Empaque, y nos pidieron que desalojáramos las oficinas de producción. Dora Lilián nos despidió diciendo que si queríamos que llegáramos con mil abogados, pero que las órdenes las daba ella.

-¿Y ustedes salieron?

-Sí, y afuera la gente estaba cada vez más enojada. Algunos sacudían el portón y gritaban que nos dejaran salir, que querían ir a sus casas. Algunos de tan enojados que estaban, gritaban reclamos contra los vigilantes y contra el jefe de Recursos Humanos, Eduardo Meléndez, que ni se encontraba en el lugar. Ahí me crucé con un miembro del sindicato patronal que se llama José Leonidas Valladares, y le pregunté que si ellos no podían hacer algo, que si no estaban para defender los derechos de los trabajadores. A lo cual me respondió que no iban estar defendiendo gente que andaba insultando a Don Eduardo o a la empresa. Lejos de interceder por los trabajadores, los miembros del sindicato patronal se dedicaron a andar levantando una lista de las trabajadoras que estaban protestando o descontentas.

Pero Calvo espera aún más beneficios

Las entrevistas a las trabajadoras y trabajadores de Calvo van desenmascarando el doble discurso de la empresa, que continúa con sus esfuerzos mediáticos para presentarse públicamente como una empresa modelo.

De hecho, a la pregunta de los periodistas que lo entrevistaron sobre las posibilidades de que el “limbo legal” en que se encuentra el cumplimiento de los convenios de la OIT en El Salvador pudiera afectar los beneficios del SGP Plus de la Unión Europea, Valero Lecha respondió: “Esperamos que por todos los beneficios que ha traído Calvo a El Salvador; la UE tome la decisión correcta”.

En La Unión, CEAL*

15 de abril de 2008

España-El Salvador

2008-03-14T11:25:00.005-06:00

Mientras en España la transnacional gallega respeta el derecho de los trabajadores y trabajadoras a organizarse en sindicatos, en El Salvador continúa practicando una política antisindical que ya, en América Latina, ha alcanzado la categoría de emblemática.

Y eso es mucho decir en la región que más viola las libertades sindicales a nivel mundial.

Al mismo tiempo que Calvo lanza el primer “atún claro cero por ciento en materia grasa” en el Salón de la Alimentación que se celebra desde el pasado martes 11 y hasta el próximo viernes 14 en Barcelona, España, colocándose al lado de las exigencias del consumidor preocupado por mantener una vida saludable, en El Salvador, ese mismo martes 11, pobladores de 16 cantones y caseríos del departamento de La Unión -donde la transnacional tiene su planta de producción- marcharon por las calles exigiendo el cierre del relleno sanitario ASIGOLFO (Asociación Intercomunal del Golfo de Fonseca).

Según el periódico Co Latino, la marcha salió de El Salvador del Mundo y llegó hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Aurelio Ventura, líder de la comunal del departamento de La Unión, dijo que en el relleno sanitario se depositan de 290 a 300 toneladas de basura diariamente, ocasionando malos olores y contaminación en los mantos acuíferos.

Ventura también se quejó del depósito de desechos de la empresa Calvo. “Esa empresa nos está tirando sus desechos de pescado, y está contaminando más, por el tipo de químicos que ellos utilizan para evitar los olores”, explicó el dirigente.

Para Calvo, parece ser que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría. Unos, a los que, por su poder de consumo, hay que considerar y respetar, y otros, los pobres, que son materia desechable. En el tema ambiental Calvo también discrimina: mientras en Europa hace buena letra, a El Salvador lo usa como su basurero.

Gerardo Iglesias
Rel-UITA

STTELGUA solicita a Colom interceder en reunión con Slim.

2008-02-26T18:20:00.004-06:00

El pasado 22 de febrero se llevó acabo en el Hotel Four Season de México D.F. una reunión entre el Magnate Carlos Slim, con el presidente de Guatemala de reciente envestidura, Alvaro Colom. Con motivo de dicha reunión; el Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones de Guatemala STTELGUA hizo llegar previamente al Presidente Guatemalteco el comunicado que reproducimos abajo.

STTELGUA solicitó al presidente guatemalteco, interponer sus oficios ante Carlos Slim; dueño de TELGUA, para detener las violaciones a los derechos laborales en la empresa de telecomunicaciones privatizada. La reunión se llevó a cabo a petición de Slim según declaraciones de Colom. El Magnate Mexicano, sostuvo una reunión similar hace aproximadamente un año con el presidente Nicaragüense Daniel Ortega, a pocos días de asumir como presidente. Ortega y Colom, son dos presidentes centroamericanos recién electos, que algunos consideran parte de una corriente distanciada del conservadurismo que ha predominado la última década en la región.

STTELGUA y la Federación “Enrique Schmidt Cuadra”, son organizaciones sindicales que representan a los trabajadores de las empresas telefónicas (antes estatales y ahora propiedad de Slim) en Guatemala y Nicaragua respectivamente. Ambas organizaciones enfrentaron tácticas antisindicales sofisticadas de parte de las empresas telefónicas, durante las negociaciones de mejores prestaciones laborales durante el año 2007. Estas tácticas incluyeron la promoción de sindicatos bajo control de las empresas para dividir las negociaciones, las cuales finalizaron sin mejoras en las prestaciones laborales para los trabajadores.

Carlos Slim es también conocido por la promoción de actividades altruistas a través de fundaciones. Los representantes sindicales han urgido que los beneficios también deben llegar a los trabajadores que laboran en las empresas de telecomunicaciones propiedad de Slim, mediante condiciones laborales justas y convenios colectivos negociados con representantes legítimos de los trabajadores.

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COMUNICADO

El Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones de Guatemala –STTELGUA- afiliado internacionalmente a la Unión Network Internacional –UNI- al Señor Presidente de la República de Guatemala, Ingeniero Álvaro Colom Caballeros,

I N F O R M A:

Tenemos conocimiento que tendrá una reunión con el señor Carlos Slim, el multimillonario empresario de origen mexicano, accionista mayoritario de la empresa América Móvil en Latinoamérica y dueño de la empresa de Telecomunicaciones de Guatemala –TELGUA-.

Deseamos manifestarle nuestra preocupación, ya que nuestra organización sindical fue el primer sindicato que tuvo la empresa que anteriormente era del Estado, la recordada GUATEL y posteriormente surgieron otras dos organizaciones sindicales, debido a las políticas laborales instituidas por la actual administración, desde la privatización, políticas que han sido discriminatorias y que han venido en detrimento de los derechos laborales y derechos adquiridos que como trabajadores tenemos derecho a gozar.

El Estado de Guatemala ha ratificado los Convenios Internacionales números 87 y 98 de la Organización Internacional de Trabajo –OIT-, estos convenios se refieren a la Libertad Sindical y a la Negociación Colectiva, asimismo, nuestra legislación laboral contempla estos temas. Sin embargo, como trabajadores sindicalizados hemos sufrido de muchas represiones y discriminaciones, actualmente la empresa contrata personal bastante joven prohibiéndole el ingreso al Sindicato y son contratados por otras empresas que operan para TELGUA.

Además, tenemos conocimiento de que habrá un recorte de personal del 20% a nivel latinoamericano, lo que hará crecer la tasa de desempleo, también hay rumores bastantes fuertes sobre un cambio de la razón social de TELGUA y la intención de liquidar al personal más antiguo.

Con base en todo lo expuesto, hacemos al señor Presidente la siguiente:

P E T I C I O N :

a) Que de darse cualquier tipo de negociación entre Guatemala y el señor Carlos Slim, que se firme un convenio que contenga el compromiso de parte de la empresa América Móvil y la administración de TELGUA, a respetar los derechos laborales y humanos de los trabajadores sindicalizados y los no sindicalizados de nuestro país.

b) Que se logre negociar la creación de una fundación de beneficio para los trabajadores de la empresa de Telecomunicaciones de Guatemala –TELGUA-, en la que tenga participación nuestra organización sindical.

SABEMOS QUE USTED ES CONOCEDOR DE LA MARGINACION Y DE LAS INJUSTICIAS DE LA QUE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS RESPONSABLES HEMOS SIDO VICTIMAS A LO LARGO DE NUESTRA HISTORIA, POR ESO CONFIAMOS DE QUE EL COMPONENTE SOCIAL Y ESPECIFICAMENTE EL DE ORGANIZACIÓN Y SINDICALIZACION DE LOS TRABAJADORES NO SEA HECHADOS POR LA BORDA, DANDOLE COMO SIEMPRE PRIORIDAD A LOS INTERESES ECONOMICOS QUE EN EL PASADO A SIDO LO UNICO QUE HA MOVIDO LAS NEGOCIACIONES GUBERNAMENTALES, SI NUESTRA ESPERANZA ES SU COMPROMISO VUELVA SUS OJOS A LA CLASE TRABAJADORA GUATEMALTECA.

POR UNA CLASE TRABAJADORA CON DERECHO A UNA VIDA DIGNA.

Guatemala, 22 de febrero 2008

www.sttelgua.com

Liberados de cargos capturadas/os en Suchitoto.

2008-02-20T07:47:00.007-06:00

Fiscalía no se presenta ante falta de Pruebas.

El Pasado 13 de febrero, arribó a San Salvador, una peregrinación que desde Suchitoto partió el día 11 de febrero y culminó en las inmediaciones del Hotel Radisson en la Colonia Escalón. El objetivo; una demostración de solidaridad de miles de personas que por 3 días marcharon para exigir a la Jueza de Instrucción del Tribunal Especializado contra Actos de Terrorismo, que pasara el caso de las 13 personas capturadas el 2 de Julio de 2007, al Juzgado de Paz de Suchitoto. La Fiscalía de Cojutepeque había solicitado el 8 de febrero el cambio de la acusación del delito de “Actos de Terrorismo”, a “Desordenes Públicos”.

Llegada de Peregrinación a San Salvador, 13 de Febrero 2008.

A finales de enero, una delegación de congresistas estadounidenses hizo del conocimiento del gobierno salvadoreño, las graves consecuencias para el Estado Salvadoreño, de darse a conocer a nivel internacional por procesar a activistas sociales como terroristas. Las protestas, las acciones de solidaridad y de indignación a nivel nacional e internacional, no han cesado luego que en al menos 3 casos sucedidos durante 2007 activistas sociales fueron procesados por el gobierno salvadoreño, bajo cargos criminales y/o de terrorismo (capturadas/os en Suchitoto, en Tacuba y sindicalistas de SIGEESAL).

Participantes de la Peregrinación en Colonia Escalón, 13 de febrero 2007.

Este 19 de febrero, la Fiscalía se presentó al Juzgado de Paz de Suchitoto cerca de las 11 de la mañana y luego de terminada la audiencia en la cual Juez había liberado de cargos a los acusados (Sobreseimiento Definitivo) ante la falta de acusación fiscal . La Fiscalía argumentó un retraso por fallas mecánicas en el vehículo. La Audiencia programada para las 9 de la mañana, inició pasadas las 10:00 a.m. Una de las liberadas de cargos, Hayde Chicas, periodista y quien fue capturada por la Policía en la carretera a Suchitoto el 2 de Julio frente a cámaras y en medio de la intercepción de su vehículo, piensa que sencillamente la Fiscalía no tenía pruebas para sustentar la acusación por desordenes públicos. Las 13 personas fueron capturadas en el marco de un ataque policial a la población civil que protestaba contra la privatización del agua. Diversos lideres comunitarios y de las organizaciones sociales compartieron la percepción que el gobierno salvadoreño necesitaba una salida honrosa al bochornoso hecho de la represión policial. La Fiscalía advirtió que evaluará si apelan la decisión judicial.

Baterías RECORD y el CAFTA.

2008-02-12T12:44:00.000-06:00

En el 2004 y dada la coyuntura de negociación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con CA y RD, conocido como CAFTA-RD, la Alianza Social Continental, la Alianza por el Comercio Responsable y el Bloque Popular Centroamericano publicaron su análisis crítico del documento oficial del TLC. Este documento se titulo “Por qué decimos NO” .

En el apartado No 3 de dicho posicionamiento, se abordó el tema del Capítulo 10, relativo a las Inversiones en el marco de CAFTA. Dicho capítulo, es una reproducción mejorada del Capitulo 11 de NAFTA y del fallido AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones) que hace una década fue sacado a la luz pública por periodistas cuando se fraguaba en silencio su aprobación en el marco de la OMC.

En pocas palabras, el posicionamiento de las redes sociales frente al Capítulo de Inversiones del TLC fue de rechazo al mismo, debido a que le daba al concepto de inversiones una definición demasiado amplia; incluía un tratamiento igualitario de las grandes transnacionales con las pequeñas y medianas empresas locales, lo que dejaba a las segundas en obvia desventaja; quitaba a los gobiernos toda posibilidad de regular las inversiones dando a las multinacionales la posibilidad de actuar contra aquellos gobiernos que intentaran hacerlo. También creaba la figura de la Expropiación Indirecta, la cual permitiría a las grandes multinacionales obtener compensaciones millonarias de los gobiernos y en los panales donde se dilucidarían las controversias, las multinacionales tenían de hecho el control de los mismos.

Como ejemplo, las redes sociales presentaron casos donde ya multinacionales habían obtenido millonarias compensaciones, entre ellos el caso de METALCLAD en México; en donde el gobierno de Guadalcázar, San Luis Potosí le negó a esta corporación el permiso de construcción de un basurero tóxico debido a la presión social y popular. Posteriormente la multinacional demandó bajo el Capítulo de Inversiones de NAFTA al Estado por expropiación indirecta, obteniendo una compensación por 16 millones de dólares.

Cuatro años después y ya en vigencia el CAFTA a pesar de la enorme resistencia popular; aquellos visionarios argumentos de resistencia tendrían como prueba histórica de su veracidad, un caso similar en El Salvador.

BATERIAS RECORD, EL METALCLAD SALVADOREÑO.

Durante muchos años, la empresa gozó de una cobertura favorable en los medios de comunicación conservadores: “El TLC de El Salvador con Estados Unidos, les permitirá trabajar con tranquilidad en los próximos años” y “Los estrictos controles de calidad a los que son sometidos los productos, han permito que los mercados internacionales les abran las puertas” Rezaba un reportaje en El Diario de Hoy el 26 de septiembre de 2005 donde se anunciaba el aumento vertiginoso y millonario de las ventas y las ganancias de Baterías RECORD.

Dos años después, la fábrica de Baterías Record fue cerrada el 24 de Septiembre de 2007 por la Unidad de Salud de Sitio del Niño, la localidad en donde funciona desde el año de 1994. Antes de esa fecha, la fábrica funcionaba en el populoso municipio de Soyapango, en donde la comunidad vecina aceleró su salida con protestas de todo tipo. El cierre en 2007 también respondió a una fuerte presión social de la comunidad que expuso públicamente los efectos de la masiva intoxicación por plomo especialmente en niños.

Pero varias fallas garrafales cometidas por el Ministerio de Salud en el procedimiento de cierre, así como la vigencia del CAFTA y del capítulo de inversiones, han abonado el camino para que Baterías Record (Baterías de El Salvador S.A. de C.V.) demande al Estado Salvadoreño por Expropiación Indirecta. La empresa anunció el pasado 29 de enero de 2008 a través de sendos reportajes, que pretenderán obtener la cifra de 50 millones de dólares.

El Ministro de Economía durante la administración de Francisco Flores, se trataba precisamente de Miguel Lacayo, Ex Presidente de Baterías Record, quien ostento el cargo hasta dos días antes de asumir su cargo en 1999 como Ministro. Sin embargo sus familiares continuaron siendo importantes socios de esta empresa, a pesar de la inclusión de accionistas extranjeros en 2006. En diciembre de 2000 una serie de reportajes en La Prensa Gráfica, lanzaron luz sobre la práctica de esta empresa de beneficiarse de la exención de impuestas otorgadas a componentes de baterías bajo la figura de salvaguardias, un recurso que se debe utilizar para importar sin impuestos productos en caso que lo amerite una emergencia nacional. Este funcionario fue también la principal figura del gobierno para imponer el CAFTA y por supuesto el Capítulo de Inversiones al cual ahora se amparará Baterías Record.

También es necesario mencionar que los Trabajadores de Baterías RECORD, formaron en enero de 2006 un sindicato motivados entre otras cosas por las fallas en la seguridad e higiene en el trabajo que provocaban el envenenamiento por plomo de los obreros. Este caso ha sido conocido bajo el código No 2514 en el Comité de Libertad Sindical de la OIT, ya que la empresa despidió a los fundadores del sindicato bajo presiones, amenazas y sobornos y posteriormente subcontrató a todos los obreros bajo 10 diferentes empresas de servicios, para que no existiera relación laboral directa con el personal, aunque laboraban dentro de las instalaciones de Baterías Record. Paradójicamente la empresa ahora argumenta que se causo daño a las personas que perdieron sus empleos con el cierre. Sin embargo, el Director del ISSS informó que las 10 sociedades subcontratistas no registraban a sus empleados en el Seguro Social por lo que ahora no pueden recibir bajo el ISSS el tratamiento de desintoxicación.

El caso es complejo e intrincado por las relaciones de poder, la protesta social, y por la tragedia de miles de personas que aunque reciban tratamiento, tendrán que vivir con los estragos causados por el plomo, los cuales son irreversibles. Sin embargo, bajo el CAFTA lo que se hará valer es el interés de Baterías Record como inversionista por haber sido afectado por el Estado. Paradójicamente también, en caso que Baterías RECORD gane el litigio bajo CAFTA (que es lo más seguro); quién tendría que pagar por el Estado Salvadoreño, será el nuevo gobierno que asumirá luego de las elecciones de marzo de 2009. Un gobierno que probablemente sea de izquierda, a diferencia del gobierno ultra conservador que negoció el Tratado de Libre Comercio. Debido a lo anterior conviene preguntarse si esto no explica las fallas en el procedimiento de cierre por parte del actual Ministerio de Salud. De todas maneras, quien de una u otra forma terminaría pagando será todo el pueblo salvadoreño, con sus impuestos y con su salud.

Finalmente y con la mirada en el futuro de nuevas negociaciones comerciales, especialmente de cara al Acuerdo de Asociación Comercial con la Unión Europea con Centroamérica, muchos sectores se decantan por afirmar que este tipo de acuerdos son de un carácter diferente a los TLC. Tristemente, la experiencia nos indica lo contrario. Al menos en el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones (APRI) que se firmo entre México y la Unión Europea en 1999, este otorga protecciones equivalente a las que provee el Capítulo 11 de NAFTA y al Capítulo 10 de CAFTA. Éste último, cubre por ahora con su manto de impunidad a Baterías RECORD.

Anexamos a este mensaje un reportaje completo del Caso de Baterías RECORD, publicado por la Revista Envío www.envio.org.ni de Managua, Nicaragua, en su edición de Noviembre 2007.

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El Salvador

Batiendo récords con la irresponsabilidad empresarial y gubernamental

El caso de la empresa Baterías de El Salvador, S.A. de C.V., que durante años ha envenenado con plomo a miles de personas, pone en entredicho la hoy tan publicitada estrategia de “responsabilidad empresarial”. Seguramente existen empresarios con la buena voluntad de preocuparse por “sus” trabajadores y por el planeta. Lo que no debemos permitir es que los trabajadores, las comunidades y el planeta dependan de la buena voluntad de los empresarios. Corresponde al Estado, a los gobiernos, la responsabilidad de garantizar el bienestar de la población.

Elaine Freedman

Según las evaluaciones de impacto del CAFTA-DR, las empresas salvadoreñas que gozan de los beneficios de este tratado de libre comercio son poquísimas. Baterías Record, legalmente constituida como Baterías de El Salvador, S.A. de C.V., la única empresa salvadoreña que fabrica baterías de autos, es una de ellas. Exporta un 85% de su producción al exterior y gozaba de la eliminación de aranceles aún antes de la firma del TLC con Estados Unidos. Esto le ha permitido a sus dueños, la familia Lacayo, y a sus asociados en esta empresa, ingresos por más de 60 millones de dólares al año.

PLOMO EN LA SANGRE

El 9 de marzo de 2005, miembros del Comité Ambiental de Sitio del Niño, en el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, denunciaron a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) que unas 7,250 personas que habitaban en seis comunidades de la zona estaban siendo afectadas por la contaminación que generaba la fábrica de Baterías de El Salvador, S.A. de C.V, conocida como Baterías Record.

Los materiales que utiliza esta empresa para la elaboración de las baterías, entre ellos plomo y ácido, son altamente tóxicos y muy nocivos para la salud humana. El hallazgo de grados de saturación de un 300% de plomo en las aguas residuales de la empresa, confirmado en el informe del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue una de las principales quejas que las comunidades aledañas a la fábrica -Nuevo Sitio, Joya de Cerén, Nueva Candelaria, Santa Fe, Prado II, Vía París y Vía Mónaco- presentaron a la institución gubernamental.

El plomo es un veneno que afecta gravemente la calidad de vida de las personas, su salud física y mental y el medio ambiente. Según la “Guía de Atención Clínica a Pacientes con Intoxicación por Plomo” del Ministerio de Salud de El Salvador, las fundiciones de plomo, la fabricación y desarmado de baterías para carros y la industria de la cerámica constituyen la principal fuente de intoxicación laboral en el país. El plomo en el aire puede depositarse en el suelo y el agua, desde donde llega al ser humano por vía de la cadena alimenticia y del agua bebida. La Organización Mundial de la Salud señala que una exposición continua al plomo, incluso a niveles relativamente bajos, puede tener efectos graves: anemia, posible desarrollo de leucemia, malestares y lesiones del sistema nervioso. Los niños son especialmente vulnerables a los efectos neurotoxológicos del plomo. Como consecuencia de una exposición a niveles relativamente bajos, pueden tener puntajes inferiores en pruebas de cociente intelectual, presentar discapacidades en el aprendizaje y manifestar comportamientos agresivos. “En determinadas circunstancias se observan casos de envenenamiento agudo en niños expuestos crónicamente, cuyos niveles de plomo en sangre son tan altos que menoscaban las funciones normales. Esos niños sufren jaquecas fuertes, náuseas y vómitos, dolores abdominales, letargo o hasta entran en coma. Los casos graves pueden desarrollar una encefalitis amenazadora que puede ser mortal o tener secuelas neurológicas irreversibles. Pero son más frecuentes los niveles bajos de exposición al plomo, cuyos efectos pueden ser signos y síntomas inespecíficos que no se someten a un diagnóstico”, dice la OMS.

HUMANOS, PLANTAS Y ANIMALES ENVENENADOS

La norma mundialmente aceptada para menores de edad es de 10 microgramos por decilitro de sangre. “Aceptada” significa que con esa cantidad se puede vivir, pero con los estragos que este metal puede causar en el cuerpo humano. Según la OMS, la cantidad de plomo en la sangre debería ser cero en el caso de niños y niñas. Ángela Ester Gómez Carrillo, actualmente de 11 años, fue diagnosticada con 11.76mg/dl en 2005. Dos años después, una prueba de su sangre registró la presencia de 52.46 mg/dl. Antes de ser tratada con quelantes -el medicamento indicado para contrarrestar los efectos del plomo- Ángela registró 72mg/dl. René Gómez, su papá, cuenta que no se enteró del último diagnóstico hasta que llevó a su hija al Hospital de San Rafael referida por la Unidad de Salud de su localidad. “El doctor nos dijo que si habíamos llegado preparados porque iban a hospitalizar a mi hija y al otro niño. A todo esto no sabíamos qué pasaba”, relató el papá, sin tener aún idea de lo que esa medida significaba.

Los agricultores y ganaderos de la zona comenzaron a preocuparse cuando sus vacas comenzaron a sufrir abortos repetidamente -sin índices de enfermedad; y sus cultivos aparecían, inexplicablemente, con síntomas de envenenamiento por plagas.

En 2007, un estudio realizado por el Ministerio de Salud en 358 pobladores del cantón Sitio del Niño, arrojó que 92 personas tenían plomo en la sangre. Según muchos, estos datos son muy conservadores. El Movimiento sin Plomo y organizaciones humanitarias consideran que 500 niños han resultado envenenados con plomo y que, por eso, demandarán por “negligencia” al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si no logran resolver la situación con las instancias nacionales.

EL RÉCORD DE LA EMPRESA

No es la primera vez que la empresa Baterías de El Salvador S.A. de C.V. aparece en alto relieve en los periódicos nacionales. En diciembre de 2000, “La Prensa Gráfica” publicó un reportaje dominical donde dieron a conocer el caso de corrupción o “conflicto de intereses” del entonces Ministro de Economía, y presidente de la junta directiva de Baterías Record, Miguel Lacayo. El Ministro, quien sería firmante del CAFTA-DR unos años después, utilizó una figura “de urgencia”, “la salvaguarda”, para beneficiar a su empresa mientras formaba parte del gabinete del Presidente Francisco Flores. Según el Tratado General de Integración Económica, el COMIECO (Consejo de Ministros de la Integración Económica) toma las decisiones que rigen los aranceles comunes sobre productos que provienen de fuera de la región centroamericana. Sin embargo, la Cláusula de Salvaguarda del Convenio del Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, establece que frente a una situación de emergencia nacional, el Ministro de Economía y el Ministro de Hacienda de cualquier país pueden reducir o eliminar los aranceles a un producto extrarregional.

En cinco ocasiones distintas, Baterías Record fue beneficiaria de esta cláusula. Una bajo el mandato del Ministro Eduardo Zablah, una semana antes de entregar el cargo a Lacayo, que ya laboraba en el Ministerio de Economía. Y cuatro veces bajo el mandato del presidente de la junta directiva y ex-director ejecutivo de la empresa. Según una investigación de la revista “Enfoques” de “La Prensa Gráfica”, en ese momento la salvaguarda fue aplicada a la importación de cuatro clases de materias primas destinadas a la fabricación de baterías de automóviles -bobinas, láminas de metal y otras-. Los distintos decretos ministeriales ahorraron a Baterías Record 145 mil colones en el pago de aduanas y más de 300 mil en el pago del impuesto IVA, cantidades que la empresa debía haber abonado al Presupuesto Nacional.

¿EMERGENCIA NACIONAL?

Según reza en la Cláusula de Salvaguarda, un Estado queda facultado para “aplicar unilateralmente la modificación de los derechos arancelarios a la importación cuando alguno de los Estados Contratantes se viera enfrentado a graves problemas de desequilibrio de la balanza de pagos; o a deficiencias repentinas y generalizadas en el abastecimiento de materias primas y bienes finales básicos o a desorganización de mercado, o a prácticas de comercio desleal; o a cualquier otra circunstancia que amenace derivar en situaciones de emergencia nacional”.

A mediados de 1999, el Diario Oficial daba a conocer que el desabastecimiento de insumos para baterías de automóviles constituía una “emergencia nacional”. Aunque nunca se conocieron los argumentos que sustentaban esta declaratoria, no hubo ninguna voz en el gobierno de Francisco Flores que la cuestionara. En un año en el que hubo una crisis nacional relacionada con la importación de gas propano y petróleo -productos que afectan directa e indirectamente la cotidianidad de la mayoría de hogares- era difícil creer que la producción de baterías de automóviles podría poner en jaque al pueblo salvadoreño causando una “emergencia”.

Las declaraciones posteriores de Alvaro Corpiño, el gerente de mercadeo de ventas de Baterías de El Salvador, S.A. de C.V., dieron a entender todo lo contrario. “En ningún momento hemos estado desabastecidos, ni siquiera en los tiempos de guerra, porque siempre hubo una política bastante sana de inventarios… La empresa jamás ha caído en una crisis de producción o de abastecimientos, debido a insumos o materias primas, gracias a Dios”, dijo Corpiño.

En una entrevista con el entonces Ministro Lacayo, éste justificó así que no hubo ningún conflicto de intereses: “Mire, la política arancelaria en Centroamérica y en nuestro país va orientada al desarrollo económico y existen aproximadamente seis mil códigos arancelarios. Algunos impactan a una, dos, tres, cinco empresas. Nuestra economía no es muy grande... En una economía pequeña es normal que códigos arancelarios impacten a una o tres empresas... Usted tiene que hacer un análisis completo de la economía y decir cuántos casos ha habido que impacten a una, dos o tres empresas y va a encontrar cientos de casos. Porque nuestra economía es pequeña”. De esta forma, Lacayo, Máster en Administración de Empresas, graduado en las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, explicó las razones por las que él hubiera fallado a favor de su propia empresa, la única fabricante de baterías de automóviles presente en los listados de la Asociación de la Industria Salvadoreña (ASI).

EL RÉCORD DEL DUEÑO

En mayo de 2005, con el país bajo el mandato de Elías Antonio Saca y el Ministerio de Economía bajo Yolanda de Gaviria, José Eduardo Cáceres, jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema, solicitó al Banco Agrícola y al Banco Salvadoreño una lista de informes sobre las cuentas de varios ex-funcionarios, cuyas declaraciones patrimoniales le ameritaron “comentarios”. En esa lista, Miguel Lacayo acompañaba a otras figuras de renombre: el ex-Presidente Francisco Flores, su esposa Lourdes de Flores, el ex-secretario técnico de la presidencia, Juan José Daboub y María Eugenia Brizuela de Ávila, ex-canciller y en ese momento, recién electa presidenta del Banco Salvadoreño.

En lugar de enviar los informes que les pedían, los dos bancos, respaldados por el Banco Cuscatlán, enviaron una carta al presidente del Órgano Judicial, Agustín García Calderón, objetando la facultad de la Sección de Probidad para pedirles informes. Calderón y nueve magistrados más dieron sus votos para aprobar la solicitud de las instituciones financieras y desautorizar a la Sección de Probidad por pedir informes a esas personas.

A pesar de la falta de cooperación del capital financiero, se supo que en el caso del ex-ministro Lacayo, la Sección de Probidad registró un incremento patrimonial de 3 millones, 766 mil 398 dólares durante sus cinco años como titular del Ministerio de Economía. Lacayo se justificó argumentando la venta de acciones que le fueron donadas por su padre. En este caso, el jefe de la Sección de Probidad acota: “La Sección no está en posibilidades de investigar, ya que todas las transacciones se hicieron en el exterior”.

Vale mencionar que en 2005, Miguel Lacayo entregó su cargo como Presidente de Baterías de El Salvador, S.A. de C.V. y vendió sus acciones. Parece que varios familiares suyos fueron los nuevos compradores y ostentan cinco de los diez cargos en la junta directiva actual. En ese año, el ex-Ministro fundó Farmacias Económicas, donde actualmente funge como presidente. Carlos Mejía, representante del Movimiento Sin Plomo afirma: “Envenenó a la gente con la Record y ahora seguramente Farmacias Económicas va a traer los quelantes para venderlos al Ministerio de Salud”.

LUCHA Y ORGANIZACIÓN

A partir de 2002, las comunidades de la zona -a veces de forma mancomunada y a veces independientemente- denunciaron la contaminación ambiental y las afectaciones a la salud de adultos y niños a un sin fin de instancias. En el período de 2002-2005 los pobladores de la zona acudieron a distintas instancias de la Policía Nacional Civil, la Fiscalía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Alcaldía Municipal de San Juan Opico, el Ministerio de Trabajo, el Instituto de Seguro Social Salvadoreño y la Corte de Cuentas. Eran más los silencios que las respuestas, pero en 2005, como fruto de tan distintas presiones, incluyendo una denuncia hecha ese año por el Comité Ambiental del Sitio del Niño a la Procuraduría de los Derechos Humanos, el gobierno conformó un equipo multidisciplinario e invitó al CDC (Centro de Control de Enfermedades) de Atlanta a realizar pruebas en la zona. El CDC-Atlanta hizo pruebas de sangre en el 100% de los 370 trabajadores de la planta y tomó muestras en la población infantil de las comunidades cercanas. Apareció que un 10% de los trabajadores tenía el nivel máximo de envenenamiento de plomo (nivel IV), 14% de ellos tenía el nivel III (un poco menor), 42% tenía el nivel II (presencia de envenenamiento) y solo 35% tenía el nivel I, que representa el nivel “aceptable” de presencia de plomo en la sangre.

ALGUNOS LOGROS

Estas pruebas hubieran sido suficientes para presentar una demanda al Ministerio de Trabajo si los trabajadores de la fábrica o la población de la zona hubieran tenido conocimiento oportuno de ellas, pero fue hasta hace poco que tuvieron acceso al informe realizado por el CDC-Atlanta. Es innegable que, a pesar de ese secretismo, la realización de las primeras pruebas de sangre fue un logro de este período. Se dio a conocer también la existencia de tres niños contaminados en la comunidad y esto venía a confirmar una alarma que ya había sido advertida por algunas comunidades que enfrentaban padecimientos inexplicables en niños y jóvenes.

Otro logro fue el hecho que, después de diez años de funcionamiento en la zona, la empresa finalmente puso un rótulo que decía “Baterías Record” para que constara públicamente su presencia en esa localidad. Cuando Baterías Record se trasladó a Sitio del Niño, venía prácticamente huyendo de la comunidad 22 de Abril en Soyapango, donde estuvo ubicada. Los pobladores de esa comunidad, con una trayectoria organizativa sólida, realizaron una campaña de protestas contra la contaminación, que resultó efectiva. Por eso, la empresa intentó reubicarse en otro sitio, pero de la manera más silenciosa, para no alertar a los nuevos vecinos.

NACE EL MOVIMIENTO SIN PLOMO

A pesar de la falta de acceso a los resultados del CDC-Atlanta, los trabajadores sintieron en carne propia los daños a su estado de salud. En 2006, se formó dentro de la fábrica el Sindicato de Trabajadores de Empresa Baterías de El Salvador (SITRAEBES), en respuesta a una serie de demandas relacionadas a “derechos laborales y a un problema de salud debido a fallas en los programas de seguridad industrial.” Casi en paralelo a la afiliación de los trabajadores al sindicato, la empresa inició una campaña de intimidación y ofrecimientos económicos a sus dirigentes. A pesar de las protestas, gestiones y denuncias internacionales de violaciones a la libertad sindical, más pudo el poderío de los propietarios y el sindicato se desintegró en menos de un año.

Aproximadamente seis meses después, once comunidades de la zona se organizaron en el Movimiento Sin Plomo. De esta forma lograron fortalecer todas las anteriores iniciativas. Realizaron movilizaciones de calle, un cierre de seis horas de la fábrica, denuncias a través de medios de comunicación y gestiones con distintas instancias nacionales e internacionales. “Para nosotros, sólo conseguir acceso a la información, a documentos sobre los alcances de la contaminación, como el informe del CDC-Atlanta, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y del Instituto de Seguro Social Salvadoreño, fue una lucha. Saben que la información es poder y tuvimos que presionar mucho para conseguir la información, que estaba en las manos del gobierno”, explica el representante del Movimiento Sin Plomo.

CIERRE SORPRESIVO

De forma sorpresiva, el lunes 24 de septiembre de 2007 llegaron autoridades del Ministerio de Salud, acompañadas por el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y agentes de la Policía Nacional Civil, a cerrar la fábrica. La justificación del cierre total fue la carencia de los permisos de funcionamiento desde 2005. El Viceministro de Salud argumentó que el cierre se estaba haciendo efectivo hasta dos años después “porque estaba en proceso”. Durante el período en que se desarrolló ese “proceso” el nivel de plomo en los niños se cuadruplicó en muchos casos.

El cierre fue sorpresivo y mostró un cambio, aparentemente radical, de la posición de los funcionarios de gobierno. El Ministerio de Medio Ambiente había dado un plazo bastante considerable para que la empresa cumpliera con 18 recomendaciones técnicas. Hasta ese momento, tanto el Ministro de Salud como la de Educación y el de Medio Ambiente habían expresado que si los pobladores se sentían vulnerables en sus hogares y escuelas, debían cambiar a sus hijos de centro escolar y trasladarse a otra parte para vivir.

Los tratos preferenciales del gobierno para la fábrica fueron cotidianos hasta ese momento. Según el representante del Movimiento Sin Plomo, el proceder histórico de las distintas instancias de gobierno es avisar a los encargados de la fábrica cuestionada antes de realizar visitas de inspección. Este caso no fue la excepción. De hecho, todas las pruebas que aparecen en el informe del Ministerio de Medio Ambiente fueron realizadas y entregadas al gobierno por la administración de la fábrica, lo que permite considerar que los resultados son sospechosos y los análisis de la contaminación, conservadores.

Cuando el Ministerio de Salud realizó 85 pruebas de sangre de la población infantil en el primer trimestre de 2007, se sacaron dos muestras de sangre por cada niño. Una quedó en el Ministerio de Salud y otra fue entregada a la empresa, sin pedir permiso ni informar a sus padres. Esto permitía a Baterías Record la posibilidad de manipular las pruebas y tergiversar los resultados.

¿CAMBIO DE ACTITUD?

Días después del cierre, con el caso en las portadas de todos los periódicos nacionales, el Fiscal General, Félix Safie, declaró que no podía actuar aún porque no tenía pruebas sobre el envenenamiento de la población. Esto, a pesar de que el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, lo instó a iniciar acciones penales contra la empresa. Por eso, los miembros del Movimiento Sin Plomo hablan de una relación de “compadre hablado” entre los propietarios de Baterías de El Salvador S.A. de C.V. y el gobierno.

Según Carlos Mejía, el cierre, aunque sorpresivo, se entiende dentro de la lógica gubernamental. La presión ejercida por las comunidades fue efectiva. La imagen de la empresa, y la de las instancias gubernamentales que colaboraban con ella, quedaron bastante desprestigiadas por la mala prensa que recibieron.

Además, el cierre hay que contextualizarlo dentro de otras acciones gubernamentales. El día posterior al cierre, el Presidente Saca daba su discurso sobre cambio climático y medio ambiente en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. No era posible expresar su gran preocupación por la ecología en la ONU sin tomar en su país alguna acción simbólica. Finalmente, al parecer de los abogados que llevan el proceso jurídico, el cierre no fue hecho adecuadamente. Lleva la firma del Viceministro de Salud y no la del Ministro, por lo cual temen que puede ser revertido.

LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN QUE HOY EXIGEN

Con esta historia, las comunidades todavía no pueden abandonar su pelea. Aunque celebran el cierre de la fábrica, reconocen que no es la solución al problema. El daño ya está hecho.

Actualmente, el Movimiento Sin Plomo prepara 25 querellas por contaminación de la salud y daños individuales a la integridad física. Se darán por satisfechos y recompensados cuando, finalmente, se alcance la justicia. Por justicia, los pobladores entienden el cierre permanente de la empresa, el encarcelamiento de sus propietarios por delitos ambientales y el encarcelamiento de los funcionarios del gobierno que cometieron omisiones dolosas y/o culposas en el caso.

La reparación a las familias afectadas incluiría la realización de pruebas de sangre a toda la población que vive en el radio de contaminación y a los ex-trabajadores de la fábrica, la desintoxicación de todas las personas que aparezcan con índices de contaminación y el traslado de las familias a un lugar de vivienda digna.Otros daños nunca serán compensados. Pedro, un niño de ocho años y 20 microgramos de plomo en la sangre, cursa primer grado por segunda vez y no logra aprender a leer ni a escribir. Pregunta Carlos Mejía: “¿Qué cantidad de dinero puede compensar los daños irreversibles en la inteligencia de las niñas y de los niños? Ninguna. ¿Qué pasa si mis nietos nacen ciegos o con tres ojos? Dicen los doctores que el plomo puede modificar los espermatozoides. No sabremos las verdaderas consecuencias de esta tragedia hasta que pasen muchas generaciones”.

¿RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL?

El caso de Baterías Record viene a cuestionar la proclamada y publicitada estrategia de RSE (Responsabilidad Social de la Empresa). Esa estrategia, ya inaugurada en el Norte, se puso de moda en América Latina en los años 80 y 90 con la implementación del modelo neoliberal.

El neoliberalismo pregonaba “menos Estado y más mercado” y la estrategia de RSE justificaba el traslado de la responsabilidad pública al mercado en las restricciones administrativas y en la corrupción de las empresas públicas, ya en vías de desaparecer.

Desde el principio, la RSE tuvo oponentes en el seno del neoliberalismo. El propio Milton Friedman, premio Nóbel de Economía, comentó que “la responsabilidad social de las empresas es incrementar sus ganancias”. Sin embargo, los proponentes de la estrategia argumentaron que es posible conciliar los intereses de la empresa con valores y demandas sociales, basadas en la voluntad política de los empresarios, sin que sean necesarios ningún control ni regulación del Estado. Contradiciendo a Friedman, argumentaron que cuidar a la comunidad y cuidar a sus trabajadores es una buena inversión empresarial.

De hecho, aunque sea para lavar su imagen, las empresas que se han organizado para hacer “business” con la RSE han sido remuneradas generosamente por las instituciones financieras internacionales. “Empresa”, una alianza americana de ONG empresariales es un ejemplo por excelencia. Según “El Mercurio” de Chile -un periódico de renombre conservador-, “Empresa” fue formada en 2001 en Miami y ha recibido un millón de dólares del BID y unos adicionales 400 mil dólares de otros donantes para desarrollar un proyecto piloto cuyo objetivo es difundir la estrategia de RSE. Participan en este proyecto cuatro de sus miembros: Acción Empresarial de Chile, Perú 2001, Instituto Ethos de Brasil y FUNDEMAS de El Salvador.

En la Feria de Conocimientos que FUNDEMAS (Fundación Salvadoreña para la Acción Social) impulsó en 2006, coordinada con otras instancias nacionales e internacionales, el empresario y ex -Vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla Schmidt, intervino para defender la estrategia de RSE frente a otros empresarios salvadoreños.

Resulta interesante saber que, según el Censo Nacional de Registro, Quintanilla Schmidt fungió como apoderado legal de Baterías de El Salvador, S.A. de C.V. mientras esta empresa envenenaba el suelo, el aire, el manto acuífero y a miles de niñas, niños y adultos. Si esto es un ejemplo de la “responsabilidad social de la empresa”, tendríamos que preguntarnos cuáles serían los parámetros de la irresponsabilidad empresarial...

El gerente de mercadeo de Baterías Record, convertido en vocero de la empresa desde que comenzó “la problemática”, expresa que el hecho de que Baterías de El Salvador S.A. de C. V. no cuente con los permisos de funcionamiento correspondientes no merece un cierre: “La contaminación no ha sido comprobada y la falta de permisos conlleva una sanción leve”. La empresa ya ha apelado el cierre al Ministerio de Salud. Sin expresar un apoyo contundente a la cuestionada empresa, Federico Colorado, Presidente del principal gremio empresarial salvadoreño, ANEP, comentó que con el cierre, “la señal que envía el gobierno al sector privado es de confusión”.

UNA ESPERANZA VACÍA

El caso de Baterías Record abona el argumento de que la famosa Responsabilidad Social de la Empresa es una esperanza vacía. Con lamentables precedentes, como la impunidad a favor de la empresa Monsanto y el famoso caso del hallazgo de una bodega de toxafeno en San Miguel, faltan aún agudos conflictos sociales en casos similares al de Baterías Record. Los de Nejapa Power, el proyecto de relleno sanitario en el Cantón Cutumay Camones y la instalación de proyectos transnacionales de industrias extractivas.

Seguramente existen empresarios con la buena voluntad de preocuparse por “sus” trabajadores, por la comunidad y por el planeta. Lo que no es justo es que las trabajadoras y los trabajadores, las comunidades y el planeta dependan de la buena voluntad de la empresa privada.

La responsabilidad de garantizar el bienestar de la población es del Estado. Es el Estado, con la legislación adecuada y una voluntad política básica, y no la empresa privada, quien tiene el deber, y quien debe tener el poder, de garantizar el bienestar de la población frente a las iniciativas económicas de un sector muy limitado de la burguesía nacional e internacional.

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TRABAJADORES DE LAS COMUNICACIONES EXIGEN RESOLUCIÓN A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRAS CASI 5 AÑOS.

2008-02-06T14:39:00.000-06:00

El próximo 23 de marzo, los trabajadores que en esa fecha de 2003, fundaron el sindicato SITCOM, cumplirán 5 años de espera por ejercer el derecho a formar una organización sindical que les representé.

Según el espíritu de la libertad sindical internacionalmente reconocido por la OIT, formar un sindicato es un acto ejercido por los trabajadores, que el Estado únicamente necesita ratificar. En el caso de El Salvador, este trámite es un verdadero obstáculo, que deja a los fundadores de sindicatos en un limbo de indefensión frente a sus empleadores, lo cual frecuentemente es aprovechado para despedirles y de paso chantajearles para que firmen hojas de renuncia “voluntaria” que luego pueden usar para desmantelar jurídicamente el nacimiento de las organizaciones sindicales. Por otra parte, el Ministerio de Trabajo salvadoreño, utiliza discrecionalmente su autoridad para registrar sindicatos que muchas veces ni siquiera tienen afiliados reales pero que son bajo control patronal o afines al gobierno conservador. Así “aparecen organizaciones que no tienen ni afiliados y de repente ya salen con sindicatos, federaciones, y centrales” comentó Jaime Rivera, dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores de los Servicios Públicos, FESTRASPES.

Dirigentes de SITCOM y SUTTEL en la Corte Suprema de Justicia.
San Salvador, 6 de febrero 2008

Debido a toda esta problemática, los trabajadores de SITCOM acompañados por su sindicato hermano de las telecomunicaciones SUTTEL, así como por representantes de FESTRASPES, CSTS y del Frente Sindical Salvadoreño (FSS) se hicieron presentes este 6 de febrero de 2008 a la Corte Suprema de Justicia a presentar un escrito a la presidencia de la Sala de lo Contenciosos Administrativo. En este solicitan se pronuncie definitivamente y en forma firme, directa, clara y apegada a derecho “para no dejar espacio a dudas o a maniobras de parte del demandado” que en este caso se trata del Ministerio de Trabajo.

Durante 5 años, SITCOM ha demostrado contundentemente en varias instancias; que el Ministerio de Trabajo no actúa apegado a derecho al negarles su personalidad jurídica. La corte ha fallado en dos ocasiones afirmando el derecho que tienen los trabajadores a la libertad sindical pero sin ordenar claramente que el Ministerio otorgue la personalidad jurídica. En el año 2000, el sindicato SUTTEL obtuvo personalidad jurídica luego de 18 meses de espera en un proceso similar, para que la Corte ordenara al Ministerio de Trabajo darles dicho registro. SUTTEL fue el quinto intento de los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones CTE-TELECOM por formar una organización sindical, luego que fueran descabezadas las organizaciones sindicales anteriores en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal de telecomunicaciones ANTEL llevado a cabo en 1997. Cuatro intentos previos realizados entre enero y mayo de 1998, fueron saldados con despidos masivos y negativas del Ministerio de Trabajo.

El caso tiene pues, antecedentes por más de 10 años. Y el pasado 4 de septiembre de 2007, SITCOM incluso denunció al Ministro de Trabajo y Previsión Social ante la Fiscalía General de la República por los delitos de Atentados Relativos al Derecho de Asociación y Reunión estipulados en el Art. 294 del Código Penal, así como por el delito de Desobediencia aestipulados en el Art. 322 del Código Penal. Semanas atrás el mismo Presidente de la República, Elías Antonio Saca, evadió ordenar al Ministro de Trabajo, respetar el derecho de asociación a los fundadores de SITCOM. La denuncia en la Fiscalía duerme el sueño de los justos.

SITCOM y SUTTEL presentan escrito a Presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ.San Salvador, 6 de febrero de 2008

Los miembros de SITCOM argumentan que dado que éste es un sindicato de industria; podría representar según la Clasificación Internacional de Ocupaciones de la OIT; a los trabajadores no solo de las telecomunicaciones, sino de la radio, de la televisión y de los medios de comunicación. Según los sindicalistas, esto es percibido como una amenaza por parte de funcionarios gubernamentales (incluyendo el Presidente de la República) y así como por miembros del partido en el poder; quienes tienen abundantes inversiones en los medios de comunicación radiales, televisivos y escritos.

Finalmente afirmaron, que han agotado todas las instancias nacionales para encontrar justicia en algo tan básico como obtener el registro de un sindicato y que están realizando preparativos para acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH para denunciar formalmente al Estado Salvadoreño por este caso emblemático.

A continuación, se presenta un resumen cronológico del caso:

CRONOLOGIA CASO SITCOM

§ El 23 de marzo de 2003 un grupo de 38 trabajadores de 4 empresas de diferentes ramas de la industria de comunicaciones, realizan asamblea general en que conforman el Sindicato de Industria de Trabajadores de las Comunicaciones (SITCOM).

§ El 2 de abril de 2003, presentan en regla los documentos que exige la ley en el art. 219 del CT al Ministerio de Trabajo con el objetivo de obtener personería jurídica.

El MT previene al sindicato el 8 de abril de 2003 que proporcione las direcciones de las empresas en las cuales laboran los trabajadores fundadores.
El 11 de abril el sindicato evacua esa prevención. o El MT previene al sindicato el 22 de abril, de hacer modificaciones de forma al lenguaje de los estatutos. El día 24 de abril se evacua la prevención.

§ El 22 de Mayo de 2003, el Ministerio de Trabajo resuelve sin lugar la solicitud de otorgamiento de personería jurídica argumentando que:

Los trabajadores de las radios no pueden ser parte de un sindicato de la industria de las comunicaciones Un trabajador fundador era empleado por una radio.
Que los empleadores señalaron en un caso que uno de los trabajadores no laboraban en sus empresas;
Que cuatro de los constituyentes son supuestos empleados de confianza.
Que en suma, solo fueron 33 los constituyentes de SITCOM que podrían participar del quorum legal para la fundación del sindicato y que eso es menor a los 35 que establece la ley.

§ El 30 de Mayo de 2003, el sindicato presenta un recurso de revocatoria al Ministerio de Trabajo contra la resolución del 22 de Mayo, exponiendo argumentos jurídicos y documentales que contradecían las valoraciones del Ministerio de Trabajo.

§ El 25 de agosto del año 2003, ante la falta de respuesta del Ministerio de Trabajo, el sindicato acude a la sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia para pedirle que declare ilegal el acto administrativo del Ministro de Trabajo mediante el cual y por vía de la resolución del 22 de Mayo, declaró sin lugar la solicitud de personería jurídica de SITCOM. Para esta petición el sindicato argumenta que:

El Ministerio cita la agrupación 720, grupo 7200 de la clasificación internacional de ocupaciones como argumento para decir que los trabajadores de las radios NO pueden ser parte de un sindicato de la industria de las comunicaciones. Pero, según este grupo y clasificación internacional; la radio DE HECHO SI ES parte de la Industria de las Comunicaciones. Solo uno de los 38 trabajadores fundadores de SITCOM compareció como trabajador de a una radio.
Que la empresa CTE S.A. de C.V. despidió a un trabajador fundador y le conminó a firmar una hoja de liquidación con fecha atrasada, el 1 de febrero de 2003.
Que las empresas deliberadamente señalaron como empleados de confianza a 4 trabajadores con el objetivo de afectar la libertad sindical y la formación del sindicato y que el Ministerio de Trabajo se ha prestado a esa maniobra al no hacer una revisión legal y doctrinal de los casos.
Que en resumen si existía el quórum legal al momento de formar el sindicato y que la acción del Ministerio fue ilegal.
Que los argumentos del Ministerio de Trabajo no se basaron en los preceptos de la legislación laboral, a resoluciones similares anteriores del mismo Ministerio, y a la información documental proporcionada.

§ El día 29 de Julio del 2006, SITCOM fue notificado del fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en la cual literalmente dice “declarase ilegal la resolución de las nueve horas del veintidós de mayo del año dos mil tres por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social mediante la cual declara sin lugar la solicitud de otorgamiento de personalidad jurídica al Sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones SITCOM. Como medida para el restablecimiento del derecho violado, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe valorar el requisito de pertenencia a la industria de las comunicaciones mediante los documentos mercantiles pertinentes”. Sin embargo la Corte fue ambigua en su resolución en cuanto al derecho a la personería jurídica sindical, ya que también señaló que “a pesar de que la demanda deba estimarse produciendo así la consecuente declaratoria de ilegalidad del acto impugnado, esta sentencia no puede declarar que la parte actora tiene derecho a que se reconozca la personalidad jurídica de sindicato solicitada”. Esta ambigüedad dejó abierta una puerta jurídica para las subsiguientes acciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

§ El día 14 de septiembre de 2006 SITCOM fue notificado de la resolución del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la cual, a pesar de lo resuelto por la Corte, resuelve: “CONFIRMASE la resolución pronunciada por esta cartera de Estado a las nueve horas del día veintidós de mayo del año dos mil tres, en la cual se declaró SIN LUGAR la solicitud de obtención de personería jurídica” de SITCOM. De esta manera y en abierta violación e irrespeto al ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho, el Ministerio confirma, una resolución que ya había sido declarada ilegal por la Corte Suprema de Justicia.

§ El día 16 de julio de 2007, la Corte Suprema de Justicia notifica a SITCOM que “El Ministro de Trabajo y Previsión Social, no ha cumplido con la medida ordenada por esta Sala para el restablecimiento del derecho violado” al tiempo que “Requiérese al Presidente de la República el cumplimiento de la medida para el restablecimiento del derecho violado” (…) “en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución”.

§ El día 4 de septiembre de 2007, y dado que transcurrió el plazo anterior sin que el Ministerio de Trabajo restableciese el derecho a la libertad sindical violado, SITCOM presentó una denuncia contra el Ministro de Trabajo y Previsión Social ante la Fiscalía General de la República por los delitos de Atentados Relativos al Derecho de Asociación y Reunión estipulados en el Art. 294 del Código Penal, así como por el delito de Desobediencia estipulados en el Art. 322 del Código Penal.

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